El juez Peinado pide al Supremo que impute a Bolaños por malversación y falso testimonio en el caso Begoña

El juez Juan Carlos Peinado –instructor del caso que se sigue contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por varios delitos de corrupción– ha enviado una exposición razonada al Supremo pidiendo investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un delito de malversación y otro de falso testimonio. Y, que al mismo tiempo, se le requiera «cuanta documentación» posea sobre los hechos objeto de investigación en la pieza separada que versa sobre las posibles irregularidades cometidas en la actuación de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez.

En el escrito de 34 páginas elevado a la Sala Segunda del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso El Debate, el magistrado considera que «la competencia para continuar la instrucción de la causa para el total esclarecimiento de los hechos recogidos» en la pieza relativa a la contratación de la ayudante de la mujer de Pedro Sánchez que, presuntamente, intervino en sus actividades profesionales particulares desde La Moncloa, «podría corresponder» al Supremo.

Y ello, «ante la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencia de investigación que afectasen de manera directa al aforado don Félix Bolaños García, todo ello por si V.E considera que de la misma resulta posible que se deriven indicios de responsabilidad penal» del mismo por los dos ilícitos referidos.

Un testimonio falso, si induce a error al juez o tribunal ante el que se presta y es valorado como verdadero, provoca una resolución injusta (...) razón por la que, en una sociedad democrática, es tipificado como delito

En relación con el delito de falso testimonio, recogido en el artículo 458 del Código Penal, el juez Peinado aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), se refiere a «la declaración falsa, consciente y deliberada, realizada por un testigo en un procedimiento judicial» que, a su juicio habría cometido el ministro Bolaños en su comparecencia del pasado mes de abril. Cabe recordar que, para que se cumpla el tipo, la conducta ha de producirse con dolo, es decir, con la intención de faltar a la verdad y no sólo abarcando las mentiras explícitas, sino «también las omisiones intencionadas que puedan alterar la verdad de los hechos».

Así las cosas, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sostiene que Bolaños «omitió con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas como testigo y bajo juramento».

Es decir, el titular de Justicia «no contestó» a sus preguntas «con la verdad de lo que conocía» sobre el proceso y las condiciones de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez que, de acuerdo con los indicios obrantes en las pesquisas, ejerció como secretaria de la mujer de Pedro Sánchez, ayudándole con sus negocios propios, pese a que sus funciones previstas, con cargo al erario, únicamente pasaban por prestarle soporte desde el punto de vista de los actos oficiales en los que debía acompañar a su esposo.

«La investigación, indiciariamente, permite concluir que doña Cristina Álvarez Rodríguez [...] ha realizado funciones de atención a Begoña Gómez Fernández de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario que pudiera tener por su condición de esposa del presidente del Gobierno, todo ello percibiendo retribuciones con cargo al patrimonio público», afirma el juez Peinado. De tal suerte que la contratación de ésta, en 2018, se produjo mientras Bolaños era el secretario general de Presidencia y, de ahí, las posibles responsabilidades penales que el magistrado ha pedido al Supremo que investigue, dada la situación de aforado del hoy ministro.