La ‘omertá’ impuesta por Moncloa da alas al juez Peinado en su acusación a Bolaños por Begoña

El juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que instruye la causa relacionada con los negocios de Begoña Gómez, ha solicitado al Supremo que investigue al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños por un delito de malversación y otro de falso testimonio por las declaraciones que efectuó cuando fue citado como testigo al respecto de la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. En concreto, señala que «no contestó» a sus preguntas «con la verdad de lo que conocía» sobre el proceso y las condiciones de la contratación de Álvarez, que asesoraba a la esposa del presidente no solo en sus labores protocolarias, sino también para sus propios negocios vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, lo que sustenta los indicios de la existencia de una posible malversación.

Bolaños se ha desentendido del nombramiento de la asesora, y en su declaración del pasado 16 de abril, bajo juramento por su condición de testigo, manifestaba ante el juez Peinado que el nombramiento de Cristina Álvarez lo realizó Raúl Díaz Silva. Éste lo negó en dos ocasiones al ser citado como testigo y bajo juramento, lo que ha llevado a calificar la actitud del Notario Mayor del Reino como «totalmente proterva» y por ello eleva en su exposición razonada ante el Tribunal Supremo para que la Sala Segunda del alto tribunal le investigue por un delito de malversación y otro de falso testimonio.

Moncloa, cómplice de Bolaños: incurre en desobediencia y se niega a mostrar quién nombró a la asistente de Begoña Gómez

De hecho, tal y como ya publicó en exclusiva este periódico, el Gobierno ha intentado esconder algunos de los gastos de Begoña, como el de la contratación de su propia asesora, pese a que percibe un salario público. En concreto, Presidencia del Gobierno negó por escrito en julio de 2024, a través de un documento firmado el día 16 por la directora del Departamento Jurídico de La Moncloa, Beatriz Rodríguez Pérez, que su pareja se sirviera de recursos públicos para fines privados, con una elocuente frase: «No existen más gastos (…) que los derivados de la función de seguridad».

De esta manera, obviaba la existencia de la asesora y por tanto, del gasto que se desprende de su salario, una cuantía que el Gobierno oculta desde hace casi un año pese a que, Presidencia debería haber remitido a este periódico el «importe de las retribuciones abonadas desde su nombramiento hasta la actualidad, desglosando los conceptos y anualidades», además de una «copia de la documentación donde consten las funciones a desempeñar, justificación de la contratación y copia de la resolución de nombramiento como asesora», tal y como ordenaba el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su resolución 0002/2025 de 3 de enero.

De hecho, pese a los reiterados requerimientos enviados por el organismo independiente, Presidencia siempre se ha negado a cumplir. Tras el último requerimiento efectuado por los servicios jurídicos de este periódico, Moncloa enviaba el pasado 26 de mayo un nuevo documento en ejecución de la resolución del CTBG que venía desobedeciendo, para una vez más echar tierra sobre el asunto y negarse a entregar a este periódico tal información.

En concreto, la directora del Departamento Jurídico de La Moncloa, Beatriz Rodríguez Pérez, se negaba a aportar la resolución de nombramiento de la asesora investigada e informar acerca del salario y las funciones de Álvarez con el pretexto de que «la información solicitada forma parte de un procedimiento judicial penal que se sustancia el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, remitida en Diligencias previas 1146/2024».

Según fuentes jurídicas personadas en el procedimiento, «Moncloa incurre en fraude de ley; lleva meses desobedeciendo una orden ejecutiva que no recurrió en el juzgado; ahora, seis meses después, dice que cumple incumpliendo lo mandado, usando una causa penal que en el momento en que este periódico obtuvo el amparo del CTBG, no figuraba como imputada la polémica secretaria personal de la mujer del presidente Sánchez, cuyo sueldo pagamos todos los españoles», afirman.

Cristina Álvarez recalcó en el tribunal, en su declaración como testigo el pasado 20 de diciembre, que fue Gómez quien la llamó personalmente para hacerle una oferta de trabajo con el objeto de asistirla en asuntos oficiales y privados, algunos lucrativos.

De ahí que ahora Bolaños esté a un paso de ser investigado por el Tribunal Supremo, pues los mismos documentos relativos a su nombramiento, actividad y salario de Álvarez son los que sustentan la posible imputación del ministro de la Presidencia. El Gobierno los mantiene en secreto, desobedeciendo una orden firme que no recurrió en los juzgados, con el pretexto de «proteger las actuaciones judiciales» de un magistrado al que señala y critica de forma reiterada.

La opacidad de Moncloa pone en jaque a un alto cargo de Sánchez

El obstruccionismo de Moncloa es algo que ha venido denunciando de forma reiterada este periódico. Desde la Secretaría General de Presidencia, su directora jurídica desobedece una y otra vez las órdenes del Consejo de Transparencia. Esta contumaz desobediencia ha sido denunciada ante Presidencia del Gobierno el pasado 17 de junio, al señalar que tales incumplimientos traspasan «los límites del ilícito administrativo y convirtiéndose en una infracción penal, como reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo», pues, además, «la reiteración en el incumplimiento, puede ser constitutivo de un delito de prevaricación».

Del mismo modo, esta conducta también se ha puesto en conocimiento del propio Consejo de Transparencia, pues incumple de forma reiterada «sus obligaciones, acumulando retrasos, falta de cumplimiento de resoluciones del CTBG y ejecuciones incompletas y contrarias a la Ley».

Por ello, se ha solicitado al Presidente del Consejo «que inste el procedimiento sancionador establecido en la Ley contra Beatriz Rodríguez Pérez, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno por incumplimiento de las obligaciones legales que como Alto Cargo tiene».