Fundado en 1910
Cándido Conde-Pumpido con el premiado, Manuel Aragón

Cándido Conde-Pumpido con el premiado, Manuel AragónJavier Rodriguez Valeiro

Aragón llama ante Bolaños y Pumpido a no dejarse arrastrar por quienes ponen el Derecho al servicio de la política

El magistrado emérito ha recibido el premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, que le ha entregado precisamente el presidente del TC

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional y académico de Jurisprudencia y Legislación Manuel Aragón ha hecho este jueves una defensa contundente del Estado de Derecho, de la independencia de los órganos jurisdiccionales y de la interpretación respetuosa de las leyes, y ha pedido que se vuelva «al auténtico consenso en la designación» de los magistrados del TC, en lugar del sistema actual, un «mero reparto por cuotas políticas».

Además, ha advertido de que la democracia constitucional no puede funcionar correctamente sin el Estado de derecho y ha llamado a «no dejarse arrastrar por el canto perverso de las sirenas», en alusión a los populismos que «propugnan que la política está por encima del Derecho o que el Derecho debe estar al servicio de la política». Y ha recordado a los políticos que sus críticas a las resoluciones judiciales deben de estar sujetas a «una especial contención» derivada de «una lealtad institucional que nunca deben transgredir».

Aragón ha hecho estas advertencias tras recibir el premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, un galardón dotado con 30.000 euros y una estatuilla conmemorativa que le ha entregado precisamente el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. En el acto también han estado, entre otros, la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que apenas ha aplaudido al premiado.

Tras recordar una frase de Séneca -«si no tienes un amigo que te advierta de tus defectos, paga a un enemigo para que lo haga»-, Aragón ha expuesto sus críticas y advertencias con unas formas impecables. «No creo que éste sea el momento y lugar adecuados para criticar lo que 'el Tribunal hace', pero sí para criticar lo que 'con el Tribunal se hace'», ha afirmado.

Los miembros del TC

El magistrado emérito ha criticado expresamente la designación de los magistrados del TC «mediante un sistema de mero reparto por cuotas políticas» y ha pedido que se vuelva «al auténtico consenso en la designación (que incluye vetos mutuos), que fue la fórmula seguida para la primera composición del Tribunal y que después, de manera lamentable, se abandonó».

En cuanto a la interpretación de las leyes, Aragón ha advertido que esta tarea «no puede conducir a hacerle decir a la norma lo que su intérprete quiera, sino lo que la norma, realmente, dispone». Los órganos jurisdiccionales, ha dicho, «incluido el Tribunal Constitucional, nunca deben olvidar, en el ejercicio de su tarea interpretativa, que son los guardianes de las normas que aplican, pero no sus dueños».

Independencia de todos los órganos

El académico ha defendido la «preceptiva independencia, solvencia e imparcialidad de todos los órganos que desempeñan el control jurisdiccional y de cada uno de los jueces y magistrados que los componen», condiciones que ha extendido al Ministerio Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial.

En otro momento de su intervención, ha hablado del protagonismo que han alcanzado «las actuaciones judiciales, especialmente las penales, en la exigencia de responsabilidad jurídica a las autoridades públicas». Y ha explicado que «no se explica sólo porque hayan aumentado los casos de actuaciones políticas irregulares, sino que es, sobre todo, la consecuencia de que el control político no esté cumpliendo con eficacia su ineludible función y haya que recurrir al poder judicial como última vía de control del poder».

Sometidos por igual a la ley

También ha dejado claro que «en nuestro Estado de Derecho no caben inmunidades ni impunidades, puesto que todos los españoles, sea cual sea su condición (sin más excepción que el Monarca, cuya persona es inviolable), estamos, por igual, sometidos a la ley».

Y frente a quienes hablan de «politización de la justicia», ha precisado que «la justicia sólo estaría politizada si el acceso a los órganos que la desempeñan se basara en criterios ideológicos y no en el mérito y la capacidad, y si las resoluciones que dictan se sustentasen en razones políticas y no en las estrictas razones del Derecho».

En el acto, que se ha celebrado en el Casino de Madrid, también ha intervenido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y el presidente de Pelayo, Francisco Lara Martín, que ha convocado la próxima edición del premio, mientras que Paloma Biglino Campos, catedrática emérita de Derecho Constitucional, ha hecho la semblanza del premiado.

A la entrega del galardón también han asistido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, y el presidente del jurado del premio, Eduardo Torres-Dulce.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas