Prisión permanente revisable para dos de los cuatro acusados por el doble crimen más terrible de Granada

la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a dos de los cuatro acusados por el brutal crimen que tuvo lugar en 2022, en la pedanía de Los Yesos en Granada, al máximo castigo en el régimen jurídico español: prisión permanente revisable. Es la primera vez que se impone esta pena máxima en la provincia de Granada desde que quedara recogida en el Código Penal en 2015.

El magistrado, Juan Carlos Cuenca, ha castigado así a los dos principales autores materiales de hechos, dos jóvenes de 29 años de nacionalidad marroquí y en situación irregular en el momento de los hechos, el 20 de abril de 2022. Ambos reconocieron el asesinato del dueño de una finca de este enclave del término municipal de Sorvilán y de su compañera sentimental, tras ser torturados, pero no haber agredido sexualmente a esta última.

La condena por este último hecho ha conllevado la imposición de la pena máxima por el asesinato, en los términos que recoge la ley. La sentencia, de fecha 12 de diciembre y contra la que cabe recurso, especifica que «no solo concurren dos circunstancias de específica agravación» de las contempladas en el Código Penal «sino que su muerte fue precedida de un delito de agresión sexual». Por dicha razón, «es inexorable la imposición de la pena de prisión permanente revisable para los acusados».

Penas idénticas para los otros acusados

En cuanto a los otros dos procesados, de nacionalidad española y de 32 y 22 años, el magistrado ha impuesto penas por un total de 59 años y tres meses de prisión para el primero, y de 52 años y nueve meses para el más joven. Se señala en sus casos como periodo máximo de cumplimiento de las penas impuestas el de 40 años.

Los miembros del jurado de este caso emitieron el pasado 19 de noviembre su veredicto de los cuatro procesados por la comisión de delitos de asesinatos, detenciones ilegales y robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, y tenencia ilícita de armas, todos ellos con la agravante de disfraz. También de un ilícito contra la seguridad vial por el que a uno de los condenados a prisión permanente revisable se le condena a pago de 2.160 euros de multa. El grueso de los hechos fueron cometidos, según se desprendió de su lectura en la Real Chancillería de Granada, «de común acuerdo».

Al respecto, la sentencia recoge que «debe partirse de que los acusados» ahora condenados con prisión permanente revisable admitieron en el juicio «todos los hechos objeto del escrito de acusación», a excepción de la agresión sexual y «el propósito lúbrico en los reconocidos tocamientos» por ambos.

Ambas víctimas fueron degolladas

Esa misma tarde del 20 de abril de 2022, desde el domicilio de los dos nacionales marroquíes en Castell de Ferro, «salieron sobre las 18,30 horas a bordo del vehículo de un amigo de estos últimos». Todos los acusados vestían ropas oscuras para pasar desapercibidos e iban provistos de pasamontañas, guantes, cinta adhesiva, dos machetes, un revólver y una pistola artesanal.

Tras acceder al inmueble, ataron al dueño «con la cinta adhesiva de pies y manos, le sentaron en una silla y le taparon con una prenda de vestir la cabeza» para empezar a torturarlo exigiéndole «que les entregase dinero». Unos 20 minutos después llegaba la compañera, con quien habrían actuado de manera similar, si bien a ella no la llegaron a golpear, hasta que la trasladaron a una cama donde dos de ellos la habrían agredido sexualmente en presencia de los otros dos, quienes «asistieron complacientes».

Los acusados, enojados y frustrados por no lograr conseguir el dinero, decidieron cumplir con sus amenazas y acabar con su vida. Tras levantar a la víctima de la silla en la que estaba sentado, «le habrían conducido hasta el cuarto de baño, donde, habría sido degollado tras volverle a torturar, llegando incluso a verter sobre su rostro una botella de lejía». Tras envolver el cadáver «en un edredón» y trasladarlo «a la parte trasera» de la furgoneta en que había llegado el hombre, procedieron de forma similar con su compañera sentimental.

La Fiscalía, en este caso, pedía más de 60 años de prisión para los acusados nacionales, en similares términos que para los marroquíes, a los que sumaba la de prisión permanente revisable. En su informe final, el fiscal pedía al jurado que diera una «respuesta contundente» a unos hechos «tremendos» y «muy crueles» y «fríos», que fueron «injustificados». En la misma línea lo pedían las acusaciones particulares que representan a las familias de las víctimas, que interesaban ambas una petición total de 68 años y medio de prisión para cada uno de estos cuatro procesados.