La actitud de Yolanda Díaz tras su marcha en diferido empieza a causar problemas a Sumar

A Sumar se le va a hacer largo el año que le queda a Yolanda Díaz en el Gobierno, si es que Pedro Sánchez decide agotar la legislatura, que nada hace indicar lo contrario. Desde que la vicepresidenta segunda anunció hace dos meses que no repetiría como candidata, en una especie de marcha en diferido, está cada vez más desconectada de los suyos. Y va cada vez más por libre.

Díaz no fue a la presentación de la nueva alianza de los partidos que componen Sumar. Tampoco estuvo el domingo en el desembarco que los demás ministros de su espacio (salvo Sira Rego) hicieron en la campaña de Andalucía, arropando a Antonio Maíllo. También ha anunciado que no irá en ninguna candidatura al Congreso. Y ya ni acude a las votaciones de la Cámara Baja, aunque solo sea por arrimar su hombro al del grupo parlamentario de Sumar, al que sigue perteneciendo hasta que se disuelvan las Cortes.

Pero es que ahora esa desgana ha provocado a los suyos un problema con Junts, a propósito del real decreto ley de la prórroga de los alquileres que Sumar obligó al Gobierno a aprobar en marzo y que se someterá a convalidación en la Cámara Baja el próximo martes. Con un altísimo porcentaje de que sea derogado, cercano al 100 % de probabilidades.

El ataque de Yolanda Díaz

En pleno cortejo de Sumar a Junts, cuyos votos necesita el Gobierno para que la norma no decaiga, Yolanda Díaz se plantó el pasado jueves en los micrófonos de Onda Cero y definió al de Carles Puigdemont como un partido «racista y clasista». La reacción de Junts fue inmediata: anunciaron la suspensión de toda relación política con Sumar hasta que la socia de Pedro Sánchez no se disculpara.

Pero han ido pasando los días y Díaz ni se ha disculpado ni ha hecho el más mínimo gesto hacia la formación independentista, para enfado de sus correligionarios, según ha podido constatar El Debate. Porque si tenían pocas opciones de convencer a Junts para que vote a favor del real decreto ley, ahora no tienen ninguna. Los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, que han liderado las conversaciones, lo saben. En Sumar creen que a la ministra de Trabajo no le habría costado salir a matizar sus palabras, por el bien de los suyos. Y para no dar a Junts la excusa perfecta.

A ello se añade que el PSOE se ha puesto de perfil en las negociaciones para la convalidación de la prórroga de los alquileres, sabiendo que era una batalla parlamentaria perdida de antemano. No obstante, la ministra de Vivienda afirmó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada al respecto: «El Gobierno en su conjunto está trabajando para que ese decreto salga adelante». Sin embargo, fuentes de su departamento reconocen en privado que ya no es que lo den por perdido, sino que Junts ha anunciado su voto en contra.

En Vivienda prevén una alta litigiosidad cuando eso ocurra, aunque confían en que los tribunales den la razón a los inquilinos que han pedido a sus caseros la prórroga de sus contratos en el tiempo en el que el decreto ley ha estado en vigor (si cae el martes, dejará de estarlo el miércoles, 29 de abril). Y remachan que el Gobierno no puede hacer nada, porque son contratos entre particulares, que pertenecen al ámbito privado.

En el ala socialista del Gobierno achacan a ese ataque de Yolanda Díaz a Junts las palabras que el miércoles dedicó Míriam Nogueras a Sánchez durante la sesión de control en el Congreso. «Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, señor Sánchez, culpa de todo a la derecha, incumple los acuerdos, aprueba políticas de espaldas a este Parlamento, pero no aplica las políticas que se aprueban en este parlamento. Y la guinda del pastel son los casos de corrupción que le rodean. Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones», le recriminó la portavoz independentista en el Congreso. Aunque Junts necesita pocas excusas para atacar al presidente cuya investidura apoyó: cabe recordar que tiene bloqueada la legislatura desde octubre.

Yolanda Díaz no es de las que olvidan. Sigue enfadada con Gabriel Rufián, más de cuatro años después, porque en febrero de 2022 ERC votó en contra de su reforma laboral y a punto estuvo de tumbarla (de no haber sido por el voto erróneo de un diputado del PP). Y lo está también con Puigdemont por haber dado al traste con su proyecto estrella para esta legislatura: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.

La vicepresidenta segunda llegó a viajar a Bruselas para reunirse con el prófugo y tratar de convencerlo, pero Puigdemont fue implacable: Junts echó atrás el proyecto de ley en su primer debate parlamentario, el pasado mes de septiembre. Para colmo, el presidente dejó a su socia sola en la votación y se fue con Begoña Gómez al preestreno de la nueva película de Alejandro Amenábar. Pero su resentimiento ha acabado perjudicando a su partido más que a nadie.