Ayuso invierte medio millón en una residencia para embarazadas mientras Sánchez trata de blindar el aborto en la Constitución

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez avanza en su pretensión de blindar el aborto en la Constitución española, el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso rema en dirección opuesta. El último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó una inversión de más de medio millón de euros para la gestión de una residencia destinada a mujeres gestantes o con hijos menores de seis años en situación de vulnerabilidad.

En concreto, Madrid va a destinar 518.000 euros a estas instalaciones, gestionadas por la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Se trata de un lugar que ofrece alojamiento, manutención, apoyo psicológico y un proyecto de intervención individualizado para lograr su reinserción social y laboral y una mayor autonomía económica y que en 2025 ayudó a 52 personas.

Además, este año el Gobierno madrileño tiene prevista la apertura del primer piso de gestión pública destinado a menores embarazadas que carezcan de apoyo familiar para sacar adelante a sus bebés. Un espacio que contará con ocho habitaciones, recientemente reformadas, y que cuenta con una inversión de 670.000 euros.

Una vez nazca el niño, las menores podrán permanecer en estas instalaciones hasta que estén en condiciones de regresar a sus entornos familiares, aunque también podrán vivir extuteladas, cuando ya sean mayores de edad, hasta lograr alcanzar una vida independiente.

En paralelo a estas políticas en favor de la maternidad y natalidad desplegadas por el Ejecutivo de Díaz Ayuso, en Moncloa se han fijado como objetivo incluir el aborto en la Carta Magna.

Precisamente, el próximo jueves el Consejo de Estado celebrará el Pleno en el que tendrá que dictaminar si, como pretende Sánchez, el aborto admite ser incorporado al ordenamiento como nuevo derecho, al hilo de la sentencia del Tribunal Constitucional que decretó, por mayoría, la protección agravada del derecho a la salud de la mujer reconocido en el artículo 43 de la Constitución.

El informe preliminar, que será debatido en el cónclave del órgano consultivo presidido por Carmen Calvo, del que se ha encargado la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, es conforme al anteproyecto del Ejecutivo. Si bien Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la Carta Magna, ha preparado un dictamen propio, opuesto al anterior, que planea presentar como voto particular opuesto a la maniobra con la que Sánchez, en realidad, estaría alterando un derecho fundamental como es el derecho a la vida, recogido en el artículo 15, tal y como ha publicado este periódico.

La propuesta, según sus detractores, implica una reinterpretación forzada del texto constitucional para dar cabida a un supuesto derecho al aborto que, sostienen, no figura como tal en la mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. Recuerdan, además, que la doctrina mayoritaria del Tribunal Constitucional ha establecido que el Estado tiene un deber positivo de protección del nasciturus, al que reconoce como bien jurídico protegido.

En este contexto, la Asamblea por la Vida –entidad que agrupa a más de un centenar de asociaciones en defensa de la vida, representadas por la ACdP y NEOS, entre otras– ha subrayado la trascendencia jurídica e institucional de la medida. La controversia se centra en el encaje constitucional elegido para llevar a cabo la reforma. Frente al artículo 15 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida de «todos», el Ejecutivo sanchista optaría por introducir la modificación en el artículo 43, relativo a la protección de la salud y de carácter prestacional. Con ello, se evitaría el procedimiento agravado previsto en el artículo 168 de la Constitución Española, que exige la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, recurriendo en su lugar al procedimiento ordinario regulado en el artículo 167.