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Tres inmigrantes junto al nuevo campamento, en el puerto de Ceuta

Tres inmigrantes junto al nuevo campamento, en el puerto de CeutaEFE

Del 1 de julio al 1 de agosto

El Consejo de Ministros desclasificará este martes los informes de Ceuta empeñado en que no hubo avisos

El Gobierno ha seguido sosteniendo que no iba a ciegas incluso después de conocerse un documento de la Policía Nacional fechado el 29 de julio que hablaba de «riesgo extremo» de las entradas a nado

El Consejo de Ministros desclasificará en su reunión de este martes los informes referidos a la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio. Ello después de que, el pasado jueves, Pedro Sánchez se comprometiera a hacerlo en aras de la «transparencia», según el presidente.

No obstante, lo que persigue es apuntalar su tesis de que al Gobierno no llegaron avisos previos sobre lo que se cernía sobre la ciudad autónoma, más allá de algunos «informes de situación», como los ha venido en llamar el Gobierno. Sin embargo, un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (CENIF) emitido el 29 de julio –la víspera del asalto masivo–avisaba del «riesgo extremo» de las «entradas a nado + salto a la valla de forma coordinada» en la jornada del 30 de julio en Ceuta y Melilla. Y también hubo avisos del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

La semana pasada, en su comparecencia en el Congreso, Sánchez recriminó a esa unidad policial tanto aquel documento como el que sus agentes elaboraron para la jueza María Tardón sin enseñárselo a los superiores, y en el que apuntaban directamente a la Gendarmería marroquí. «Tenemos que entender por qué el CENIF no remitió ninguna nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. Por qué no se compartió con sus superiores ni con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado por parte de una jueza y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado», afirmó, encogiéndose de hombros. «Esto también tendrá que explicarse», avisó. O amenazó, más bien.

Con todo, el auténtico problema para el Ejecutivo no es la información que va a desclasificar, no sin antes haberse asegurado de que no compromete su versión, sino la investigación de la Audiencia Nacional. Precisamente este lunes, la magistrada que abrió las primeras diligencias a petición de Iustitia Europa, decidió asumir la causa por haberse producido «una violación masiva de la soberanía territorial de España».

Los documentos abarcarán entre el 1 de julio y el 1 de agosto, según fuentes gubernamentales. Y, supuestamente, todos los estamentos: desde la Policía Nacional al CNI, pasando por la Guardia Civil y la inteligencia militar. Estarán disponibles a partir del miércoles. La anterior desclasificación masiva que hizo el Gobierno fue el pasado febrero, con motivo del 45 aniversario del 23-F. Hizo públicos 167 documentos sobre el fallido golpe de Estado.

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