El delito que «compromete la paz o la independencia» de España y que investiga la jueza por el asalto a Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado investigar penalmente el asalto de 80.000 inmigrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. La magistrada asegura que «nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta».

En este contexto, el auto de la jueza acuerda investigar los hechos al tratarse de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

«Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos: en la actitud que se advierte en los diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, profusamente documentadas en el informe mediante la incorporación de las imágenes (fotografías y vídeos) que son, por otra parte, las que se han difundido, y aún se están difundiendo en la actualidad», sostiene la resolución.

«La paz o la independencia del Estado»

Según ha explicado la Audiencia Nacional, la magistrada relata que los hechos, en un examen provisional, encajan en un delito que compromete la paz o la independencia del Estado, recogido en el artículo 590.1 inciso 2º del Código Penal.

Este precepto destaca que «el que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario, y de cuatro a ocho si no lo es». En este caso, la jueza enmarca los hechos ocurridos en Ceuta en la segunda parte del tipo penal, ya que no ha habido una declaración de guerra contra España.

Además, el auto manifiesta que se trataría de un delito cometido en el extranjero, por lo que sería competencia de la Audiencia Nacional en virtud del artículo 23 3ª) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): «Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado».

Por su parte, la Audiencia Nacional ha concretado que el asalto masivo podría englobarse en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis 1 y 3 en conexidad con los delitos de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal respecto de 83 fallecimientos acreditados por el momento en aguas españolas, y también otro de organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal. Este último se habría cometido en el extranjero donde operan mafias y organizaciones criminales.