Unos de los trenes involucrados en el accidente en Adamuz
La Junta confía en que la apertura de las cajas negras de los trenes de Adamuz permita avanzar en la investigación
Antonio Sanz señala que el análisis de los registradores puede esclarecer el accidente ferroviario que dejó 46 muertos y más de 120 heridos
La Junta de Andalucía confía en que la apertura y análisis de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz permita avanzar de forma decisiva en la investigación del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado en Sevilla que espera que con este paso «se logre avanzar muchísimo» en el esclarecimiento de lo ocurrido. No obstante, ha recordado que se trata de una competencia estatal, ya que la investigación ferroviaria corresponde al Ministerio competente y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Pese a ello, el consejero ha señalado que desde el Gobierno andaluz desean que «se alcance toda la verdad, que se sepa todo y que se llegue hasta el final de la investigación», tanto por justicia hacia las víctimas como para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. Sanz ha subrayado además el «fortísimo impacto» que el accidente ha provocado en las familias afectadas y en la sociedad andaluza, un suceso que, según ha reconocido, «todavía nos tiene absolutamente sobrecogidos».
Análisis de los registradores
La investigación judicial ha dado un paso clave después de que el Tribunal de Instancia de Montoro, encargado del caso, autorizara el pasado 26 de febrero el acceso, extracción y análisis de los datos de las cajas negras de ambos trenes implicados en el accidente.
La resolución judicial también permite acceder y extraer la información almacenada en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren de la compañía Iryo.
La jueza instructora ha autorizado el uso de programas informáticos que permitan verificar la integridad de los archivos, así como comprobar su fecha de creación, posibles manipulaciones o cualquier otro dato relevante para la investigación.
Garantía de la cadena de custodia
El proceso de volcado y análisis de la información se realizará en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta de todo el procedimiento y obtendrán evidencias digitales certificadas del contenido extraído. Una copia de esos datos quedará en poder de la Policía para continuar con las diligencias y otra será entregada inmediatamente al órgano judicial.
La diligencia contará también con la presencia de un letrado de la Administración de Justicia, encargado de extender el acta correspondiente.
Finalmente, la instructora ha decidido no trasladar los dispositivos a Montoro, con el objetivo de evitar los riesgos que podría implicar el desplazamiento de los equipos de grabación. Por este motivo, el análisis se realizará en el lugar donde se encuentran actualmente los registradores, en dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en Madrid.
Para garantizar el procedimiento, el tribunal cordobés ha remitido un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid, que deberá designar a un letrado de la Administración de Justicia que supervise la diligencia junto a la Policía Judicial, preservando así la cadena de custodia de las pruebas.
