La legislatura acelera su declive con la condena a un Sánchez y la derrota de la senda de déficit

Para el Gobierno de Pedro Sánchez ya solo hay días malos y días peores, y este martes fue de los segundos. Irónicamente, con el presidente de celebración en París; asistiendo a los fastos de la Fiesta Nacional francesa. El Ejecutivo encajó un doble golpe judicial y parlamentario que acelera el declive de la legislatura. Y que deja a los socialistas solo esperando a que el mes de agosto les dé un respiro. Pero a este julio aún le quedan dos semanas.

La jornada empezó en la Audiencia Provincial de Badajoz con la condena al hermano de Sánchez y terminó en el Congreso con la derrota de la senda de estabilidad del Ministerio de Hacienda con 167 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones, y otra derrota de propina: la derogación del sexto decreto ley en lo que va de año, uno de RTVE, por 172 votos a 178. Un récord sin precedentes en toda la democracia. Ésa que, según los socialistas, está en peligro por culpa de que tres magistrados han considerado probado que David Sánchez se lucró con un puesto de alta dirección diseñado ad hoc para él.

Pero el Gobierno acabó el día igual que lo comenzó. E igual que el día antes, la semana antes y el mes antes: poniendo a España por testigo de que Sánchez jamás se rendirá. Reduciendo todo a una lucha del bien contra el mal, de los buenos contra los malos. Con la inestimable ayuda de sus socios. Lejos de recriminar al presidente el enchufe probado de su hermano, o su incapacidad para aprobar la mera senda de estabilidad -que ni siquiera los Presupuestos-, lo que Gabriel Rufián pidió ayer al presidente fue que meta mano a la Justicia: «Adecentar al poder judicial debería ser prioritario», escribió el portavoz de ERC en el Congreso en X.

Como si eso no lo hubieran intentado ya los socialistas. Han intentado cambiar el acceso a las carreras judicial y fiscal con el pretexto de su «modernización», provocando protestas históricas de la Judicatura. Y han intentado prohibir ejercer la acusación popular a partidos y sindicatos y quitar la instrucción de las causas penales a los jueces para dárselas a los fiscales. En ambos casos, los proyectos de ley que llevaron al Congreso en 2025 se toparon con el muro de la oposición y de Junts: el proyecto de ley orgánica para modificar de una tacada la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La sentencia del hermano no es la primera ni la segunda, sino la tercera que afecta al presidente, tras las dictadas por el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado y contra el exministro José Luis Ábalos. El también ex secretario de Organización del PSOE llegó a ser como parte de la familia para Sánchez, pero es que su hermano directamente lo es. Un Sánchez Pérez-Castejón condenado. Y después de él puede venir la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de enviar a juicio a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Y tal vez la citación del presidente como testigo en el caso Leire, en el de la financiación del PSOE... o en ambos.

El Gobierno solventó la sentencia con brochazo grueso, máxime después de que el tribunal no considerara probado el tráfico de influencias ni, por tanto, la influencia del ahora presidente en la contratación de su hermano: es «una condena injusta y sin pruebas a un inocente», «una persecución a la familia del presidente», «una causa política»… el repertorio de ministros y dirigentes socialistas fue todo en la misma dirección. Ahora afirman confiar en que «instancias superiores» correjirán esa sentencia, que es lo mismo que dijeron cuando la jueza Beatriz Biedma cerró la instrucción.

La magistrada pacense fue objetivo preferente de las cloacas del PSOE, como también el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que declaró como testigo en el juicio y a quien, según Leire Díaz, había que «matar». Los informes de la Unidad Central Operativas han sido claves para esta condena, que al menos sí ha satisfecho a Unidas por Extremadura (la marca local de Podemos). Su portavoz, Irene de Miguel, valoró «positivamente» las penas para acabar con los «enchufes»: «En esta tierra, el clientelismo y el caciquismo son una enorme lacra que afecta a mucha gente», zanjó. Cabe recordar que fue Podemos el que, en 2017, denunció la plaza del músico y acusó al PSOE de ser «una agencia de colocación de amiguetes»; y no Manos Limpias, como repiten machacona y falsamente los socialistas.

La jornada terminó en el Congreso con dos derrotas, una más prevista que la otra. Cayó la senda de estabilidad, aunque el ministro de Hacienda negó que fuera tal: «Hoy no se vota una victoria ni una derrota del Gobierno. Hoy se decide si las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán más recursos, más estabilidad y más capacidad para financiar los servicios públicos, o si se renuncia a un margen fiscal de 5.849 millones de euros. Ese es el verdadero debate», señaló Arcadi España en la tribuna de oradores.

Y cayó el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo para impedir que RTVE tenga que asumir una deuda de mil millones de euros por impagos en el IVA entre 2015 y 2025 si los tribunales fallan en su contra (está pendiente de una resolución judicial). Junts bajó el pulgar también en esto. Por el contrario, fue convalidado el real decreto ley que inyecta en el sistema de dependencia 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027.

El Gobierno mantendrá, aun así, la ficción presupuestaria, porque el presidente ha decidido que las cuentas públicas de 2027 son su banderín de enganche electoral. El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará nuevamente los mismos objetivos de deuda y déficit públicos y, el jueves 23, los someterá de nuevo a votación en el Pleno. Con idéntico resultado. Pero, como dice el Gobierno de los relatos y los eslóganes: al hermano de Pedro Sánchez lo condenan por ser el hermano de Pedro Sánchez y la derrota de la senda de estabilidad no es una derrota del Gobierno, sino un fracaso para las comunidades y ayuntamientos.