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Isabel Durán
Contra el relatoIsabel Durán

¿Para qué quiere Sánchez un móvil en cada mesa electoral con conexión a internet, geolocalización, memoria gigantesca y control remoto?

El Gobierno ha contratado mucho más que un lector de QR: ha contratado una red de 61.603 móviles administrables remotamente y la Policía solo avala el QR, no los teléfonos contratados para las mesas electorales. Por cierto ¿por qué no dicen marca y modelo? ¿Son chinos? Solo sabemos que son Android, pero no duden que pronto lo averiguaremos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix BolañosGTRES

El golpe a contrarreloj de Sánchez con los móviles inteligentes en las mesas electorales del 29 de noviembre no tiene precedentes. El gobierno publicó en el BOE las disposiciones para su despliegue en pleno luto oficial por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, cuando todavía quedaban cadáveres sin identificar.

¿Para qué quiere Sánchez 61.603 teléfonos móviles inteligentes en las mesas electorales del 29 de noviembre? Presten atención, porque lo que hemos descubierto en El Debate es de una enorme trascendencia.

El gobierno ha contratado de emergencia, por siete millones de euros, 61.603 teléfonos móviles para identificar a los votantes con MiDNI.

Pero lo extraordinario no es solo el contrato. Es lo que el propio gobierno exige que puedan hacer esos teléfonos: ¡128 gigas de almacenamiento! ¡Conexión a internet! ¡Geolocalización! ¡Y control remoto!

¿Y para qué? Supuestamente, para comprobar un código QR. ¡Un código QR que, según el propio contrato, se verifica sin necesidad de conectarse a internet!

Entonces, ¿para qué necesitan que los teléfonos estén conectados? ¿Para qué necesitan tanta memoria? ¿Y, sobre todo, por qué exige el Gobierno que alguien pueda ver y controlar a distancia la pantalla de un teléfono situado en una mesa electoral?

Vean lo que dice el pliego de condiciones literalmente: «Visualización y control remoto de la pantalla del dispositivo en tiempo real». Y hay más. Exige que se puedan instalar y modificar aplicaciones a distancia. Ejecutar comandos. Geolocalizar los teléfonos.

Es decir, el gobierno ha contratado mucho más que un lector de QR: ha contratado una red de 61.603 móviles administrables remotamente. Y ahora vienen las preguntas: ¿Quién tiene las claves para controlar esos teléfonos?

¿Puede alguien ver desde otro lugar la pantalla mientras se identifica un elector?

¿Pueden almacenarse los datos de los DNI y transmitirse después?

¿Se registra cada identificación? ¿Puede conocerse desde una plataforma central la actividad de cada teléfono y el colegio electoral donde se encuentra?

Créanme que no afirmo que estén haciendo ninguna de esas cosas. Lo que exigimos saber es quién garantiza que no puedan hacerse sin autorización.

He consultado a expertos en seguridad tecnológica. Uno de ellos me ha planteado una pregunta fundamental: «¿Cómo demuestran que un QR leído no es filtrado? Para leer el QR no necesitan red».

Y atención a lo que hemos encontrado en el expediente remitido al Supremo: la Policía emitió un informe favorable. Pero fíjense en su letra pequeña: «La valoración favorable queda circunscrita a esa función de verificación».

¿Lo entienden?

La Policía avala que el programa comprueba el QR. No certifica con ese informe la seguridad integral de los 61.603 teléfonos, su almacenamiento, sus conexiones ni su control remoto.

¡Y ni siquiera aparece la marca ni el modelo comercial de los móviles en el contrato remitido al Supremo! ¿Son chinos, americanos o de dónde? ¿Por qué no figuran los datos concretos en el expediente? Por eso es tan importante que el Tribunal Supremo haya exigido a Interior que acredite los controles de seguridad realizados después de contratar los dispositivos.

Pregunto: ¿Quién ha comprobado qué pueden hacer realmente esos teléfonos? ¿Quién puede manejarlos a distancia? ¿Qué datos registran? ¿Y quién controla a quien los controla? Porque una cosa es verificar la identidad de un elector. Y otra muy distinta es introducir en cada mesa electoral un teléfono con capacidad de almacenamiento, conexión, geolocalización y control remoto sin acreditar públicamente las garantías de seguridad de todo el sistema.

El historial de Sánchez pone los pelos de punta. Primero consiguió engañar a la Junta Electoral Central para que admitiera el carné de conducir digital para identificar a los votantes sin exigir la comprobación electrónica de su autenticidad. Y así se celebraron nueve jornadas electorales: las municipales y autonómicas de mayo de 2023, las generales del 23-J, las gallegas, vascas, catalanas y europeas de 2024, y las extremeñas, aragonesas y de Castilla y León de 2025 y 2026. Nueve citas con las urnas en las que se podía acreditar la identidad mostrando la pantalla de un móvil sin verificar electrónicamente el documento.

En plena conmoción con 69 las víctimas de Urda aún sin identificar, el gobierno publica el contrato porque tiene mucha urgencia en volver a colocar su DNI digital que, por cierto, no forma parte de la cartera de identidad europea ni puede utilizarse como tal en el resto de la Unión Europea porque carece de los requisitos exigidos de interoperabilidad y seguridad.

Queda otra pregunta que hoy no tenemos espacio para abordar: ¿por qué el Gobierno no ha pedido recuperar también el carné de conducir para votar?

Lo que hoy revelamos es brutal. Sánchez no está colocando simples lectores de QR en las mesas electorales. Está contratando teléfonos inteligentes con capacidad de control remoto y geolocalización.

Los hay que no tienen vergüenza.

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