José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía
Caso ERE
Griñán pide aplazar tres meses su ingreso en prisión mientras el Gobierno tramita su indulto
El expresidente de la Junta de Andalucía quiere que la Audiencia de Sevilla rectifique la decisión que tomó hace apenas dos días
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por delitos de prevaricación y malversación en el caso ERE, trata de eludir la cárcel a toda costa, a pesar de que la Audiencia Provincial de Sevilla requiera su ingreso voluntario en el centro penitenciario de su elección en el plazo de diez días una vez que su última resolución sea firme. En un recurso de súplica presentado este jueves, su abogado pide a la Audiencia que aplace su orden de ingreso tres meses.
Dicho de otro modo: Griñán quiere que el órgano judicial que dictó la sentencia de los ERE y que denegó hace apenas dos días la suspensión de su entrada en la cárcel mientras el Gobierno tramita su indulto se rectifique a sí mismo. La defensa del exdirigente autonómico solicita a la Sala que «reconsidere» su decisión y «acuerde corregir el plazo de diez días y señalar un plazo prudencial de suspensión del ingreso en prisión» durante tres meses.
La Audiencia de Sevilla justifica su decisión por la «alarma social» que produciría el no cumplimiento de delitos graves de corrupción política. José María Calero, abogado de José Antonio Griñán, responde que «al ciudadano medio, ajeno a sesgos militantes, lo que le causaría verdadera alarma y le resultaría escandaloso, es que en un procedimiento que se ha dilatado más de una década, por no esperar apenas unos meses, se hubiera forzado el ingreso en prisión de un septuagenario de 76 años, que resultara a la postre indebido».
«Los tribunales deberían atender a la alarma social de los ciudadanos de bien y prudentes. La otra, populista, es una alarma social, provocada y siempre interesada, que nace de alimentar los peores sentimientos de resentimiento y fobias partidistas. Esa alarma social no debiera merecer la atención de esa Sala», añade en el recurso de súplica, que cabía interponer ante la Audiencia de Sevilla en el plazo de dos días, tal como ha hecho, contra la decisión de no suspender las penas privativas de libertad.
El letrado razona que el auto dictado el martes por la Audiencia de Sevilla, en el que se denegaba dicha suspensión, puede causar «graves daños irreparables y que pudieran ser innecesarios» al que fuera también consejero andaluz de Economía y Hacienda y presidente del PSOE federal. En este sentido, apunta que «es innegable que si fuera concedido el indulto parcial o estimada la cuestión de nulidad por la que se interesa la reducción de la pena a dos años, el ingreso en prisión que se ordena resultaría fallido, indebido o improcedente, es decir, innecesario».
Por todo ello, la defensa no sólo insta a la Audiencia de Sevilla a que amplíe el plazo acordado de diez días a uno más «prudencial», concretamente de tres meses; sino también a que dirija, en su condición de «tribunal competente para la ejecución, sendos oficios al Gobierno y a la Sección 1º de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, rogándoles que remuevan los obstáculos que impidan la más ágil tramitación de los expedientes que sobre dichas Altas Instancias penden, por afectar al curso ordinario y regular del proceso de ejecución de una sentencia firme».
Condenados a prisión
La Audiencia Provincial de Sevilla dictó el martes un auto en el que deniega la suspensión de las penas privativas de libertad mientras se tramita el indulto de ocho de los nueve condenados a cárcel por caso ERE: además del expresidente José Antonio Griñán, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), José Antonio Viera (Empleo y Desarrollo Tecnológico) y Antonio Fernández (Empleo), así como los exviceconsejeros Agustín Barberá (Empleo) y Jesús María Rodríguez Román (Innovación) y el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.
Por el contrario, la Audiencia acordó suspender «por un tiempo prudencial de un año» la ejecución de la pena privativa de libertad de tres años impuesta al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, sustituto del fallecido Francisco Javier Guerrero y que también espera la medida de gracia del Ejecutivo. Según la Sala, «su situación es distinta a la de los otros condenados», dado que su pena es «inferior en tres y cuatro años a la del resto».
Comentarios
