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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El dinero opaco de Venzuela

El abogado de la trama Zapatero recibió un préstamo de Bahamas para comprar un piso de 1,7 millones en el centro de Madrid

La vivienda, situada frente al Parque del Retiro, ronda los 300 metros cuadrados y consta de 5 dormitorios, 3 baños, plaza de garaje, trastero y unas vistas privilegiadas

Una céntrica calle de Madrid con vistas al Parque del Retiro, pulmón en el corazón de Madrid, un piso de lujo y un préstamo por valor de 1 millón de euros, formalizado en Bahamas, concedido a un abogado español para comprar una vivienda valorada en 1,7 millones. Estos son los ingredientes de una operativa de 'lavado' de dinero opaco del chavismo que inyectó importantes cantidades a los miembros de una trama internacional -presuntamente, «liderada» en la sombra por José Luis Rodríguez Zapatero- para que, en función de su papel, contribuyesen a aflorarlos, legalmente, con todo tipo de maniobras irregulares.

Así las cosas, en el sumario del 'caso Plus Ultra' que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, se hace constar la existencia de un préstamo de un millón de euros que se formalizó en Bahamas, y se transfirió al abogado español Miguel Palomero para comprar una vivienda, ubicada en la calle Menéndez Pelayo de Madrid.

De acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024, y tal y como más tarde consta acreditado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, las pesquisas afloraron una transferencia procedente de la cuenta bancaria de Gilberto Morales Reverón, alias 'Morales', a otra cuenta cuenta del Banco Sabadell de la que es titular Palomero, para la adquisición del inmueble descrito. Un piso exterior que ronda los 300 metros cuadrados, con cinco dormitorios, tres baños y unas vistas privilegiadas de la capital desde un amplio balcón acristalado que, casi, ocupa la totalidad de la fachada.

Vista exterior de la fachada del edificio en el que se ubica el piso, presuntamente, adquirido por el abogado Palomero, en Madrid

Vista exterior de la fachada del edificio en el que se ubica el piso, presuntamente, adquirido por el abogado Palomero, en MadridEl Debate

Palomero es, para los investigadores, el abogado que se sienta en dos de las 'mesas' más relevantes de la supuesta trama: por una parte, la del polémico rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra, con el visto bueno de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); y, por otra, la del presunto blanqueo en España del oro procedente de Venezuela, durante el mandato de Nicolás Maduro.

De hecho, tan y como consta en el expediente judicial al que ha tenido acceso El Debate, la Fiscalía española sitúa al letrado como administrador de varias sociedades del entramado con vínculos internacionales. No en vano, presuntamente, existirían lazos en la actividad profesional de éste y los intereses de los hermanos Enrique y Felipe Baca Arbulu, ambos empresarios peruanos bajo sospecha por sus nexos con la supuesta «organización criminal» y uno de los cuales fue detenido por orden del magistrado instructor en la isla de Aruba. Pero, conectaría con el también inversor y testaferro de la red en Holanda, Simon Leendert Verhoeven quien podría haber llegado a vender varias toneladas de oro, por valor de 30 millones de euros, a una de las sociedades pantalla constituidas en Dubái; y, se sumaría a las operaciones del bróker venezolano Danilo Diazgranados.

Este último que, de acuerdo con el resultado de las averiguaciones preliminares, mantenía una estrechísima relación personal y económica con el ex presidente Zapatero, al que se refería como «el Zorro», «Z» o «ZZZZZ se apoyaría en Palomero como su brazo ejecutor en España.

En definitiva, los agentes de la UDEF consideran que Diazgranados, a través del letrado, buscaba acceder a contactos en las más altas esferas de nuestro país, influir en ellos y conseguir sus objetivos, a cambio de los correspondientes 'sobornos', «favores» y «gratificaciones» a, entre otros, «el comisario de Barajas Jesús María Gómez» que estaba la noche en la que Delcy Rodríguez aterrizó, pese a los vetos europeos, en nuestro país.

Cabe recordar que fue una conversación entre ambos, Palomero y Diazgranados, la que precipitó la detención de ambos y, con ello, la caída del propio Zapatero, hoy formalmente imputado en la Audiencia Nacional. En la comunicación, interceptada en un chat de Signal -pese a que es una aplicación encriptada para proteger los contenidos-, se hablaba de los 'enjuagues' necesarios para poner en circulación legal el dinero 'B' del chavismo.

En dicho chat que compartían los dos investigados, identificado bajo el título 'Danilo - España', los agentes de la UDEF pudieron comprobar cómo Palomero era el encargado de los negocios del empresario venezolano en nuestras fronteras. De tal manera que la adquisición de la vivienda que han aflorado las investigaciones es, a ojos policiales y judiciales, una evidencia palpable de cómo el ladrillo era uno de los mecanismos empleados por ambos, y por la mayoría de los integrantes de la trama, para incrementar su patrimonio personal a partir de fondos de procedencia ilícita de la trama a los que, con esta fórmula, daban apariencia de legalidad.

Plano de la vivienda, supuestamente, comparada en Madrid por el abogado de la organización y mano derecha del empresario venezolano Danilo Diazgranados

Plano de la vivienda, supuestamente, comparada en Madrid por el abogado de la organización y mano derecha del empresario venezolano Danilo DiazgranadosEl Debate

Las escuchas entorno a ambos hombres, y los resultados interceptados en las mismas, llevaron a la Audiencia Nacional a retomar, hace año y medio, el caso del abogado Palomero por 'lavado' de divisas venezolanas, a partir de una denuncia de Anticorrupción, presentada el 21 de octubre de 2024.

Fue, en dicha fecha, cuando el fiscal asignado al caso en la AN pidió al Juzgado Central de Guardia que abriese diligencias previas por un supuesto delito de blanqueo de capitales perseguido en el artículo 301 de nuestro Código Penal. reclamar a la juez inicial de la causa, Esperanza Collazos, toda la documentación que se había presentado, en primera instancia, y que resultó archivada por un defecto de forma, instado por la fiscal, afín al círculo del entonces jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz.

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