El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cara a cara electoral
Cara a cara | Sánchez se jacta de no acatar el 5% del gasto en defensa, pero fue desmentido por la OTAN
El presidente del Gobierno pregunta a Feijóo si asumirá ese gasto y el líder del PP contesta que tendrá que cumplir lo que él acordó
El candidato del PSOE Pedro Sánchez se ha jactado durante el debate electoral que ha mantenido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haberse negado a comprometerse a destinar el 5% de su producto interior bruto (PIB) a defensa. Este asunto abrió en junio de 2025 uno de los mayores desencuentros entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la OTAN. El Ejecutivo español cuestionó la necesidad de asumir ese incremento, pidió quedar al margen del nuevo compromiso y defendió que podía cumplir las necesidades militares de la Alianza con un esfuerzo económico considerablemente inferior. El problema llegó cuando el secretario general de la organización, Mark Rutte, advirtió públicamente de que en la OTAN «no hay cláusulas de exclusión» ni acuerdos particulares para ningún país.
La controversia se produjo ante la cumbre de La Haya, celebrada los días 24 y 25 de junio de 2025, en la que los aliados acordaron elevar sus inversiones en defensa y seguridad hasta el 5% del PIB para 2035. La propuesta respondía, principalmente, a las exigencias de Estados Unidos, con Donald Trump al frente, para que los socios europeos incrementasen su contribución a la defensa colectiva.
El nuevo objetivo se dividió en dos partidas. Por un lado, un mínimo del 3,5% del PIB para gasto militar propiamente dicho y para atender los objetivos de capacidades militares establecidos por la OTAN. Por otro, hasta un 1,5% adicional para inversiones relacionadas con la seguridad, como la protección de infraestructuras críticas, la ciberdefensa, la preparación civil, la resiliencia y el fortalecimiento de la industria de defensa.
El 19 de junio, Pedro Sánchez remitió una carta a Mark Rutte en la que explicó por qué España no podía comprometerse con el nuevo porcentaje. El presidente del Gobierno planteó tres argumentos fundamentales.
El primero era que España no necesitaba gastar el 5% para cumplir los objetivos de capacidades militares acordados dentro de la Alianza. Según los cálculos del Ejecutivo, las necesidades asignadas a las Fuerzas Armadas españolas podían cubrirse con una inversión equivalente al 2,1% del PIB. Sánchez defendía que los compromisos de la OTAN debían responder a necesidades militares concretas y no a porcentajes uniformes de gasto para todos los países.
El segundo argumento apuntaba a las consecuencias económicas y estratégicas de elevar el presupuesto militar hasta ese nivel. El Gobierno consideraba que un incremento de semejante magnitud podía resultar contraproducente y perjudicar los esfuerzos de la Unión Europea para desarrollar una industria de defensa propia, coordinada y competitiva. En su opinión, la prioridad debía ser invertir de manera eficiente y evitar duplicidades entre los países europeos.
El tercer motivo era de política económica y social. Sánchez sostenía que alcanzar el 5% obligaría a España a asumir sacrificios presupuestarios incompatibles con el mantenimiento del Estado del bienestar. En su carta advertía de que semejante esfuerzo podría exigir subidas de impuestos a las clases medias, recortes en servicios públicos y prestaciones sociales o reducciones de otras partidas, como la cooperación internacional y la transición ecológica.
Por ello, el presidente reclamó a Rutte una fórmula más flexible que permitiera a cada aliado determinar su propio camino para alcanzar los objetivos militares o, alternativamente, que España quedase expresamente excluida de la aplicación del nuevo porcentaje. «Como país soberano, elegimos no hacerlo», defendió Sánchez posteriormente.
La petición española generó dificultades en las negociaciones previas a la cumbre, porque la declaración final debía contar con el respaldo de los 32 países aliados. Rutte respondió el 23 de junio, durante una rueda de prensa en La Haya, con un mensaje que parecía contradecir la interpretación que estaba trasladando el Gobierno español.
Preguntado expresamente por el supuesto trato especial a España, el secretario general fue tajante: «La OTAN no tiene cláusulas de exclusión y la OTAN no conoce acuerdos particulares». Rutte insistió en que todos los aliados habían aceptado la declaración y los objetivos de capacidades militares. También explicó que España consideraba que podía cumplirlos destinando un 2,1% del PIB, mientras que la OTAN estaba convencida de que necesitaría alcanzar el 3,5% para conseguirlo.
Feijoo fiscalidad
La diferencia era importante: la Alianza no estaba reconociendo formalmente una excepción española al compromiso del 5%, sino que defendía que cada país tenía soberanía para determinar su trayectoria presupuestaria, aunque debía responder de sus compromisos militares. Rutte añadió que los aliados presentarían informes anuales sobre sus inversiones y que en 2029 se revisaría la evolución del gasto y las necesidades estratégicas.
El acuerdo que permitió a España mantener su posición
La negociación terminó el 22 de junio con un entendimiento entre Sánchez y Rutte. El secretario general remitió una carta al presidente español en la que reconocía que España tendría flexibilidad para determinar su propio camino hacia el cumplimiento de los objetivos de capacidades y los recursos anuales necesarios para alcanzarlos, expresados como porcentaje del PIB.
Sánchez interpretó ese compromiso como una garantía de que España no tendría que llegar al 5%. El Gobierno anunció que cumpliría íntegramente los objetivos militares acordados, pero que su previsión de gasto seguiría situada en el 2,1%.
MADRID, 19/11/2026.- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), posan ante del cara a cara electoral que se va a celebrar este jueves en Madrid. EFE/Juanjo Martín
El 25 de junio, los aliados aprobaron la Declaración de La Haya. El texto estableció el compromiso colectivo del 5% para 2035, con un mínimo del 3,5% destinado a defensa y hasta un 1,5% para inversiones relacionadas con la seguridad. No incorporó una cláusula que excluyera expresamente a España.
De esta manera, se produjo una diferencia entre la interpretación política de Madrid y la posición institucional de la OTAN. Sánchez sostuvo que había conseguido preservar la soberanía española para decidir cuánto gastar, mientras que Rutte insistió en que no existía ninguna excepción formal y que todos los miembros debían cumplir los compromisos de la Alianza. La cuestión quedó vinculada a la revisión prevista para 2029, cuando la OTAN deberá evaluar tanto la evolución de las inversiones como las necesidades militares de los aliados.