Bolaños afronta sus horas más bajas cuestionado por el CGPJ mientras Peramato culmina el control de la Fiscalía

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se enfrenta a su peor crisis de credibilidad desde la apertura del nuevo Año Judicial en el que, consciente del malestar de los miembros de la Magistratura con sus declaraciones, acudía a la apertura en el Tribunal Supremo (TS), el pasado día 10 de septiembre, sin quedarse para los tradicionales saludos y corrillos que tienen lugar a continuación del acto solemne, presidido por el Rey Felipe VI. No en vano, Bolaños se ha convertido en el centro de un choque institucional entre el Gobierno y el Poder Judicial que le ha llevado a su mayor crisis reputacional desde que llegase al cargo.

Hasta tal punto se han agravado las cosas que, esta misma semana, las protestas de un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frustraban los planes de Bolaños de visitar la Escuela Judicial de Barcelona, el próximo día 19 de septiembre, coincidiendo con un viaje en el que se encontrará con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Los constantes ataques de Bolaños, y el resto de miembros del Ejecutivo, a la Magistratura, en especial tras la suspensión cautelar dictada por la Sala Tercera del TS a la ley de nietos, con la que presuntamente el Gobierno trataba de alterar el censo, han precipitado los acontecimientos.

Así las cosas, en el pleno del pasado miércoles, se reprobó la presencia del tri ministro en la Escuela de nuevos jueces, en un momento profundamente «inoportuno». Y, no sólo por la forma en la que estaba prevista la llegada de Bolaños al centro, detalle que no se comunicó por los cauces oficiales al Consejo del que cuelga orgánicamente, sino a través del propio director de la misma y de la Consejería de Justicia catalana. Además, la presidenta de la Comisión encargada de la Escuela, Gema Espinosa, insistió en la improcedencia del asunto, mientras el ministro encargado de defender a los jueces y magistrados y velar por su independencia -fruto de la separación de poderes- siga entrando en el juego de las descalificaciones constantes contra algunos de ellos, cuando sus resoluciones no son favorables a los intereses del Ejecutivo al que pertenece.

Las asociaciones judiciales y fiscales, tanto izquierdistas como profesionales han denunciado, en algunos comunicados, un clima de presión y de deslegitimación de las sentencias, o las medidas, que fiscalizan la actuación del Gobierno, situando a Bolaños en una posición paradójica en la que pese a ser el ministro llamado a defender la Justicia y a los profesionales imparciales que la imparten, es percibido por una parte sustancial de la misma, pero también de la sociedad, como su principal adversario institucional.

Jueces y fiscales arrastran, también, un profundo descontento tras la implantación «caprichosa» y «precipitada» de la Ley de Eficiencia, conocida como 'ley Bolaños'. que ha sido foco de amplísimas críticas por la falta de medios para ponerla en marcha de manera efectiva, por la caótica reorganización de los diferentes órganos y por una transición de modelo que se ha llevado a cabo sin previsiones reales, sin los refuerzos necesarios y sin los profesionales, espacios y tecnología deseables para abordarla, en decenas de juzgados. Las asociaciones mayoritarias ya han desmontado, en varias ocasiones, el relato oficial sobre el éxito de la reforma.

Todo empieza contra el juez Peinado

Sin embargo, el conflicto no es nuevo. para Bolaños, quien meses criticando, de forma abierta, las resoluciones judiciales que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez, tanto en lo político como en lo familiar. De hecho, el caso más visible ha sido el del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que se sigue por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Durante la instrucción de la causa, que enviará a Gómez a un banquillo con jurado, a finales del próximo año, el ministro presentó varias quejas disciplinarias, precisamente, ante el CGPJ, por el interrogatorio al que le sometió el magistrado en La Moncloa, el 16 de abril de 2025. Bolaños denunció la «actitud intimidatoria» del magistrado y sus actuaciones. Sin embargo, tras más de un año y medio de pesquisas y procedimiento, el promotor de la acción disciplinaria del Consejo archivó el expediente al considerar que los hechos atribuidos a Peinado se enmarcaban dentro de la actividad jurisdiccional. Bolaños recurrió la decisión y señaló, de manera directa, el «corporativismo» del máximo órgano de gobierno de los jueces en el que el «conservadurismo» campa a sus anchas aseguró, airado.

No contento con ello, Bolaños acusó al CGPJ de ser «incapaz» de restaurar el prestigio del Poder Judicial y incumplir los más básicos estándares de rigor que la ciudadanía espera del mismo, al que llevará ante la Justicia, curiosamente, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que ha paralizado la ley de nietos.

El choque sobre la ley de nietos

El último episodio y el más grueso de todos ha sido el auto con el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó, a principios de septiembre de 2026, las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa y suspendió los efectos electorales de las inscripciones que el Gobierno habilitó en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para quienes obtuvieron la nacionalidad, como descendientes de exiliados españoles, en base a una instrucción dictada por Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, excediendo las previsiones del legislador en la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

El Supremo consideró que, en efecto, el incremento exponencial del censo exterior, con más de 408.000 nuevos electores incorporados al mismo, desde 2023, genera «un peligro fundado, real y serio» de afectar a la transparencia de los procesos electorales.

Bolaños calificó, entonces, el auto de «muy discutible» y pidió «respetuosamente» al Supremo que resolviese antes de las próximas elecciones generales de 2027, para minimizar el revés a sus planes. El titular de Justicia denunció que se están creando «españoles de primera y de segunda», señaló a la oposición por promover un «recorte masivo» del derecho al voto y presentó la resolución, al igual que otros miembros del Gobierno, como un atropello democrático. Semejante pronunciamiento puso en alerta a parte de la Carrera judicial que insiste en lamentar los intentos de injerencia sobre sus funciones.

Peramato continúa el goteo de afines

Un cierre de era y un nuevo equipo designado por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en el Ministerio Público, para conformar el que será su equipo en la cúpula fiscal tras la precipitada salida de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el Supremo. La titular de la Carrera designaba, esta misma semana, a José Luis García Juanes como responsable de la Jefatura de Madrid, en sustitución de Pilar Rodríguez, ascendida al Supremo, quien estuvo coimputada con García Ortiz en la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Ésta será una de las últimas incorporaciones en los puestos de mayor responsabilidad directa de Peramato. No sólo por las complicaciones propias de la Fiscalía que gestiona la mayor cantidad de asuntos de toda España, Madrid, sino, además, porque el puesto tiene un peso muy importante dentro de un organigrama que la actual titular de la Institución ha cubierto con personas de su máxima confianza. Muchas de ellas procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que, pese a ser minoritaria, ha adquirido una cuota de representación nada desdeñable en los puestos de mayor responsabilidad. No en vano, tanto Dolores Delgado como Álvaro García Ortiz y la propia Peramato formaron parte de la misma, los dos últimos, además, presidiéndola durante varios años.

Así las cosas, está previsto que la política de afines se repita, una vez más, en el segundo Consejo que se celebrará, el martes día 22 de esta próxima semana, desde el arranque del nuevo Año Judicial, en el que se abordará, entre otras cuestiones, la cobertura de la polémica Fiscalía de Menores, algunas territoriales de relevancia y, próximamente, la nueva división de Protección de Datos, también adscrita al Supremo.