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Begoña Gómez y Cristina Álvarez en el Congreso de los Diputados durante la investidura de Sánchez en 2019

Begoña Gómez y Cristina Álvarez en el Congreso de los Diputados durante la investidura de Sánchez en 2019El Debate

Investigación

La imputación de la asesora de Begoña pone en jaque a Sánchez tras esconder que Moncloa le paga

Presidencia del Gobierno ha negado sufragar los gastos derivados de la actividad profesional de Begoña Gómez. Ahora su asesora personal ha sido imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios

El juez Peinado ha imputado a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que fue contratada para trabajar como asistente de Begoña Gómez, tal y como ella misma reconoció en su testifical del pasado mes de diciembre. Por ello, el instructor considera que se puede deducir su «participación» en la causa en la que se investiga a la esposa del jefe del Ejecutivo, pues sus labores solicitando fondos y respondiendo correos relacionados con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía Gómez podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios. Un nuevo escenario procesal que deja en una situación muy comprometida al presidente del Gobierno, pues lleva meses escondiendo, precisamente, los motivos por los que se contrató a Álvarez y el salario público que la asesora percibe por ello. Previamente, desde Moncloa se falsearon los gastos públicos relacionados con la contratación de la secretaria de la mujer del presidente. Presidencia no reconoció ningún otro gasto relacionado con Begoña Gómez salvo los de su seguridad, tal y como ya adelantó este periódico.

Y en este escenario, en el que la asesora de Begoña Gómez se convierte en un nuevo eje sobre el que giran las investigaciones sobre los negocios que ha realizado la esposa del presidente desde Moncloa, Presidencia debería haber remitido a este periódico el «importe de las retribuciones abonadas desde su nombramiento hasta la actualidad, desglosando los conceptos y anualidades», además de una «copia de la documentación donde consten las funciones a desempeñar, justificación de la contratación y copia de la resolución de nombramiento como asesora».

Sin embargo, pese a que ya se ha cumplido el plazo previsto para ello, Moncloa no lo ha hecho aún, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha enviado un nuevo requerimiento, reiterando la necesidad de cumplir con su resolución 0002/2025 de 3 de enero, que así lo ordenaba.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha enviado un nuevo requerimiento a Moncloa para que informe a El Debate sobre el sueldo de la asesora de Begoña Gómez

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha enviado un nuevo requerimiento a Moncloa para que informe a El Debate sobre el sueldo de la asesora de Begoña GómezEl Debate

Y es que, pese a que la esposa del presidente del Gobierno no ostenta cargo público, tiene una asesora a su servicio que, además hizo las veces de secretaria personal para sus negocios y precisamente por ello, el magistrado ha modificado la situación procesal de Álvarez, pasando de testigo a investigada, citándola, de nuevo, para declarar a las 9.30 horas del próximo 28 de febrero.

Sin embargo, tal y como ha publicado El Debate, Presidencia siempre negó que destinase recursos públicos a las actividades de Begoña Gómez, ignorando las retribuciones que se han abonado a Álvarez. Los documentos que Moncloa debe entregar a El Debate como resultado de su investigación serían la prueba de que Presidencia del Gobierno ha mentido a sabiendas en el escrito del pasado mes de julio, en el que la directora del Departamento Jurídico de La Moncloa, Beatriz Rodríguez Pérez, aseguraba que «no existen más gastos (…) que los derivados de la función de seguridad». Según los juristas consultados por este periódico, «podríamos encontrarnos ante una conducta de clara tipicidad penal, al tratarse de un posible delito de falsedad en documento público en concurso con uno de prevaricación».

De hecho, la realidad es bien distinta como se ha ido evidenciando en cada una de las pruebas y testimonios que han visto la luz en el marco del proceso judicial en el que está envuelta la mujer del presidente y que han terminado con la imputación de la asesora, y por las que el juez ya ha solicitado a la UCO el registro de llamadas telefónicas recibidas y realizadas por Álvarez, «desde su nombramiento hasta el día de hoy».

En concreto, el magistrado ha solicitado las comunicaciones con números vinculados al empresario con el que Sánchez se reunió en Moncloa, y que también está imputado Juan Carlos Barrabés, y su grupo empresarial, con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y «con cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en las que participó la señora Gómez».

El magistrado se refiere al tráfico de llamadas telefónicas con el Instituto de Empresa, el IE-Africa Center, la Organización Mundial del Turismo (OMT), Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros Fundación Caixa, Fundación Manpower o Arsys Internet, tanto desde su teléfono móvil personal como desde el que tuviera asignado por parte de Moncloa.

Y es que, fue la propia Cristina Álvarez la que explicó al juez que fue Gómez quien la llamó personalmente para hacerle una oferta de trabajo con el objeto de asistirla en asuntos oficiales y privados, puesto que conocía a la esposa de Pedro Sánchez desde hacía tiempo, y que su trabajo era llevar la agenda completa de Gómez.

Esta agenda incluía también lo relativo a su actividad laboral, pues El Debate ya publicó los correos que mandaba y recibía la asesora de Gómez con el objetivo promocionar y conseguir financiación para la cátedra y el máster que dirigió en la Universidad Complutense, algunos de ellos, con el dominio «@presidencia.gob.es» y el logo de Presidencia del Gobierno, hechos de los que, según el magistrado se podría deducir su «participación».

De hecho, durante su testifical, el juez preguntó a la asesora por el correo que consta en el sumario de la causa en el que se refleja que trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando su cátedra, excusándose en que Gómez se lo pidió como un «favor» y que ella hizo la gestión porque es su «amiga».

Unos hechos que han llevado a Álvarez a colocarse como una más de las investigadas en este caso, mientras que Presidencia sigue callando acerca de sus funciones reales y un salario público que estaría cobrando por realizar trabajos presuntamente ilegales.

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