El banquillo del caso ERE, durante el juicio en la Audiencia de Sevilla
Corrupción socialista
Los ERE avanzan a paso de acuerdo: los acusados reconocen los delitos y evitan el juicio en seis causas
La defensa vuelve a pactar con la Fiscalía y las acusaciones una acusación tras admitir los hechos el inculpado
La magnitud de la corrupción en la Junta de Andalucía hizo necesario, a criterio de la juez Mercedes Alaya, dividir la macrocausa en 187 procedimientos distintos en 2015. Un hecho que, años después, retrasa y dificulta el punto final a una etapa sombría de la autonomía andaluza. No obstante, los acuerdos de conformidad están acelerando el proceso.
La Fiscalía Anticorrupción, la acusación particular de la Junta de Andalucía –como parte directamente afectada por la corrupción socialista– y la acusación popular que ejerce el PP andaluz, junto con el sindicato Manos Limpias, han acordado con las defensas las penas de sus acusados hasta en procedimientos distintos de los ERE.
El primer acuerdo de conformidad llegó de la mano del sexto juicio de la macrocausa. El administrador de la panificadora Picos Yeyé pactó con la Fiscalía y las acusaciones una pena de un año y seis meses de cárcel y el pago de 120.000 euros, la misma cantidad que recibió por las ayudas a la empresa, en concepto de responsabilidad civil, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Nuevo pacto entre las partes
El último ejemplo se ha producido en las últimas horas. La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de prisión y a cuatro años de inhabilitación absoluta a un empresario de Huelva, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, derivados de 75.000 euros obtenidos por este hombre fruto del mecanismo mediante el cual la Junta de Andalucía financiaba expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o incluso innecesarios y ayudas arbitrarias y sin publicidad.
El encausado, Antonio C. L., responsable de la empresa Plantas y Flores Castejón, ha reconocido los hechos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción, según la cual la Junta de Andalucía concedió a este empresario una subvención de 100.000 euros en el marco de los fondos de los ERE, cobrando el mismo exclusivamente el primer tramo de la ayuda, de 75.000 euros.
Gracias a un acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa del acusado, la Fiscalía, la representación de la Junta de Andalucía como acusación particular y el PP andaluz como acusación popular, el inculpado ha admitido los hechos y ha aceptado una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta, con la obligación además de indemnizar con 75.000 euros a la Administración andaluza.
La defensa del inculpado ha solicitado la suspensión de la pena de prisión, alegando que el mismo carece de antecedentes penales. Sin embargo, el tribunal ha respondido que tal petición será resuelta en la fase de ejecución de la sentencia, de cara a la cual la representación de Antonio C. L. ha presentado un plan de pagos para satisfacer los mencionados 75.000 euros.
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