El chivo expiatorio de los ERE: un ex alto cargo del PSOE puede pagar los platos rotos con 300 años de prisión

La Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes un nuevo juicio contra Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía con el PSOE, por su implicación en la trama de los ERE. Esta vez, el motivo es una ayuda concedida a una empresa malagueña en 2010. Se trata de una de las más de 60 piezas separadas en las que está imputado Rivera, que se ha convertido en el chivo expiatorio de la macrocausa.

El juicio de esta semana se centra en las subvenciones otorgadas a la empresa Fabricantes de Encimeras para Europa. El empresario implicado, C. M. C., ha quedado fuera del caso tras probarse que no conocía las ilegalidades. Sin embargo, Rivera sigue en el punto de mira por haber firmado una orden de pago, un acto administrativo que, según su defensa, se realizó tras asumir el cargo y sin haber autorizado la concesión del dinero.

Durante las cuestiones previas, su abogada ha denunciado lo que califica como un «disparate procesal», en la medida en que Rivera fue excluido de la llamada pieza política —en la que en su día fueron condenados los expresidentes Chaves y Griñán, entre otros ex altos cargos socialistas— pero continúa siendo juzgado en decenas de piezas menores por los mismos hechos.

Esta situación, según la defensa de Rivera, supone un «palmario trato desigual y discriminatorio» de su cliente respecto a otros acusados de la causa principal, que están siendo «sistemáticamente excluidos» de las piezas separadas sobre las diferentes subvenciones alimentadas mediante el mecanismo fraudulento de los ERE, y la vulneración del principio non bis in idem, que impide juzgar a una persona varias veces por la misma conducta.

Sin embargo, la Fiscalía y el resto de las acusaciones, que son la Junta de Andalucía y el PP andaluz, han rechazado de plano los argumentos de la defensa. Sostienen que no hay coincidencia de hechos con la causa principal, por lo que no existe infracción del principio de doble persecución. Además, consideran plenamente legítimo juzgar por separado las subvenciones individualizadas aunque provengan del mismo mecanismo fraudulento.

Se da la circunstancia de que Juan Márquez, predecesor de Daniel Alberto Rivera en la Dirección General de Trabajo y firmante de ayudas por importe de más de 80 millones de euros, fue condenado a seis años de prisión en la pieza política por la Audiencia de Sevilla y luego fue absuelto por el Tribunal Supremo, mientras que Rivera —ya beneficiado por el archivo de alguna pieza— se enfrenta a una condena potencial de hasta 300 años de prisión.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha anunciado que durante la siguiente sesión del juicio, prevista para este martes, anticipará su pronunciamiento sobre las cuestiones previas de la defensa, accediendo a la petición de que Daniel Alberto Rivera declare tras la celebración de las pruebas testificales y periciales, o sea, al final del juicio.

Este lunes, precisamente, el presidente Juanma Moreno ha anunciado que la Junta de Andalucía volverá a personarse como parte perjudicada en el caso ERE —después de que el Gobierno socialista de Susana Díaz renunciara a ello— ante la posibilidad de que la Audiencia de Sevilla lo eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una cuestión prejudicial contra las sentencias del Tribunal Constitucional que anulan parcialmente las condenas a la cúpula política de la trama.