Fundado en 1910

Las diez preguntas de El Debate a los expertos en ciberseguridad sobre los móviles que el Gobierno quiere meter en las mesas electorales

El riesgo no está solo en la lectura del QR, sino en las capacidades del teléfono y de la plataforma que lo administra. Las características exigidas por Interior en el contrato con Telefónica plantean interrogantes sobre el almacenamiento, la transmisión de datos personales y el acceso a distancia a los dispositivos

Una mesa electoral comienza a contabilizar los votos en Sevilla (archivo)

Una mesa electoral comienza a contabilizar los votos en SevillaJoaquín Corchero | Europa Press

El Debate ha consultado a varios expertos en seguridad tecnológica para analizar las dudas que suscitan las características técnicas exigidas por el gobierno en el contrato de emergencia adjudicado a Telefónica Defensa para dotar de teléfonos móviles inteligentes a las mesas electorales el próximo 29 de noviembre. Sus advertencias plantean preguntas inquietantes: ¿para qué necesitan estos dispositivos 128 GB de almacenamiento, conexión a internet, geolocalización y control remoto si su función es verificar códigos QR que pueden leerse sin conexión? Y, sobre todo, ¿quién garantiza que los datos de identidad de los votantes no puedan almacenarse o transmitirse por el control remoto que exige el propio contrato? Estas son las diez preguntas técnicas a las que Sánchez y su gobierno deberían responder.

Primera pregunta: ¿para qué necesitan 128 GB?

El apartado 5.1 del pliego exige literalmente «Almacenamiento interno mínimo: 128 GB». No es una capacidad elegida casualmente por el fabricante, sino una condición impuesta por Interior. Un experto consultado por El Debate se pregunta: «¿Por qué quieren 128 GB de almacenamiento en cada terminal?».

Un teléfono con esa memoria podría conservar grandes cantidades de información. Sin embargo, la capacidad no demuestra que vaya a hacerlo: Android, las actualizaciones y las herramientas de administración también requieren espacio. La pregunta es qué necesidad técnica concreta justificó exigir 128 GB para una aplicación de verificación de identidad y qué mecanismos impiden que se utilicen para conservar datos de los electores.

Segunda pregunta: ¿pueden guardar los QR que leen?

Para verificar un código, la aplicación debe procesar su contenido. El pliego contempla la extracción y visualización de los datos verificados (PDF 04, página 284, apartado 7.4). Eso no significa que se almacenen permanentemente. Pero tampoco basta con prohibir su conservación para demostrar que el sistema no puede hacerlo.

¿Se eliminan los datos inmediatamente después de la comprobación? ¿Permanecen temporalmente en memoria? ¿Pueden aparecer en registros de actividad, capturas de pantalla o archivos de diagnóstico? ¿Se ha realizado una prueba independiente que demuestre que ningún dato de identidad queda almacenado después de cada lectura? La diferencia entre una obligación contractual y una garantía técnica comprobada es precisamente lo que debe esclarecerse.

Tercera pregunta: si el QR funciona sin internet, ¿para qué necesitan conexión?

El contrato establece expresamente: «La verificación de los códigos QR se realizará íntegramente en el propio terminal móvil, sin requerir ningún tipo de conexión a redes externas, ya sean datos móviles, Wi-Fi u otras». Sin embargo, el apartado 6.1 exige líneas de voz y datos móviles.

El apartado 6.1 exige líneas de voz y datos móviles.

El apartado 6.1 exige líneas de voz y datos móviles.

No existe una incompatibilidad técnica: la conexión puede servir para mantenimiento, asistencia o actualizaciones, aunque la autenticación se realice localmente. Pero aparece otra pregunta: ¿qué impide que un teléfono conserve información durante la jornada y la transmita cuando disponga de conexión? Y aún más: ¿se ha analizado el tráfico de red? ¿Están restringidos los servidores a los que puede conectarse? ¿Se bloquean las comunicaciones innecesarias mientras las mesas permanecen abiertas? El funcionamiento sin conexión del verificador no responde a esas cuestiones.

Cuarta pregunta: ¿quién puede ver a distancia la pantalla de cada móvil?

El pliego exige: «Visualización y control remoto de la pantalla del dispositivo en tiempo real para tareas de soporte, incluso cuando el dispositivo se encuentre en modo kiosco».

El pliego exige: «Visualización y control remoto de la pantalla del dispositivo en tiempo real para tareas de soporte, incluso cuando el dispositivo se encuentre en modo kiosco»

El pliego exige: «Visualización y control remoto de la pantalla del dispositivo en tiempo real para tareas de soporte, incluso cuando el dispositivo se encuentre en modo kiosco»

Esta función permite prestar asistencia técnica, pero también plantea un problema de privacidad si está disponible mientras aparecen datos personales.

¿Puede un operador remoto observar una identificación en curso? ¿Se bloquea la visualización cuando el terminal muestra el DNI del elector? ¿Queda registrada la identidad de quien accede y el motivo de cada intervención? Y una cuestión adicional: ¿quién controla esa plataforma, Interior, Telefónica, la Policía o personal de otra empresa? Son preguntas, por ahora, sin respuesta.

Quinta pregunta: ¿pueden modificar el verificador durante la votación?

El mismo apartado del pliego contempla la instalación, actualización y desinstalación remota de aplicaciones. La página 287 añade funciones de ejecución de comandos sobre los dispositivos.

El mismo apartado del pliego contempla la instalación, actualización y desinstalación remota de aplicaciones

El mismo apartado del pliego contempla la instalación, actualización y desinstalación remota de aplicaciones

Son herramientas habituales en sistemas de administración empresarial. Pero en unas elecciones interesa saber si el software queda bloqueado antes de abrir las mesas. Las preguntas que plantean son: ¿Quién puede autorizar una actualización? ¿Puede cambiarse la versión del verificador durante la jornada? ¿Se comprueba la firma digital de cada aplicación instalada? ¿Existe un registro independiente de todas las modificaciones? ¿Cómo se garantiza que el programa que funciona a las ocho de la tarde es el mismo que fue comprobado antes de comenzar la votación?

Sexta pregunta: ¿para qué necesitan geolocalizar los teléfonos?

El contrato incluye literalmente la «Geolocalización de los terminales» (PDF 04, página 287).

La página 287 añade funciones de ejecución de comandos sobre los dispositivos.

La página 287 añade funciones de ejecución de comandos sobre los dispositivos.

Localizar los equipos puede servir para controlar su distribución, recuperar aparatos extraviados o atender incidencias. Pero ¿estará activada durante el 29-N? ¿Quién podrá consultar la ubicación de cada dispositivo? ¿Durante cuánto tiempo se conservarán esos registros?

Y hay otra cuestión: ¿la plataforma central conoce cuántas verificaciones realiza cada teléfono y puede relacionarlas con su ubicación? La geolocalización por sí sola no permite saber cuántos electores se identifican. Para ello sería necesario que el sistema registrase y comunicase también eventos de lectura. La pregunta es si esa funcionalidad existe, si está activada y qué controles la limitan.

Séptima pregunta: ¿qué seguridad ha certificado realmente la Policía?

El informe de la Dirección General de la Policía, fechado el 26 de octubre, contiene una valoración favorable del verificador QR. Pero establece expresamente: «La valoración favorable queda circunscrita a esa función de verificación». Por tanto, el informe no constituye una certificación integral de los 61.603 teléfonos ni de su plataforma de administración remota.

¿Quién ha auditado el sistema operativo, las comunicaciones, los permisos de las aplicaciones y las capacidades de almacenamiento? ¿Se han realizado pruebas de penetración? ¿Existe una evaluación de seguridad de la configuración realmente instalada? ¿Se han comprobado los controles del Esquema Nacional de Seguridad exigidos en el contrato?

Uno de los expertos consultados por El Debate resume su objeción: «Eso vale para comprar un móvil, no para auditar o certificar su seguridad. Es como meterte en un coche y te dicen que lo quieren verde y con calefacción sin mirar si tiene frenos».

Octava pregunta: ¿qué teléfonos concretos han sido examinados?

Interior ha especificado las características mínimas de los aparatos, pero el contrato examinado no identifica su marca ni modelo comercial. Tampoco lo hace la comunicación del 28 de octubre en la que Carmen López García anuncia la entrega de un terminal de muestra a la Junta Electoral Central.

¿Cuál es el fabricante? ¿Qué versión de Android llevan los equipos? ¿Qué componentes de seguridad incorporan? ¿Qué modelo se sometió a las pruebas? ¿Cómo se demuestra que los 61.603 teléfonos suministrados tienen la misma configuración de seguridad que el aparato examinado?

Los expertos coinciden en que no sería necesario auditar exhaustivamente cada unidad por separado, pero sí identificar la configuración certificada y comprobar que el suministro corresponde a ella.

Novena pregunta: ¿qué ocurre con los teléfonos después del 29-N?

El contrato es de alquiler y prevé la devolución de los dispositivos. El informe policial establece que, al terminar la votación, los equipos deben recogerse con sus accesorios, permanecer encendidos y entregarse a Correos. ¿Quién conserva entonces el control administrativo de los teléfonos? ¿Se bloquean sus comunicaciones? ¿Se borran los datos temporales y los registros que puedan contener información personal? ¿Existe un procedimiento de borrado verificable antes de reutilizarlos? La devolución física de un dispositivo no demuestra por sí sola que se haya eliminado toda la información procesada.

La última pregunta, ante el Supremo

El 17 de noviembre, el Tribunal Supremo requirió a la Dirección General de Política Interior que certificase si se habían realizado los controles de seguridad posteriores a la contratación previstos en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022 y aportase la documentación técnica justificativa en caso afirmativo.

Esa exigencia judicial permite formular la pregunta que engloba todas las anteriores: ¿Ha acreditado el gobierno la seguridad del sistema completo que llegará a las mesas electorales, o únicamente el funcionamiento del programa que comprueba los códigos QR?

Los teléfonos contratados pueden tener funciones legítimas de almacenamiento, conectividad, soporte y localización. Su presencia no demuestra filtraciones de datos ni manipulaciones electorales. Pero tampoco basta con demostrar que un QR es auténtico para certificar que toda la infraestructura que lo procesa es segura.

Los expertos advierten: la documentación incorporada al expediente del Tribunal Supremo permite conocer las capacidades contratadas. Lo que no permite establecer por sí sola es cómo se han limitado técnicamente para impedir usos no autorizados. El verificador puede funcionar correctamente y, aun así, quedar sin acreditar la seguridad del teléfono que lo ejecuta y de quienes pueden administrarlo a distancia. A once días de las elecciones, esa es la cuestión técnica que debe quedar despejada.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas