El Gobierno andaluz volverá a ser parte perjudicada en el caso ERE ante la posible revisión de Europa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes una nueva personación de su Gobierno en el caso ERE, ante la posibilidad de que la Audiencia de Sevilla lo eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una cuestión prejudicial contra las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anulan parcialmente las condenas a la cúpula política de la trama.

«Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el [Tribunal] Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana», ha indicado Moreno en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid con motivo de su asistencia al Comité Ejecutivo del PP.

El presidente andaluz ha expuesto que el objetivo de esa personación es «cumplir con la obligación que tiene la administración de la Junta de Andalucía de evitar cualquier menoscabo de fondos públicos».

«Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía y, por tanto, nuestra labor es aclarar, denunciar y, sobre todo, tener toda la información y que esos 700 millones de euros vuelvan a las arcas públicas», ha recalcado.

Además, Juanma Moreno ha recordado que el último Gobierno andaluz del PSOE, cuando lo presidía Susana Díaz, decidió dejar la personación, una decisión que, en su opinión, no fue «correcta», de manera que su Ejecutivo va a volver a personarse.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, tribunal sentenciador del caso ERE, tiene fijada para este martes la tercera e inicialmente última de las tres jornadas dispuestas para deliberar si plantea finalmente o no una cuestión prejudicial sobre el asunto ante la Justicia europea.

Previamente, el tribunal había habilitado un plazo para que las partes del procedimiento judicial informasen sobre si en este caso, el Constitucional «se ha extralimitado» con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación» en sus sentencias anulatorias de las condenas, si la doctrina introducida por tal tribunal para las nuevas sentencias «incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción» y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas.