(Foto de ARCHIVO) Sala de la Audiencia Provincial donde se celebraba un juicio con jurado popular
La novedosa figura destinada a humanizar y hacer más cercana la justicia en Andalucía
Forma parte del llamado Plan de Humanización de la Justicia y está destinada a ayudar a una persona con dificultades de entender o hacerse entender en cualquier procedimiento
Es habitual oir que la documentación judicial y el lenguaje de los operadores jurídicos suele entrañar dificultades para cualquier persona sin conocimientos específicos de Derecho. Algo que además, genera una gran indefensión entre quienes tienen problemas de comprensión añadidos por alguna discapacidad intelectual, deterioro cognitivo o demencia.
Desde abril, los órganos judiciales andaluces pueden solicitar la intervención de un facilitador judicial para que acompañe a estas personas en declaraciones y juicios que les afecten, ya sea como víctimas o denunciados. Se trata de una novedosa figura que actualmente solo ofrecen otras dos comunidades y que forma parte del Plan de Humanización de la Justicia en Andalucía para hacerla más cercana, accesible y con especial atención a los más vulnerables.
La humanización de la Justicia es uno de los ejes de actuación del Plan Estratégico de Justicia diseñado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que incluye medidas para hacerla más accesible mediante la eliminación de barreras en las sedes judiciales –tanto para las personas con movilidad reducida como para quienes tienen una discapacidad auditiva o visual– pero también barreras de comprensión. Para ello, Andalucía ha incorporado en todas las provincias la posibilidad de que los órganos judiciales soliciten la figura de un facilitador cuando detecten que una persona necesita ayuda para entender o hacerse entender al tener que declarar en un procedimiento.
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En Madrid y La Rioja
Se trata de una figura novedosa que solo existe en Madrid y La Rioja. Andalucía está tramitando un decreto para regular esta figura y mantener el servicio.
Desde entonces, los tribunales andaluces han presentado 52 solicitudes, destacando el uso de esta figura en las provincias de Málaga y Huelva (14 peticiones en cada provincia) y Cádiz (nueve solicitudes), seguidas de Almería y Granada (cicno solicitudes en cada una), Córdoba y Sevilla (dos por provincia) y Jaén (una). No solo han solicitado este servicio órganos de las capitales sino también de partidos judiciales como Fuengirola, Torremolinos, Algeciras o Dos Hermanas y de diferentes Jurisdicciones (Primera Instancia, Penal, Civil, Social, Menores o Violencia sobre la Mujer).
El juez remite la solicitud a la Delegación Territorial de Justicia, que contacta con la entidad especializada que presta el servicio en cada provincia (Plena Inclusión en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga; la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad en Almería y el Colegio Oficial de Trabajo Social en Sevilla). Los profesionales de estas entidades mantienen una entrevista con la persona y realizan un informe para determinar qué problemas de comprensión tiene y qué tipo de apoyo requiere. Si una misma persona está inmersa en varios procedimientos judiciales distintos, solo se le hará la entrevista y el informe la primera vez
Si el informe determina que necesita un facilitador, cuando tenga que declarar en un procedimiento judicial, lo hará siempre acompañado de esta figura. Hasta el momento, 26 personas ya han prestado testimonio en un juicio o en la fase de instrucción con este apoyo (13 en Huelva, ocho en Málaga, cuatro en Cádiz y una en Almería).
De mayores con demencia a trastornos
Entre las personas atendidas hasta ahora hay mayores con demencia, personas con trastornos de espectro autista, síndrome de Asperger, retraso madurativo, enfermedad mental o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entre otros. La intervención difiere en cada caso y el facilitador se encarga de identificar e implementar las adaptaciones y ajustes individualizados para que comprenda su situación y repercusiones, derechos y deberes, las preguntas que le hagan y también que se pueda hacer entender al responder.
Para ejercer como facilitador judicial se exige la titulación de Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional y contar con formación específica en accesibilidad y ajustes de procedimiento.
La figura del facilitador garantiza el derecho constitucional a la tutela judicial en condiciones de igualdad a personas con discapacidad intelectual, deterioro cognitivo o problemas de comprensión. Una medida que se une al servicio de traducción a lectura fácil de autos y sentencias que los juzgados pueden solicitar desde 2023. En el caso de que las personas con estas circunstancias tengan la condición de víctimas, interviene también el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA). Y en Huelva la Consejería tiene en marcha un proyecto piloto en el que perros facilitadores acompañan a menores, mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad en los juzgados para reducir su estrés y ansiedad.
