Córdoba ultima la transformación judicial más profunda en 70 años en medio de dudas y falta de apoyo estatal

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha calificado como «la mayor transformación del Servicio Público de Justicia en los últimos 70 años» el proceso de implantación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia (1/2025), cuyo primer plazo concluye el próximo 1 de julio. En una comparecencia tras reunirse con operadores jurídicos de la provincia, Nieto ha subrayado que Córdoba será una de las provincias más afectadas en esta primera fase, con 11 de sus 12 partidos judiciales incluidos en el cambio, lo que obligará a un esfuerzo «extraordinario» para adaptar estructuras, personal y sistemas digitales en un tiempo récord y con una financiación exclusivamente autonómica.

La principal novedad consiste en sustituir el modelo de juzgados unipersonales por unidades administrativas colegiadas, en las que los funcionarios se integrarán en nuevas estructuras como la unidad de tramitación procesal o el servicio común de tramitación. Además, los juzgados de paz pasarán a denominarse oficinas de justicia en el municipio, con nuevas competencias para los funcionarios locales, especialmente en municipios de más de 7.000 habitantes. Como ejemplo, Nieto anunció un proyecto piloto en Palma del Río que permitirá descentralizar la carga del juzgado de Posadas y acercar los trámites judiciales a los ciudadanos.

El consejero ha admitido que los cambios generan inquietud en el sector, pero ha agradecido el «compromiso y colaboración» de todos los operadores jurídicos, desde el presidente de la Audiencia hasta los representantes sindicales. No obstante, no ha ocultado los principales escollos del proceso: la falta de dotación económica por parte del Ministerio de Justicia, la improvisación normativa y los efectos colaterales de otras decisiones estatales como la comarcalización del servicio de violencia sobre la mujer, que integra los partidos judiciales de Lucena, Montoro y Posadas en el de Córdoba, algo que Nieto considera «un error garrafal» por desconocimiento del territorio y que «destruye la posibilidad de una comarcalización lógica» en la provincia.

En Córdoba, el cambio supondrá la incorporación de 8 nuevos funcionarios, elevando la plantilla a 181, con una inversión cercana a los 400.000 euros asumida íntegramente por la Junta. Esta cifra se enmarca en un coste global para Andalucía de casi 57 millones de euros, lo que obliga a «reprogramar» otras partidas autonómicas y refuerza las críticas de Nieto a lo que considera una dinámica de «yo invito y tú pagas» por parte del Ministerio.

También ha cuestionado el reparto de jueces en 2025, destacando que 69 han sido asignados a Cataluña y «ninguno, cero» a Andalucía. A todo ello se suma un nuevo obstáculo en el calendario: la huelga convocada por jueces para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y el modelo de instrucción. Nieto ha expresado su coincidencia con las asociaciones de jueces y fiscales que ven en estas leyes una amenaza al equilibrio institucional y ha pedido al Ministerio que «mejore el clima judicial» y retire del debate medidas que sólo «generan más tensión y dudas».

La transformación culminará el 31 de diciembre, fecha límite para implantar la nueva organización en los partidos judiciales más grandes, incluida Córdoba capital. «Ahí tendremos probablemente la prueba de fuego», ha reconocido Nieto, al concentrarse en esa fase la mitad de los funcionarios y más de la mitad de los jueces y fiscales de Andalucía.