La Audiencia de Sevilla abre una pieza para apoyar su consulta a Europa sobre el borrado de los ERE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, tribunal sentenciador del caso ERE, dio un paso muy importante antes de acordar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anulan parcialmente las condenas a la cúpula política de la trama.

En una providencia dictada el pasado 11 de julio, los cinco magistrados de la Sala acordaron abrir una pieza separada que permitirá «sustanciar la decisión que se adopte sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial» ante el TJUE. Este nuevo paso reflejaba la voluntad del tribunal sevillano de elevar a la Justicia europea su disconformidad con las decisiones del Constitucional, que rebajó sustancialmente las penas a varios condenados por el caso ERE.

La Audiencia había adelantado ya en marzo esta idea, pero hasta ahora los trámites se estaban gestionando dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. La creación de esta nueva pieza implica que el tribunal considera necesaria una vía específica para dirimir el posible conflicto jurídico entre lo sentenciado por la jurisdicción penal ordinaria y lo corregido por la Corte de Garantías, presidida por Cándido Conde-Pumpido.

La Sección Primera expresó en una providencia con fecha del 18 de marzo que el Constitucional había invadido «ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar […] la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia y el Tribunal Supremo».

Además, los magistrados creen que las sentencias del TC podrían contravenir el Derecho comunitario, especialmente en lo que respecta a las directivas sobre la lucha contra la corrupción, al estimar parcialmente los recursos de amparo de los condenados. En concreto, se refiere a la absolución del delito de malversación del expresidente andaluz José Antonio Griñán y a la reducción de la pena por prevaricación impuesta a su antecesor, Manuel Chaves.

En su escrito, la Sala advierte que estas decisiones pueden «mermar la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos», en referencia al reparto irregular de casi 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009, bajo el amparo de los Gobiernos socialistas de Chaves y Griñán.

Las maniobras de Pumpido

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha maniobrado para bloquear una consulta ante la Justicia europea sobre el borrado de los ERE. De hecho, encargó un informe a los letrados de la Corte de Garantías para estudiar si la Audiencia de Sevilla podía formular la cuestión prejudicial al TJUE.

Sin embargo, después de no lograr siquiera reunir el apoyo necesario para presentar una declaración institucional en defensa de la doctrina del TC y en contra de la iniciativa de la Audiencia de Sevilla, el propio Conde-Pumpido acabó por verbalizar en un desayuno informativo que la Corte de Garantías no impediría ninguna pregunta al TJUE.

Aun así, la conuslta no cuenta con un apoyo unánime. La Fiscalía, siguiendo las directrices del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha opuesto frontalmente a elevar esta cuestión prejudicial a Europa, al igual que las defensas de los ex altos cargos socialistas. En cambio, la acusación popular del PP andaluz sí respalda la iniciativa, ya que también cree que el Constitucional se ha extralimitado en su papel de garante de los derechos fundamentales.