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Pedro Sánchez, este lunes con Lula da SilvaPSOE

Su credibilidad

Sánchez no ha llevado al BOE ninguna de las casi 50 medidas contra la corrupción que prometió

  • El programa electoral del PSOE dedica apenas medio folio de 114 al que ha sido un tema central de la legislatura

  • El Gobierno aprobó dos planes en los veranos de 2024 y 2025; papel mojado

La «transición ecológica» por la que el PSOE aboga una veintena de veces en su programa electoral incluye también el reciclaje de medidas. Sobre todo, de las que tienen que ver con la corrupción. No es solo que el principal partido del gobierno haya reducido la lucha contra la corrupción a medio folio de los 114 que contiene su contrato con los votantes, sino que además lo poco que promete ya lo prometió en el pasado. Y no cumplió.

La Ley Orgánica de Integridad Pública, una ley de grupos de interés o lobbies y el refuerzo de los controles de la contratación, las subvenciones y la financiación de los partidos políticos que ofrece ahora Pedro Sánchez son platos recalentados que esconden una incómoda verdad: su Consejo de Ministros ha aprobado en los dos últimos años dos planes por la transparencia y contra la corrupción, y ninguna de las 46 medidas contenidas en ambos ha pasado del papel al BOE.

Ninguna de las 31 que contenía el Plan de Acción por la Democracia de septiembre de 2024, que Sánchez impulsó meses después del estallido del caso PSOE y de la expulsión de José Luis Ábalos al grupo mixto del Congreso. Pero tampoco de las 15 del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que salió del Consejo de Ministros a finales de agosto de 2025, cuando Santos Cerdán estaba en prisión provisional y el exministro de Transportes imputado.

Lo que el programa electoral del PSOE le dedica a la corrupción en 114 páginas

De las leyes y reformas de leyes previstas en ambos planes, la legislatura ha acabado sin que una sola esté en vigor. En el mejor de los casos, salieron del Consejo de Ministros como proyectos de ley y llegaron al Congreso para su tramitación parlamentaria, pero ahí perecieron, como consecuencia de la falta de mayoría del PSOE.

Es el caso de la Ley Orgánica de Integridad Pública y de la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, ambas incluidas en el programa electoral del PSOE. Pero también de la Ley de Información Clasificada, que se suponía que debía sustituir a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo. Y de la Ley de Protección Civil de los Derechos al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Y de la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación.

La anunciada reforma de la Ley de Publicidad Institucional no ha pasado de la fase de anteproyecto del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Es decir, de un borrador que después tiene que ser sometido a los órganos consultivos y a los trámites públicos antes de volver al Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley.

También prometió en esta legislatura que acaba, y no ha cumplido, reformar el Código Penal para endurecer las penas y crear nuevos delitos contra la Administración. Supuestamente, Sánchez iba a hacer que las empresas condenadas por corrupción no pudieran trabajar para las administraciones públicas; pero sucede que eso ya existe: la Ley de Contratos del Sector Público prevé en su artículo 71 la prohibición de contratar con personas jurídicas condenadas por ciertos delitos.

En el programa con el que concurre a estos comicios, el presidente se compromete asimismo a aumentar los controles sobre las subvenciones y la financiación que reciben los partidos; cuando el suyo está siendo investigado por sus irregularidades contables en una pieza bajo secreto de sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

También esa propuesta es reciclada. El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción contemplaba una reforma de la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos que no llegó a ser ni siquiera anteproyecto, sino que se quedó en un borrador elaborado por el Ministerio de Félix Bolaños. Para no poner tantos huevos en distintas cestas, el Gobierno decidió incorporar parte de su contenido a la Ley Orgánica de Integridad Pública porque su tramitación iba más avanzada, y ha resultado que ni una ni otra han pasado del papel.

Su objetivo era obligar a los partidos a pasar por auditorías obligatorias si su financiación pública supera los 50.000 euros y a publicar y explicar las donaciones de más de 2.500 euros. También, limitar el uso de efectivo de las formaciones y restringir la financiación que pudieran recibir procedente de gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.

En fase de anteproyecto quedó también la Ley de Administración Abierta, que debía extender el régimen de incompatibilidades y de obligaciones que ya rige para los altos cargos del Gobierno a buena parte del personal eventual que trabaja para este. Es decir, a los asesores. Y la reforma de la Ley del Régimen Electoral General, para que las empresas demoscópicas tengan la obligación de publicar los microdatos y que los debates electorales sean obligatorios.

El proyecto de Ley de Integridad Pública contemplaba, asimismo, la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública como «órgano central de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la corrupción». Otro bluf. Incluso ha llegado a haber activa, desde el verano de 2025, una Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, inicialmente presidida por María Jesús Montero y, después, por su sucesor en el Ministerio de Hacienda, Arcadi España. Pero ha servido de muy poco, a juzgar por los resultados.