José Antonio Nieto: «España no está madura para que sea la Fiscalía la que instruya los procedimientos»

Son días de bastante trabajo en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Al igual que en el resto de comunidades autónomas, el próximo 1 de julio entra en vigor la Ley de Eficiencia de la Justicia, y lo hace, tal y como lamenta el consejero del ramo, José Antonio Nieto Ballesteros, con unos plazos muy ajustados. Además, lo hace sin financiación por parte del Ejecutivo central, por lo que calcula que implantarla en Andalucía supondrá unos 57 millones de euros para su departamento.

En esta entrevista con El Debate, celebrada la misma mañana que se conocía otra noticia de gran impacto en el ámbito de la Justicia, como el aval del TC a la amnistía, Nieto asegura que ellos llegan, a pesar de todo, preparados a ese 1 de julio, un momento sumamente delicado para nuestro sistema judicial porque coincidirá con la huelga de jueces y fiscales para protestar contra otra norma polémica, la conocida como ‘ley Bolaños’, que modifica el sistema de acceso a la magistratura. «Las leyes, nos gusten o no, están para cumplirlas, pero estas nos gustan poco».

–¿Debe ser imputado el ministro Bolaños?

–Lo que se sabe es que el juez Peinado ha hecho un planteamiento en base a un mal uso de recursos públicos por parte de una empleada pública que pagamos todos y, desde luego, eso se debe aclarar, aun sin saber si es responsabilidad del señor Bolaños o de otra persona. La presunción de inocencia, se llame como se llame el afectado, hay que defenderla, como así el derecho de los jueces a realizar una instrucción.

–Como consejero del ramo, ¿percibe las dudas sobre el funcionamiento de la Justicia en un momento en el que el fiscal general –Álvaro García Ortiz– está procesado y las sospechas se ciernen sobre el Ministro de Justicia?

–La Justicia, como servicio público, es esencial para el funcionamiento de la sociedad y básico para la fortaleza democrática al fijar el anclaje de las normas con las que nos regimos. Ello nos obliga a cumplir con lo que se decía de la mujer del César: ser y parecer. Hay actitudes que se están poniendo de manifiesto por parte del Gobierno –y de los partidos que lo apoyan– que impiden que parezca que la justicia trabaja con garantías. El ambiente se ha ido enrareciendo: se permite que desde la tribuna del Congreso se señale a los jueces y se hable de lawfare como si fuera una moda. Todo ello hace daño al conjunto del sistema; la puntilla ha sido el hecho de que el fiscal general esté a un paso de sentarse en el banquillo.

–Y en estas, han llegado dos leyes polémicas desde el ministerio de turno…

–Al ministro de Justicia se le ha ocurrido traer dos normas como es el cambio de acceso a la judicatura y el cambio del modelo de instrucción, en medio de esta situación que ya hemos comentado. En el caso de la ley de la reforma de la Justicia, supone una transformación radical del modelo de sede judicial y nos obliga a un esfuerzo enorme a las administraciones que tenemos competencias. Llega en un momento precario y con una relación con el Ejecutivo central muy mejorable, porque no viene con una memoria económica que cofinancie la norma, la cual además no teníamos previsto en nuestros presupuestos.

Hay actitudes que se están poniendo de manifiesto por parte del Gobierno que impiden que parezca que la justicia trabaja con garantías

–¿Y cómo se maniobra entonces cuando una ley se publica después de tener ya vuestro presupuesto aprobado?

–Supondrá enfrentarse a una urgencia que no hemos decidido nosotros quitando recursos programados, sabiendo que en la justicia siempre hay carencias que cubrir, y no atendiendo la demanda de los funcionarios, que reclaman mejoras en las retribuciones. El ministerio no ha consultado ni debatido con las comunidades la norma y sin buscar un acuerdo entre los dos grandes partidos. Esto se resume en un ‘yo invito, pero tú pagas’, inventándose un cambio radical en cómo se ordenan los recursos de la justicia, pero aplicándolo en unos plazos perentorios. El 1 de julio será una fecha para marcar en rojo en la que desconocemos su alcance, porque 70 de los 85 partidos judiciales se tienen que transformar. Es de tal complejidad la transformación prevista y tan corto el plazo de tiempo que hemos tenido que sacar un contrato de emergencia y adjudicar y exigir unos plazos más reducidos de lo habitual, todo ello con coste a las arcas de Andalucía. Pero como siempre decimos, las leyes hay que cumplirlas, nos gusten o no, y esta nos gusta poco.

Prefiero un culpable impune a un inocente en la cárcel

–Pero al final, da la sensación que Gobierno y comunidades caminan cada uno por su lado y quien lo va a pagar es el ciudadano de a pie

–Las cosas saldrían mejor y son más eficientes cuando se va de la mano, y no en contra. Creo que el Gobierno debió de abrir un cupo de trabajo con un diálogo permanente para que se escuchara nuestras peticiones, entre ellas, que no derivara una parte del esfuerzo económico que supone. Eso redundaría en una mejor atención a los ciudadanos, pero tenemos el Gobierno que tenemos y lo que vamos a intentar es que los andaluces sufran el menor perjuicio posible, y eso pasa por hacer lo que nos toca…y un poco más. Hay comunidades que, por tamaño y por margen, no van a llegar a tiempo.

–Entonces, ¿qué se espera en esos casos?

–La ley permite un descuelgue, y en algunos casos se puede pedir una prórroga hasta llegar a la fecha tope que ya no se pueda superar. Para nosotros ese 1 de julio es una incógnita, porque queremos activar el cambio, pero se va a juntar con la huelga de jueces prevista para esa fecha. La consecuencia será una cantidad enorme de suspensión de juicios, con la consiguiente mala imagen que vamos a dar en el exterior. Me preocupa que en Europa se vea a España como una anomalía democrática. Los jueces pretenden apelar a la opinión pública sobre lo que supone alterar el acceso a la carrera judicial, afectando a principios fundamentales como igualdad, mérito o capacidad. La otra derivada es que este país no está maduro para que la Fiscalía instruya los procedimientos. En otros países ocurre y aquí podría suceder porque hay magníficos fiscales, pero ha de cambiar el sistema que impida que el Gobierno pueda nombrar a la que por la noche se acueste como ministra de Justicia y al día siguiente se levante como fiscal general del Estado. O con la percepción que tenemos todos de que ese fiscal general actúa como un ministro más del Gobierno. Así no se dan las condiciones.

Tenemos magníficos fiscales, pero se ha de cambiar el sistema por el cual la ministra de Justicia se levante al día siguiente como fiscal general del Estado

–¿Qué diferencias hay entre la Justicia que encontró al inicio de su carrera y la de ahora ya como consejero de la Junta?

–Mi primera vocación fue la de abogado, ahí ya conocí los problemas que tenía. Ahora, bastantes años después, tiene esos mismos y alguno más, derivado de la tentación de algunos Gobiernos de querer ir más allá de lo que la independencia judicial y fiscal permite. La Justicia tiene solución si nos atrevemos a renunciar a parte de nuestros criterios porque es fundamental evitar la polarización y lograr un pacto para dotarla de la protección del Estado.

–¿Y por qué parece que es tan lenta?

–A la Justicia española le han faltado recursos, porque se pensó en ella como un servicio a coste cero. Si no se invierte, no hay calidad. Además, se debe hacer ya el trabajo de aplicación de procesos digitales e incorporación de inteligencia artificial que nos permita mayor agilidad, porque no podemos admitir que la gente crea que la justicia es lenta y nunca va a dejar de serlo. Puede y debe, pero se ha de trabajar en la dirección adecuada.

–¿Uno de los pecados originales de la democracia ha sido que los partidos políticos siempre hayan criticado las sentencias que no os son favorables?

–Solo recuerdo, en mi tiempo en política, una gran crítica a un juez: cuando uno de la Audiencia Nacional dictó una sentencia antes de la moción de censura al Gobierno anterior y ese mismo día un medio de comunicación tenía todo el texto con los párrafos más llamativos. Ahí el PP hizo una crítica directa a ese juez, y aún así se hizo de manera más respetuosa que lo que estamos viendo ahora en los casos que afectan a este Ejecutivo. Cuando salta la corrupción en el seno del PSOE, como ocurre ahora, hay medios y opinadores que nos meten a todos los políticos en el mismo saco, mientras que cuando ocurre en el PP, bien se cuidan de identificarla solo con la derecha.

Me preocupa que en Europa se vea a España como una anomalía democrática

–Dentro de esa complejidad, ¿cómo es posible que casos tan mediáticos como los ERE necesiten de tanto tiempo para ser juzgados?

–Las garantías son lo que diferencian las diferentes penas, desde la que sale de una sentencia a las de telediario o la opinión pública. El sistema es más lento de lo que nos gustaría porque es garantista en el sentido de que se le dan muchas oportunidades al acusado para poder defenderse y se exige al que acusa, en muchos casos a la UCO, muchísimas pruebas para probar la culpabilidad del investigado. Y a mí eso me gusta porque prefiero un culpable impune a un inocente en la cárcel. Y por eso es esencial pedir respeto para los jueces y para la Justicia, porque un procedimiento termina con miles de horas de trabajo, lo que minimiza el riesgo de injusticia.