Sede de la empresa Playbol, propiedad de los padres del presidente del Gobierno
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Los padres de Sánchez declaran a Hacienda ingresos de 645.000 € por alquilar su fábrica de plásticos a la que el Gobierno dio 15 ayudas
Los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamados Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios, han declarado ante la Agencia Tributaria que han ganado 645.283 euros alquilando Playbol, su negocio, una fábrica de plásticos. Se trata de una empresa a la que el Gobierno inyectó casi un millón de euros en ayudas públicas durante la pandemia del coronavirus. El Debate publica los datos de lo que han ingresado en el mismo momento en que ha sido el propio jefe del Ejecutivo quien ha hecho alusión a sus padres como ejemplo en una entrevista en una revista.
Los datos a los que ha tenido acceso este periódico revelan que los padres de Sánchez han ingresado una media de casi 100.000 euros anuales. Es decir, en torno a 8.300 euros al mes. Pedro Sánchez Fernández constituyó Playbol SA en 1977, una fábrica de plásticos ubicada en Algete, en Madrid. Tras la llegada de su hijo al Palacio de La Moncloa, dejaron el negocio en manos de una persona de su confianza, que constituyó una empresa con un nombre casi idéntico, Industrias Plásticas Playbol SL. El acuerdo al que llegaron fue que la nueva empresa explotaba el negocio en la misma nave, propiedad de los padres del presidente, a cambio de una renta.
Este alquiler coincidió con la lluvia de ayudas en forma de créditos y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, y de la Compañía Española de Reafianzamiento, del Ministerio de Industria, que sumaron 960.959 euros entre los años 2020 y 2021. Todas ellas tuvieron un mismo objeto: financiar a empresas y autónomos para paliar los efectos del coronavirus. Es decir, el dinero público fue a la empresa que paga el alquiler, y el alquiler lo cobran los padres del presidente.
Las cifras que los padres del presidente han entregado a la Agencia Tributaria reflejan año a año lo que han ganado. En 2018, el primer ejercicio con Sánchez en La Moncloa, ingresaron 48.000 euros, justo la mitad de lo que supone un año completo. En 2019 fueron 92.315 euros; en 2020, el año de la pandemia, bajaron a 90.360 euros; en 2021 subieron a 97.593 euros; en 2022 a 101.327 euros; en 2023 a 106.405 euros y en 2024 alcanzaron los 109.281 euros. La suma es de 645.283 euros en siete ejercicios.
Mientras la sociedad de los padres cobraba el alquiler, el dinero salía de la empresa. Tal y como publicó este periódico, Playbol SA retiró 2,5 millones de euros desde 2018. El efectivo y otros activos líquidos pasaron de 1.836.623 euros en 2018 a 451.286 euros en 2019 y a 96.308 euros en 2020, es decir, 1.740.315 euros menos. A la vez, las reservas voluntarias bajaron de 843.728 euros a 45.702 euros, otros 798.026 euros. Al mismo tiempo, el negocio no ha dejado de facturar. Industrias Plásticas Playbol, la empresa que paga el alquiler, facturó 3,4 millones de euros en 2020, 3,9 millones en 2021, 4,3 millones en 2022, 3,7 millones en 2023 y 3,5 millones en 2024. Son casi 19 millones de euros en cinco años y más de 23 millones desde que Sánchez se convirtió en presidente.
Condena por un accidente laboral
Los padres de Sánchez son, además, los dueños de una empresa con una condena, ya que la mercantil fue investigada por el accidente laboral de una trabajadora de que estuvo a punto de perder una mano. Ocurrió el 11 de noviembre de 2015 en la nave de Algete, cuando una empleada que supervisaba el corte de bolsas y embalajes introdujo la mano en una cortadora térmica atascada y la máquina le atrapó el brazo.
Inspección de Trabajo descubrió que la máquina, adquirida en 1991, carecía de los certificados y los sistemas de seguridad obligatorios, y que el dueño no había formado a sus empleados en materia de riesgos laborales.
En diciembre de 2017, Inspección de Trabajo le impuso dos multas, de 5.000 y 2.046 euros, por «poner en riesgo grave la integridad física de los trabajadores» y por incumplir sus obligaciones de formación. La Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid las confirmó en abril de 2018. El padre de Sánchez se negó a pagarlas, demandó a la trabajadora y llevó el conflicto a los tribunales. El Juzgado de lo Social número 35 de Madrid desestimó su demanda en junio de 2019. El 11 de diciembre de 2019, la Sección Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó las sanciones y le condenó a pagar 500 euros en costas. La Seguridad Social fijó a la trabajadora una prestación por incapacidad permanente total cualificada.
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