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Urnas electorales y documentos oficiales españoles

El Supremo pone bajo examen los 61.603 móviles que Interior no acreditó ante la JEC

Interior solo había remitido a la JEC un informe policial sobre la autenticidad del QR, no una certificación integral de los teléfonos. Iustitia Europa recurrió tras la investigación de El Debate y la Sala habilita el sábado y el domingo para examinar la nueva documentación reservada

A nueve días de las elecciones, el Supremo ha sometido por primera vez a contradicción los controles de seguridad de los 61.603 móviles que el Gobierno no acreditó ante la Junta Electoral Central. El Tribunal Supremo ha dado este viernes dos días a todas las partes personadas para que analicen los nuevos documentos de seguridad aportados ahora por el Gobierno sobre los 61.603 móviles que se distribuirán entre las mesas electorales para verificar MiDNI el 29-N. La clave está en lo que Interior entregó inicialmente a la Junta Electoral Central y en lo que ha añadido después ante el Supremo.

Para convencer a la JEC de que levantara la suspensión de MiDNI, el Gobierno aportó un informe de la Dirección General de la Policía que explicaba la seguridad del código QR. El documento señalaba que el QR es generado y firmado por la Policía Nacional, tiene una validez temporal y permite comprobar la autenticidad de los datos mediante un teléfono, tableta u ordenador con cámara y navegador. Carmen López García, directora general de Política Interior, trasladó después a la Junta que los dispositivos permitirían leer ese código «de forma segura y con todas las garantías».

Lo que el Gobierno «olvidó» explicar al árbitro electoral es que aquel informe policial no certificaba la seguridad integral de los 61.603 teléfonos. Acreditaba el funcionamiento del QR, pero no contenía una auditoría de los dispositivos, su sistema operativo, las aplicaciones instaladas, las comunicaciones, el almacenamiento de datos o la plataforma que permite administrarlos a distancia.

De la investigación de El Debate al Supremo

El Debate descubrió esa diferencia fundamental: la seguridad del QR no equivale a la seguridad del móvil que lo lee. Iustitia Europa recurrió la autorización de la JEC y pidió al Tribunal Supremo la suspensión cautelarísima de MiDNI.

La Sala no paralizó inmediatamente la aplicación sin escuchar a las demás partes, pero mantuvo abierto el procedimiento cautelar. Antes de resolver, el 17 de noviembre ordenó a Carmen López que certificara «bajo su responsabilidad» si los dispositivos habían sido sometidos a los controles exigidos por el artículo 22 del Esquema Nacional de Seguridad. El Supremo añadió que, si la respuesta era afirmativa, Interior debía aportar «la documentación técnica justificativa de la verificación y control de seguridad».

La exigencia judicial iba dirigida específicamente a los teléfonos. Ya no bastaba con explicar que el QR era auténtico: el Gobierno debía probar que también habían sido controlados los aparatos contratados para leerlo.

Los documentos que no recibió la JEC

La Abogacía del Estado presentó la respuesta el 19 de noviembre. La providencia dictada ahora por el Supremo confirma que el escrito incorpora «diferentes certificados» expedidos por Carmen López a requerimiento de la Sala. Esos documentos no figuraban en el expediente remitido por la JEC porque fueron aportados para contestar a la reclamación judicial posterior.

El Alto Tribunal ha acordado trasladarlos a todas las partes personadas para que formulen alegaciones en un plazo común que terminará el lunes 23 de noviembre a las 15.00 horas. La urgencia es máxima: quedan habilitados expresamente el sábado 21 y el domingo 22 para estudiar la documentación.

En el procedimiento figuran Iustitia Europa, como recurrente y promotora de la suspensión cautelar de la aplicación del DNI digital; la Junta Electoral Central, como Administración recurrida por el acuerdo que volvió a autorizar su utilización; y la Administración General del Estado, personada como codemandada y representada por la Abogacía del Estado, que ha aportado los nuevos certificados de Política Interior. El Partido Popular solicitó el 19 de noviembre comparecer como «interesado», pero el Supremo todavía no lo ha admitido en esos términos: le ha requerido que aclare si pretende personarse como codemandado, la única posición procesal que la Sala considera posible. La providencia ordena que la documentación se traslade a las partes ya personadas y que todas guarden reserva sobre su contenido.

Aunque la providencia asegura que contienen «datos sensibles sobre controles de seguridad y sistemas de verificación de los dispositivos», no revela si Interior ha aportado auditorías independientes, certificaciones formales del Esquema Nacional de Seguridad o certificados internos de la propia Administración. Tampoco declara que los teléfonos sean seguros.

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