El Gobierno argumenta que la crecida de la dana fue «ordinaria» para expropiar terrenos agrícolas equivalentes a 300 estadios Bernabéu sin pagar un euro

El Gobierno de Pedro Sánchez alega que la crecida de los barrancos en la dana de Valencia fue «ordinaria». El Ejecutivo estatal aplica criterios técnicos que distan y mucho del relato oficial, de los argumentos políticos y de la realidad vivida en la provincia de Valencia aquel fatídico 29 de octubre de 2024. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está expropiando todos aquellos terrenos colindantes a los barrancos afectados por la riada y el mecanismo ha sido denunciado por Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

AVA-ASAJA lleva un tiempo ya poniendo el grito en el cielo por la situación que están viviendo los propietario de terrenos agrícolas ubicados en zona colindante con los barrancos que más aumentaron de caudal aquel día. Por normativa estatal los campos afectados de forma directa por la riada «pasan a considerarse de Dominio Público Hidráulico a través del proceso de expropiación», según señalan fuentes del citado colectivo a El Debate.

En ese aspecto desde AVA-ASAJA señalan dos cuestiones ciertamente llamativas: «la expropiación se anuncia a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y te dan tres meses de alegaciones, si te enteras, y MITECO no paga nada». Además, en la publicación del BOE se justifica que dicha actuación se debe a una «crecida ordinaria», lo que irrita aún más a los agricultores que vieron como sus campos fueron gravemente afectados por la riada.

Respecto a la primera cuestión, las citadas fuentes apuntan que «nos enteramos estando en una reunión en Sot de Chera y allí mismo comprobamos como a un agricultor le quedaban pocos días para que le expropiaran su campo sin darle nada de dinero y sin haber recibido previamente ningún aviso».

Y es que según denuncian desde la Asociación, en este proceso Miteco no remite notificación alguna al propietario afectado por el nuevo cauce fluvial, «directamente aparece su catalogación como futuro terreno de Dominio Hidráulico en el BOE, cuando nadie accede de forma periódica para revisar si su campo está afectado. Te avisan en la letra pequeña y tienes tres meses para alegar y como no te des cuenta te quedas sin el terreno de la noche a la mañana».

Con respecto al tema de percibir una cuantía, AVA-ASAJA pide que se aplique un «justiprecio», una cantidad en base a que justamente este hecho no fue «ordinario» tal y como se justifica por parte del Gobierno para llevar a cabo la expropiación.

«Hemos hablado con el Ministerio de Agricultura y nos dice que realmente ellos ya han dado las ayudas a los agricultores afectados por la dana y que no es cosa suya, que es un tema de Miteco. Pese a ser del mismo Gobierno no hacen nada», señalan desde la asociación de agricultores.

Justamente en ese sentido se da la paradoja de que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha dado dinero a propietarios agrícolas que posteriormente han podido ver como la propia administración estatal les expropia cierto porcentaje de su terreno por el nuevo linde del cauce del barranco.

Señalan desde AVA-ASAJA que la cantidad de hectáreas privadas que van a pasar a ser de Dominio Público Hidráulico es «de 300, según cifró la Confederación Hidrográfica del Júcar en una reunión que tuvimos con ellos».

El enfado entre los agricultores valencianos es mayúsculo porque, según apuntan a El Debate, «lo que están haciendo es incautar los campos. Nos sentimos traicionados por las formas en las que se está haciendo y encima en un tema como este como es la dana y lo que representa».

El Gobierno, que siempre ha defendido la excepcionalidad del episodio del 29 de octubre, justifica técnicamente que la crecida de los barrancos, aquel día en Valencia, fue «ordinaria», y así para poder expropiar sin pagar a los agricultores valencianos. De aquel día ya han pasado casi 20 meses, pero en algunos temas el proceso no