El CGPJ no se pronuncia sobre el derecho a huelga de los jueces contra la 'Ley Bolaños' porque no está regulado

Por unanimidad en los puntos 1 y 6, con mayoría en los ítems 2 y 5, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un acuerdo por el que rechaza pronunciarse sobre el derecho huelga notificada por tres de las principales asociaciones judiciales de nuestro país, contra la 'Ley Bolaños'.

En el documento, al que ha tenido acceso El Debate en primicia, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha comunicado a las entidades convocantes de la protesta del próximo sábado, frente al Tribunal Supremo, y de los paros previstos para los días 1, 2 y 3 del mes de julio, que según las decisiones adoptadas el 9 de febrero de 2009, el 8 de noviembre de 2012 y el 13 de febrero de 2013, «el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos».

Fuentes jurídicas conocedoras de la materia han explicado a El Debate que dado que el derecho a huelga no está regulado para los miembros de la Magistratura nada puede decir el Consejo sobre si el mismo existe o no. Lo que no significa, por lo tanto, que se niegue la posibilidad de que jueces y fiscales activen los paros, como aspiraban a aprobar los vocales del ala izquierdista del órgano.

No en vano, los consejeros nombrados a propuesta del PSOE, en la última renovación, presentaron una propuesta para negar, taxativamente, el derecho a huelga o a las protestas, que no ha salido adelante. Tal es así que en el punto 30 del documento que trasladaron para la deliberación interna de la respuesta institucional a las asociaciones profesionales, y que fue rotundamente rechazado, se recogía la petición expresa de actuar contra «una movilización claramente ilegal».

Críticas compartidas al 'quinto turno'

En el mismo acuerdo, el Consejo ha insistido en cómo, en relación al proceso de estabilización de más de mil jueces que prepara el Gobierno, a través del Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) –contra la que protestan los jueces y magistrados, en las distintas jornadas previstas como parte de las medidas de conflicto activadas– que el Pleno ya se «opuso» por «unanimidad» a la medida. En particular, presentó reparos al «carácter injustificado» de la misma «por no ser una exigencia derivada» de Europa, como defiende el relato del Ejecutivo socialista, a través del Ministro de Justicia, Félix Bolaños.

De hecho, el Pleno del CGPJ considera que la modificación legislativa que ha llevado a los jueces y magistrados a manifestarse no se acomoda a la doctrina del Constitucional sobre las denominadas «pruebas restringidas» pues, por una parte, «el proceso extraordinario de estabilización rebaja considerablemente los requisitos ordinarios para acceder a las carreras judicial y fiscal por el turno libre o por el denominado 'cuarto turno', menoscabando con ello el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas» que garantiza la Constitución.

En sentido contrario a lo anterior, el Consejo ha aprovechado para «reconocer a los integrantes del Poder Judicial los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación» de las oposiciones convocadas hasta la fecha, así como «su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables».