El presidente de la Diputación y del PP de Almería, Javier Aureliano García, en una imagen de archivo
El presidente de la Diputación de Almería y otros cuatro detenidos por el caso Mascarillas, en libertad provisional
La Fiscalía había solicitado medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica ante los juzgados
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y los otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.
Los cinco detenidos han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE. Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el juez de adscripción territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción.
Todos habían sido detenidos en la segunda fase del caso y pasado en la mañana de este jueves a disposición del juez después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliara este miércoles a una decena el número total de personas implicadas, entre detenidos e investigados.
Entre los nuevos investigados figuraban una hermana y un hermano del presidente provincial, detenido el martes, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.
Fuentes de la investigación no descartaban que el número de investigados continuara aumentando en los próximos días, aunque no se prevé un incremento de personas detenidas.
Epicentro en la Diputación y Fines
Durante la mañana del miércoles, la UCO llevó a cabo un registro en las dependencias del Ayuntamiento de Fines, después de que el martes los agentes ya hubieran entrado en el despacho del alcalde, posteriormente detenido. Este registro formó parte del operativo que incluyó diez entradas simultáneas en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a las actividades investigadas.
En uno de esos registros se halló documentación que relacionaría a Óscar Liria con una de las empresas implicadas, motivo por el que el juez instructor ordenó investigarlo nuevamente. Los registros se prolongaron durante más de diez horas y estuvieron dirigidos, entre otros mandos, por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO.
El auto que autorizó las detenciones y registros sostiene que existirían «sospechas fundadas» de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución judicial, los investigados podrían haber «colaborado o facilitado» la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.
Parte de esas adjudicaciones se habrían tramitado en la Diputación de Almería, aunque el auto señala que algunas podrían haberse producido en el Ayuntamiento de Fines, lo que explicaría el carácter central que está adquiriendo el municipio en esta segunda fase de la investigación.
