Andalucía aprueba recurrir al TC el reparto de menas del Gobierno por «invasión de competencias»

El Gobierno de Juanma Moreno, siguiendo los pasos de otros Ejecutivos autonómicos, incluido el socialista de Castilla-La Mancha, ha autorizado este miércoles al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, alegando una «invasión de competencias».

El Gobierno andaluz cuestiona que se haya invocado una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» para aprobar el decreto, ya que, pese a reconocer que «la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos», como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000.

La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado «extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos».

Por otro lado, el Gobierno andaluz pone en tela de juicio la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación de menas, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, «provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución española».

Con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía «defiende su autonomía competencial y demanda un trato equitativo para todas las comunidades que conforman el Estado español», según el Gobierno de Moreno, que también pone el foco en la necesidad de «preservar la dignidad de los menores y garantizar sus derechos, por lo que muestra su profundo rechazo a que se les trate como mercancía al servicio del interés político».

Por último, la Junta de Andalucía insiste en que «la política migratoria, en especial la relacionada con menores migrantes no acompañados, debe ser consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente para evitar el colapso de los recursos de protección para el amparo de los menores, que, en el caso concreto de Andalucía, ya opera al límite de su capacidad».

Otro «pago» al independentismo

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha destacado que un Gobierno del PSOE como el de Castilla-La Mancha también haya aprobado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto de menas, lo que evidencia, a su juicio, que no es una cuestión de colores políticos, sino de «clara inconstitucionalidad».

«No podemos permitir que este Gobierno cargue contra unas comunidades sí y contra otras no, y que, una vez más, como siempre, libere a Cataluña y al independentismo de ese reparto de menores. Está utilizando un drama humano, como es el de la migración de menores, para hacerles un favor a sus socios independentistas, un pago más», ha denunciado España.

No obstante, la consejera ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz «acatará» lo que decida el Constitucional, porque «en esta tierra se respeta a los tribunales y no se ataca a los jueces». También ha subrayado que, «si tenemos que atender un mayor flujo de menores migrantes, el Gobierno de España tiene que poner encima de la mesa los recursos económicos, los fondos y las infraestructuras necesarias para atender» a esas personas.