El Constitucional más sesgado en 45 años blanquea la amnistía y se dispone a acabar su trabajo

El día en que el Congreso aprobó definitivamente la ley de amnistía, el 30 de mayo de 2024, la portavoz de Junts estaba exultante en el atril: «Esta ley no es perdón ni clemencia, es victoria», se jactó Míriam Nogueras. Ganaron entonces en las Cortes por un exiguo margen de cinco votos, 177 a 172; y ayer volvieron a ganar en un Tribunal Constitucional partido en dos, por 6 a 4.

Nunca una sentencia del máximo intérprete de la Carta Magna había sido tan previsible como la que introduce a martillazos la amnistía a los sediciosos del procés en el texto constitucional, con un argumento ampliamente discutido entre los juristas: «El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», según la ponente, Inmaculada Montalbán.

No obstante, hay algo entre las 205 páginas del documento que no tiene discusión posible: el porqué de esta ley es «jurídicamente indiferente», puesto que solo obedece a «criterios de oportunidad política», escribe Montalbán. Que es tanto como reconocer que su razón de ser son los siete votos de Junts que Pedro Sánchez necesitaba para ser investido presidente. Por más que, en la exposición de motivos de la norma, los socialistas aseguraran que su afán era «el interés general», como también «garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho» y servir «de base para la superación de un conflicto político».

Hace dos meses, Cándido Conde-Pumpido dio una conferencia en el Ateneo de Madrid en la que afirmó estar «muy preocupado» porque sectores políticos -en alusión a la oposición- y el Tribunal Supremo estaban torpedeando la imagen de un TC que tiene en plantel al que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero -él mismo-, a un exministro de Justicia de Pedro Sánchez y a una ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños. «Cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución. Cuestionar la legitimidad del Constitucional para dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es cuestionar el sistema democrático», avisó entonces.

Este jueves, el TC vino a dar la razón a quienes habían apostado a que el resultado de la votación estaba decidido de antemano. Pero cuando Alberto Núñez Feijóo empezó a dudar en público de la imparcialidad de este Constitucional, el Gobierno puso el grito el cielo por la «extrema gravedad» de sus palabras. Ayer, el líder del PP denunció: «Esta amnistía es una vergüenza y una corrupción política, diga lo que diga el Tribunal Constitucional». E Isabel Díaz Ayuso lo secundo: «La amnistía es impunidad. Destrucción del Poder Judicial. Se blanquea la corrupción de Estado. Acaba con la seguridad jurídica. Criminaliza la vida política y desmoraliza la sociedad». Madrid y el resto de las comunidades del PP presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la ley, como también Castilla-La Mancha. Y el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantearon cuestiones de inconstitucionalidad.

Con la sentencia del Constitucional recién salida del horno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el presidente de la Generalitat, Junts y ERC se apresuraron a exigir al Tribunal Supremo que aplique de una vez la amnistía a Puigdemont. Puesto que el criterio del alto tribunal es que la malversación que cometieron el fugado y también Oriol Junqueras les proporcionó un beneficio y, por lo tanto, no es amnistiable (el enriquecimiento personal y el beneficio patrimonial son los dos supuestos excluidos). «Dijimos que la ley de amnistía entraba constitucional y salía constitucional, el Estado de Derecho funcional», se felicitó Félix Bolaños en una declaración en el Congreso.

Pero les falta Puigdemont para la felicidad completa. Su lugarteniente en Junts, Jordi Turull, pidió al Constitucional que utilice sus «mecanismos coercitivos» para obligar al Supremo a aplicarla. Ellos, que en 2017 ignoraron sistemáticamente los requerimientos que el TC les envió después de la aprobación de las llamadas leyes de desconexión en el Parlamento de Cataluña. Pero, de entrada, los de Conde-Pumpido aún tienen que analizar los recursos de los condenados y procesados. Les queda terminar el trabajo que han empezado, y lo harán.

El camino de la amnistía

«Es una magnífica noticia para España, para la convivencia y para la coexistencia», señaló ayer Sánchez desde Bruselas. El camino de la amnistía empezó en el verano de 2023. El 19 de agosto de aquel año, El País tituló, dos días después de la constitución de las Cortes: Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al procés. A partir de ahí empezaron semanas de evasivas, eufemismos y algunos silencios clamorosos por parte de los miembros del Gobierno y del PSOE. Hasta que Junqueras contó lo que los socialistas venían callando: que el pacto para la amnistía estaba cerrado desde el 17 de agosto, el día en que se constituyeron las Cortes -y, por lo tanto, la Mesa del Congreso-.

Desde el principio se vieron las intenciones del PSOE de eludir el Consejo de Ministros y a los órganos consultivos y tramitar la amnistía como proposición de ley. Además, por el procedimiento de urgencia. Inicialmente, los socialistas querían que llevara la firma de todos los grupos, pero al final la registraron en solitario el 13 de noviembre, dos días antes de que empezara el debate de investidura de Sánchez. Y un día después de que cientos de miles de españoles salieran a las calles de las capitales de toda España para protestar por la que la oposición llamó desde el principio «ley de impunidad». En Madrid hubo 80.000 personas, y eso según la Delegación del Gobierno.

A partir de ahí hubo meses de negociaciones entre el PSOE, Junts y ERC para ensanchar la ley de amnistía lo máximo. Los socialistas fueron saltándose sus líneas rojas una tras otra, hasta llegar a incluir parcialmente los delitos de terrorismo en el articulado. Tal fue la obsesión de Puigdemont por que la amnistía se le ajustara como un guante que Junts incluso tumbó la norma en el Pleno del Congreso del 30 de enero de 2024 para devolverla a la comisión y obligar al PSOE a renegociarla.

Además de la contestación social, la ley de amnistía acumuló cuatro informes negativos de los letrados de las Cortes (uno de ellos de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y los otros tres, de los del Senado), otro del Consejo General del Poder Judicial, pronunciamientos en contra de infinidad de juristas y objeciones de la Comisión de Venecia. Una vez aprobada y en vigor, los jueces tomaron la palabra. Y el chasco para Puigdemont fue mayúsculo. También llegaron los recursos de inconstitucional ante un TC que, este jueves, cerró el círculo de una sentencia política.