El Gobierno asume que no habrá legislatura hasta que Puigdemont vuelva: «Está desesperado»

«¿Cuál es el plan del Gobierno después de que Míriam Nogueras haya rechazado su mano tendida?», le preguntó la prensa a Pedro Sánchez en un corrillo tras el acto conmemorativo de la Constitución. El presidente se quedó un momento pensativo y respondió con una única palabra: «Perseverar».

El Ejecutivo no tiene más plan que seguir llamando a la puerta de Junts hasta que le abra, y asume con resignación que Carles Puigdemont no se lo va a poner fácil. Porque al prófugo de Waterloo se le ha agotado la paciencia, cuentan en la Moncloa. «Está desesperado por volver. Y Junts hace la lectura de que están perdiendo votos porque Puigdemont no está», resumen.

Ese y no otro es, según la lectura del Gobierno, el gran impedimento para que el PSOE y los independentistas recompongan su relación. Hasta que Puigdemont regrese, el Ejecutivo se conforma con ir parcheando la situación, pasando pantallas sin dejarse todas las vidas. De momento, en el Pleno del próximo jueves, Junts tumbará por segunda vez, y definitiva, la senda de estabilidad del Ministerio de Hacienda. Pero, en paralelo, votará a favor de la convalidación de los tres reales decretos leyes que llegan a la Cámara Baja.

Uno contiene ayudas para los afectados por el volcán de La Palma; otro articula la subida del sueldo a los funcionarios; y el tercero lleva medidas exigidas por Junts (una transferencia pendiente, la autorización a los ayuntamientos y comunidades para gastar el superávit de 2024 y aplazamiento de un año en la entrada en vigor de Verifactu). María Jesús Montero dio ayer por segura la convalidación de los tres. Una cosa menos.

Sin respiro

Sin embargo, la vicepresidenta primera no tendrá respiro. Ante la falta de Presupuestos de 2026, antes de que acabe el año el Gobierno debe prorrogar varias medidas del llamado «escudo social» que ha ido alargando semestral o anualmente, porque si no decaen. Como la moratoria antidesahucios para las familias vulnerables. Y de nuevo Junts es clave, mientras los socios de izquierdas asisten con desconfianza -y ciertos celos- a la ceremonia del cortejo de la derecha independentista catalana.

A Sánchez los periodistas también le pidieron este sábado que diera una estimación de la fecha en la que Puigdemont podrá regresar sin ser detenido. Pero el presidente no quiso responder. Por lo pronto, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido tiene pendiente pronunciarse sobre una petición del líder de Junts para que el TC suspenda cautelarmente la orden de detención que mantiene contra él el juez del Supremo Pablo Llarena. Se especulaba con que pudiera ir a un Pleno del Constitucional en diciembre, pero fuentes del mismo explican que solo queda uno este mes y ese asunto no estará en el orden del día, ya cerrado. Irá en enero, pero es que además ese recurso tiene todos los visos de ser rechazado.

Otra cosa es que, más adelante, el TC resuelva favorablemente para el Gobierno el recurso de amparo de Puigdemont contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación; después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avale la ley de la amnistía, siguiendo el camino marcado por su abogado general a mediados de noviembre.

Ese es el esquema que maneja la Moncloa para el primer semestre del año. O para el primer cuatrimestre, según las previsiones más optimistas. En cualquier caso, el Gobierno no va a esperar hasta entonces, o eso sostiene la vicepresidenta Montero, para aprobar los Presupuestos de 2026 en Consejo de Ministros en febrero y enviarlos al Congreso para su negociación. Es la indicación que le ha dado Sánchez a su vicepresidenta Montero (también, presentar ese mes a las comunidades un nuevo modelo de financiación autonómica).

No es que el presidente esté dispuesto a asumir el desgaste de que la Cámara Baja rechace sus cuentas públicas, sino que él ni siquiera lo ve así. No ve que sería como perder una cuestión de confianza. Cree, según la conversación mantenida con los periodistas, que los perjudicados políticamente serán quienes voten en contra de unos Presupuestos que ya se intuyen muy generosos en cuanto a gasto social. Y que él saldrá fortalecido.

Pagado ese peaje, en el Gobierno piensan que luego ya, una vez que Puigdemont vuelva a España, sí habrá oportunidad de sacar adelante las cuentas públicas y vivir de esa renta y de los fondos europeos, lo que quede de legislatura. «Paciencia», recetó ayer Sánchez, que enumeró entre sus objetivos de aquí a 2027: normalizar la situación en Cataluña (es decir, que vuelva Puigdemont), ejecutar los fondos europeos y avanzar en derechos sociales frente a los recortes de «la derecha y la ultraderecha». Según él, la legislatura está siendo «muy complicada» y, a pesar de ello, el Gobierno ha ido ganando todas las batallas importantes. Siempre presume de optimista y este sábado lo hizo más si cabe en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

No obstante, en los cálculos que dio el presidente este sábado faltan dos variables: la judicial, con la Audiencia Nacional investigando las cuentas del PSOE, Ábalos en la cárcel y con sed de venganza, su fiscal general condenado, su hermano a unos meses de ser juzgado y su mujer investigada por cinco delitos; y la electoral, con malos pronósticos para el PSOE en Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Aragón.

Sánchez sostiene que el PSOE es hoy la primera fuerza política en intención de voto a nivel nacional, cuando ni siquiera lo fue en las elecciones de 2023. Por momentos, su conversación con los periodistas se pareció a un pasaje del Ensayo sobre la ceguera de José Saramago: «Ciegos que, viendo, no ven».