Pasajeros en la estación ferroviaria de Santa Justa.
El BEI alertó en 2020 de que la línea Madrid-Sevilla había llegado a su «fin de vida útil» y le dio 90 millones
El PP pregunta si el Gobierno ya había advertido a las instituciones europeas de la obsolescencia de la línea ferroviaria
Las ayudas europeas al ferrocarril español que no se saben a dónde han ido a parar suman euros. Así, este miércoles se ha sabido que en el año 2020 el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ya advirtió en un informe de que la línea del AVE entre Madrid y Sevilla, en la que el pasado 18 de enero se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba) con un resultado de 46 muertos, había llegado «al final de su vida útil» y, con este documento, en marzo de 2022 concedió a Adif una ayuda de 90 millones de euros para mantener los altos estándares de «disponibilidad, fiabilidad y seguridad» exigidos para este tipo de infraestructuras críticas, es decir, para renovar las vías.
Así se ha conocido este miércoles a raíz de la pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, a la Comisión Europea. Al conocer esta información, Zoido pregunta cómo evalúa la Comisión Europea, desde un punto de vista técnico, el «impacto sobre la seguridad y la fiabilidad ferroviaria de operar una infraestructura cuyos sistemas e instalaciones estaban al final de su vida útil», y si, antes de concederse el préstamo del BEI, el Gobierno de España informó a la Comisión Europea de que la línea podía no cumplir plenamente los altos estándares de seguridad exigidos, precisamente por el envejecimiento de sus instalaciones.
Y es que, tal y como se conoció el lunes, la Comisión Europea concedió en el año 2024 otros 111 millones de euros para la renovación de esta misma línea ferroviaria, por lo que las ayudas europeas superan ya los 200 millones de euros sin que se sepa exactamente la utilización de estos fondos habida cuenta de que, a raíz de la investigación iniciada tras el accidente de Adamuz, se haya visto que no fueron renovados todos los raíles de la línea del AVE.
«Estamos viendo que los documentos que manejaban las instituciones comunitarias recogen un reconocimiento expreso del deterioro de la infraestructura, por lo que era necesario extremar las exigencias de control, seguimiento y ejecución de las obras financiadas con fondos europeos, especialmente cuando estaban en juego la seguridad de los pasajeros y la integridad del sistema ferroviario», explica el eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido.