«Aplicar la nueva ley de eficiencia jurídica nos va a costar casi 60 millones»

Empaque. Eso transmite el consejero de Justicia del gobierno andaluz cuando entra en el salón de actos del edificio de la Junta en San Felipe en la capital cordobesa para contar cómo van los últimos retoques de la aplicación de la ley de eficiencia de la Justicia, cuyo primer plazo para su puesta en marcha cumple este 1 de julio. Esa presencia que tiene José Antonio Nieto Ballesteros (Guadalcázar, Córdoba, 1970) es la del hombre curtido y con muescas en la biografía, una actitud que además en Córdoba llamarían ‘senequista’.

A pesar de su juventud - los 55 son los nuevos cuarenta y tantos- ha tenido una dilatada trayectoria política que conforma ese saber estar, y que en este caso le sirve para reunirse con los operadores jurídicos y explicarles el plato de lentejas que, con forma de ley orgánica y sin financiación, el sanchismo - esta tiranía cutre que padecemos por castigo- ha puesto en el paquete de mandamientos, normativas, decretos leyes e ingeniería social y jurídica para solaz de golpistas, bilduetarras y sicofantes con el celofán de la modernización y la eficiencia.

No obstante, en la Junta se pusieron mano a la obra desde primero de año no solo por aquello de cumplir con la ley sino con el prurito de la eficacia que el gobierno de Juanma Moreno tiene por bandera, además de la centralidad y la moderación. Nieto también añade veteranía y sobre todo, capacidad de trabajo.

–Ha resumido usted en más de una ocasión la Ley 1/2025 y la actitud del Ministerio de Justicia con una frase: «Yo invito y tú pagas». Esta semana ha vuelto a decirlo.

–Sí, y no solo el Ministerio de Justicia. Desgraciadamente, esto ocurre con casi todo el Gobierno de España. Desde la pandemia, el Ejecutivo central ha entrado en una dinámica de modificar normas que afectan a competencias transferidas, y lo hace sin diálogo ni debate con las comunidades autónomas. En este caso concreto, ni siquiera se nos permitió conocer el contenido de la ley antes de llevarla a las Cortes Generales. Además, tanto en la propia norma como en las reformas posteriores y en las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, se nos imponen obligaciones muy gravosas. Por ejemplo, mantener los antiguos juzgados de paz, que hasta ahora eran competencia de los ayuntamientos y que ahora pasan a ser responsabilidad de las comunidades autónomas, con el consiguiente coste. Se nos exige una transformación radical del modelo de justicia: cambiar edificios, redistribuir funcionarios, sustituir el gestor procesal, adaptar el programa informático, modificar las pautas de trabajo de los abogados… Y todo esto recae sobre nosotros. Debemos asumirlo con un presupuesto muy limitado y en un contexto de infrafinanciación. Cada vez que planteamos estas cuestiones, el ministro responde que a largo plazo todo esto generará ahorro. Pero nosotros ese ahorro no lo vemos por ningún sitio. Lo que sí vemos es una carga económica muy fuerte para una comunidad como Andalucía, que tiene serios problemas de financiación. Solo aplicar esta ley nos va a costar 57 millones de euros.

–En efecto, a la Junta de Andalucía no le ha supuesto de momento ningún ahorro.

–Exactamente. Este año teníamos la intención de cerrar una negociación con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas. Pero los escasos recursos con los que contábamos para abordar esa mejora se han visto absorbidos por la aplicación de esta ley. También queríamos avanzar en la mejora de la calidad de las infraestructuras judiciales. Lo estamos haciendo, pero a un ritmo más lento, porque la ley nos obliga a destinar fondos a otras prioridades que no estaban previstas. En definitiva, cuando el dinero se destina a algo no planificado, hay que detraerlo de partidas que sí lo estaban, y que muchas veces responden a necesidades igual o más urgentes que las que impone esta normativa.

–Durante estas semanas se está reuniendo con los distintos operadores judiciales de las provincias andaluzas. ¿Qué le están trasladando, consejero?

–Nos trasladan un profundo desconcierto. No saben con quién se ha acordado exactamente este cambio, y temen que la justicia no solo no mejore, sino que incluso empeore. Nos preocupa mucho esa forma de proceder del Ministerio, de impulsar una ley sin contar con nadie. Esta norma ni siquiera contó con los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado ni de otras instituciones que aportan seguridad jurídica al proceso legislativo. Y eso genera más problemas que soluciones. Ya lo vimos con la famosa ley del «solo sí es sí», donde la prioridad fue sacarla adelante a toda costa para contentar a los socios del Gobierno de Sánchez. El resultado fue desastroso: en vez de proteger a la víctima, se protegió al agresor. Esta nueva ley, que era una demanda histórica, merecía un tratamiento más serio, más democrático y más integrador. Pero, una vez más, se ha buscado complacer a los de siempre: a Junts, a Esquerra Republicana, al PNV, a Bildu, a los sectores más radicales de Podemos o de Sumar. En cambio, no se ha escuchado ni al Partido Popular ni a las comunidades autónomas que tenemos competencias directas en esta materia.

- Bolaños destacaba que la ley cuenta con un «amplio respaldo parlamentario».

–Nace sin ningún tipo de negociación. Su respaldo parlamentario es raquítico: exige mayoría absoluta y la logra por muy poco. El Partido Popular votó en contra, y nos hubiera encantado poder votar a favor. Así lo transmitimos al Ministerio, planteando que con una mínima negociación con las comunidades autónomas y un compromiso económico razonable, podríamos haber estado de acuerdo. No digo que el Ministerio de Justicia debiera asumir todo el coste, ya que tenemos competencias transferidas y las comunidades debemos ejercerlas con responsabilidad. Pero un reparto justo, como asumir el 50 % o el 60 % del gasto por parte del Estado, habría hecho viable un cambio de esta envergadura. Hay un problema añadido: mientras al Gobierno de España eso no parece importarle, a las comunidades autónomas que queremos ser serias sí nos preocupa la gestión rigurosa de los recursos públicos. El presupuesto de la Junta de Andalucía se aprobó el 21 de diciembre y la ley se publicó el 2 de enero. En ese margen de tiempo era imposible prever en nuestras cuentas las partidas necesarias para aplicar esta norma. Nos ha obligado a improvisar, y esa no es la forma de trabajar del Gobierno andaluz, que prefiere actuar con orden, previsión y rigor.

–Lo que queda claro es que este «plato de lentejas» lo han sabido gestionar, porque llegamos al 1 de julio, sobre todo en Córdoba, con todo lo necesario para aplicar la normativa.

–Vamos a aplicar la ley en el 100% de los partidos judiciales afectados: 70 de un total de 85. Andalucía es la comunidad autónoma y la administración pública que más partidos judiciales tendrá que gestionar en este proceso, lo que supone una responsabilidad enorme. Además, lo haremos en el territorio más extenso entre las comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia. Castilla y León tiene más superficie, pero allí la competencia sigue en manos del Gobierno de España. Por tanto, el reto es mayúsculo. Pero quiero destacar la implicación de todos los operadores jurídicos: jueces, fiscales, letrados, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales… Han mostrado una actitud de colaboración admirable. Han sentido preocupación, incluso temor por lo que se venía encima, pero también han entendido que desde la Junta de Andalucía estábamos actuando con lealtad hacia ellos. Que, a pesar de todo, queríamos aprovechar este proceso para mejorar, no para empeorar una justicia que ya arrastra muchos problemas. El 1 de julio nuestros 70 partidos judiciales estarán transformados en tribunales de instancia. Tendremos dificultades, no quiero engañar a nadie. Será necesario un periodo de adaptación, aprender del funcionamiento de cada nuevo órgano y ordenar bien las cosas. Pero vamos a poner todo de nuestra parte para que ese recorrido sea lo más ordenado y lo menos traumático posible.

– Órganos colegiados con un solo magistrado. Suena raro, cuanto menos.

–Es una tautología. Un tribunal de instancia compuesto por un solo juez es, sencillamente, un sinsentido. Y eso se podría haber evitado en la propia ley. Desde la Junta le propusimos al Ministerio una solución muy simple: extender la jurisdicción de un tribunal de instancia a más de un partido judicial, hasta alcanzar un número mínimo de jueces. Por ejemplo, partidos judiciales como el de Priego, que solo cuentan con un juez, podrían haberse integrado en un tribunal común junto a otro partido judicial cercano, sumando al menos tres jueces. Ese es el número mínimo que debería definir a un tribunal, preferiblemente impar, para que exista realmente un órgano colegiado. Eso es precisamente lo que hemos echado en falta en esta reforma.

–¿Se va a conseguir que la justicia sea más eficiente?

–Creo que se puede conseguir, pero el ambiente generado lo complica. Al final, y pese a todo el debate actual sobre inteligencia artificial y otras tecnologías, el factor determinante para que las cosas funcionen sigue siendo el humano. Y ese factor solo avanza en positivo cuando está motivado. Cuando, en cambio, percibe amenazas, se paraliza o incluso retrocede. Ahora mismo, los jueces sienten que no se ha contado con ellos, lo mismo ocurre con fiscales, letrados, funcionarios, abogados… Y no es la mejor forma de abordar una transformación de este calado. Desde la Consejería hemos intentado revertir esa situación. Desde enero hasta hoy hemos mantenido miles de reuniones, literalmente, a través de la viceconsejera, los secretarios generales y los directores y directoras generales. Hemos hecho un esfuerzo por escuchar, atender y adaptar la implantación a lo que nos han ido transmitiendo todos los operadores. Sabemos que solo funcionará si somos capaces de crear un ecosistema positivo, de optimismo y colaboración, en el que todos se sientan parte del proyecto y quieran implicarse desde una actitud constructiva. Si desde el Ministerio no nos siguen poniendo trabas, estoy convencido de que podremos alcanzar esa eficiencia y mejorar de verdad la calidad del servicio público de Justicia.

–El ecosistema está, en cualquier caso, enrarecido. Al realizar esta entrevista hemos sabido que el juez Peinado ha solicitado la imputación del ministro de Justicia. No hay día que no nos levantemos con una sorpresa en España, ¿no?

–Desgraciadamente, es así. Hace poco lo comentaba en otra entrevista con mi amigo y compañero, el exministro Zoido, ahora eurodiputado. Estaba con un colega austríaco que, al oír nuestra conversación, quiso hablar conmigo para preguntarme directamente cómo era posible que el fiscal general del Estado estuviera procesado. Porque no hablamos ya de una simple imputación, que es una fase inicial de instrucción, sino de un auto de procesamiento, que implica la apertura del juicio oral. Además, tenemos al número dos del PSOE imputado, al que fue ministro de Fomento, a otros miembros de su equipo y a personas muy cercanas al presidente, como su hermano o su esposa. Desde fuera, en Europa o en el mundo, lo que se percibe es una imagen que se aleja mucho de la de un país serio, miembro de la Unión Europea, con aspiraciones de altos estándares democráticos. Lamentablemente, creo que Pedro Sánchez y su Gobierno han contribuido a devaluar esos estándares de calidad democrática.

–Y con jueces y fiscales a las puertas de una huelga. ¿Qué opinión le merece esa convocatoria?

–Pues mira, va en la misma línea de todo lo que estamos comentando. El sanchismo ha intentado colonizar todas las grandes instituciones del país, y en muchos casos lo ha conseguido. Colonizó la Fiscalía nombrando, primero, a quien había sido su ministra de Justicia. Se acostó siendo ministra y se levantó fiscal general del Estado. Luego la colocó en el Tribunal Supremo y puso como fiscal general a su número dos, en una nueva anomalía, porque ni siquiera cumplía los requisitos. La propia Junta de Fiscales se mostró en desacuerdo con esa designación. Lo mismo ha pasado con el Banco de España, con el CIS —que casi ni merece comentario— y con otras instituciones relevantes del Estado que hoy están dirigidas por personas cercanas a Sánchez. Eso en la justicia no ha podido hacerlo. Lo ha intentado, pero no ha podido. Ahora lo que plantea es una reforma legal para conseguirlo, permitiendo el acceso a la carrera judicial por distintas vías, no solo por la tradicional oposición, que es muy exigente. Y ya vemos hacia dónde apunta esa «diversificación» del acceso. Por otro lado, otra de las reformas que ha generado la protesta y la convocatoria de huelga es la intención de transferir la instrucción de las causas penales de los jueces a los fiscales. En el contexto actual, con un fiscal general del Estado procesado, no parece el mejor momento para plantear ese debate. Es cierto que es un tema interesante, y que tenemos en España un cuerpo de fiscales con una preparación excelente, al nivel de cualquier juez. Pero el problema está en la estructura jerárquica actual de la Fiscalía y en el uso que desde el Gobierno se ha pretendido hacer de ella. Por eso, en este momento, una reforma de ese tipo no parece ni oportuna ni prudente.

- El CGPJ advierte sobre la pérdida de independencia y sobre la desaparición de los resortes de contención que en democracia y en un Estado de derecho debe ejercer la justicia.

–Sí, hay una apreciación muy clara en todas las informaciones y, especialmente, en el informe del Consejo General del Poder Judicial: se percibe una duda de fondo. Creo que cuando el legislador adopta decisiones de tanto calado, una de sus obligaciones es elegir el momento adecuado, y este no lo es. Es posible garantizar la independencia de los fiscales en la instrucción de los procedimientos, pero para eso sería necesario reformar profundamente nuestro modelo actual, especialmente la estructura jerárquica de la Fiscalía. Y eso no lo contempla esta ley. Se ha perdido la oportunidad de hacerlo bien. De hecho, se introduce un cambio que, lejos de tranquilizar, genera más inquietud: se establece un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado, no renovable y no revocable por el Gobierno. En apariencia suena a garantía, pero permitiría que, por ejemplo, Sánchez dejara nombrado a un fiscal general que continuara en su puesto durante toda la legislatura siguiente, aunque hubiera un cambio de Gobierno. Ese fiscal estaría en la cúspide de una pirámide jerárquica muy rígida. Para que el sistema funcione de forma equilibrada, habría que aproximarlo al modelo judicial, donde los jueces tienen autonomía efectiva. Los fiscales deberían poder instruir con autonomía y siempre con un juez de garantías al lado. Pero, insisto: este no es el momento para abordar esa reforma. Haría falta crear unas condiciones de tranquilidad y de confianza que hoy, claramente, no existen.

–Que el sanchismo haya llegado hasta donde lo ha hecho, prácticamente sin cortapisas, parece que plantea un debate mayor. ¿No estamos ante una especie de fallo multiorgánico del régimen del 78? ¿Está en riesgo el Estado de derecho?

–Sí, creo que hay algo de eso. Y es algo que sucede con frecuencia cuando a la sociedad, y a cada uno de sus miembros, se le presupone un comportamiento adecuado. La ley reacciona y prevé comportamientos inadecuados, pero le cuesta mucho trabajo prever que quienes tienen que aplicarla sean precisamente quienes se la saltan. Eso ya lo vimos el 1 de octubre, un caso que conozco bien. La norma no está diseñada para prever que un gobierno autonómico, que debe ser garante del orden legal, sea el que lo quebranta. Cuando ocurre algo así, el sistema entra en cortocircuito. Y pasa lo mismo cuando ese incumplimiento no lo protagoniza una comunidad autónoma, sino el presidente del Gobierno. A partir de ahora, hemos aprendido que hay que establecer más límites. Lo que dábamos por sentado —que una persona con responsabilidad institucional no haría determinadas cosas— ha sido puesto en cuestión por Sánchez, que sí las ha hecho. Por eso, Feijóo ya ha planteado que debemos ser mucho más estrictos en las condiciones para ciertos nombramientos. No puede ser que quien dirige el CIS sea alguien vinculado directamente al PSOE, porque eso desvirtúa por completo la utilidad de las encuestas y genera desconfianza. Lo mismo ocurre con la Fiscalía: no basta con cumplir unos requisitos técnicos. Hay que garantizar que quien ocupe ese cargo no haya tenido una vinculación política directa ni mantenga una relación estrecha con el poder. Debemos establecer cortapisas que impidan que, en el futuro, otro presidente del Gobierno caiga en las mismas tentaciones. Porque tener la tentación puede ocurrirle a cualquiera; lo grave es ceder ante ella, como ha hecho Sánchez.

–Ha mencionado el 1 de octubre de 2017, que conoció en primera persona como Secretario de Estado de Interior. Ahora ya tenemos la ley de amnistía avalada por el Tribunal Constitucional ¿Cómo está viviendo personalmente esta situación?

–Es, sinceramente, uno de los procesos más dolorosos que recuerdo. Cada vez que se menciona el término «amnistía», cada vez que escucho, por ejemplo, a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Montalbán, decir que es perfectamente constitucional, me cuesta entenderlo. Creo, primero, que no se está haciendo una lectura leal de la Constitución, y segundo, que se tiene muy mala memoria. Porque hace muy poco tiempo vimos cómo se utilizaba una institución como la Generalitat, que representa al Gobierno en Cataluña, para vulnerar el orden constitucional. Se dañó la imagen institucional, se usó dinero público con fines partidistas e ideológicos, en nombre de una causa que nunca fue compartida por la mayoría de los ciudadanos. En ningún momento el independentismo representó a más del 50% de la población catalana. Aun así, esa institución, que debería representar a todos, dio pasos irreversibles hacia la ruptura del Estado en Cataluña. Y eso me revuelve por dentro. No puedo entender cómo ahora se plantea una ley de amnistía. La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales, y una amnistía es, en realidad, un indulto general agravado. Porque, al menos, el indulto exige el reconocimiento del delito y una petición de perdón. En este caso, ni se reconoce el delito ni se pide perdón. Más bien se pretende que sea el Estado el que pida perdón por haber defendido la unidad de España. Me parece, sinceramente, lamentable.

–Con las graves consecuencias que puede tener eso en el futuro, ¿no?

–Va a tenerlas, sin duda. Resistir el 1 de octubre y crear un cinturón de seguridad que impidiera a la Generalitat cumplir su plan y que esa declaración de independencia quedara en papel mojado fue posible porque aún funcionaban ciertos resortes del Estado: la autoridad judicial, la Fiscalía, el Gobierno de España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… aunque cada vez con menos presencia en Cataluña, todo hay que decirlo. También están desapareciendo otras figuras clave. Esta semana ha habido hay una huelga de los habilitados nacionales porque el Gobierno de España acaba de ceder su gestión a la Generalitat. Pero, si un funcionario es habilitado nacional, no puede convertirse por la puerta de atrás en habilitado autonómico. Todos estos pasos, que aparentemente son técnicos o administrativos, van en una dirección peligrosa: cada vez dejamos menos instrumentos a disposición del conjunto de los españoles para responder si en el futuro un gobierno catalán vuelve a plantear algo como el 1 de octubre. Y eso es lo que realmente me preocupa. Lo que deseo es que pronto tengamos un Gobierno de España que vaya en la dirección contraria: la de integrar, no la de fracturar; la de convencer a los catalanes de que su pertenencia a España no solo no les perjudica, sino que les beneficia. Y que para nosotros es un orgullo que Cataluña forme parte de España. Y, sinceramente, creo que también debe ser un orgullo para los catalanes formar parte de este país.