El PSOE se sumerge en una semana de infierno sin más plan que apretar los dientes

En el transcurso del Pleno de este jueves, una diputada gallega de la bancada socialista, de la tercera fila tras la de los sillones azules del Gobierno para más señas, mataba el tiempo ojeando sandalias en Internet. No la culpen, porque el trabajo de los legisladores ha quedado reducido a eso en este agónico final de legislatura: a ver pasar las semanas y los meses pareciendo que hacen sin que en realidad hagan, por falta de mayorías.

Dijo el ministro Óscar López el miércoles en un acto de desagravio a Álvaro García Ortiz: «La Justicia no gobierna». Lo malo es que el Gobierno tampoco, y eso en cambio no lo dijo. Vegeta, resiste, enreda, miente, se defiende, pero no gobierna. Este verano la previsión de la Moncloa es celebrar el último Consejo de Ministros del curso el martes 28 de julio y no volver a abrir la persiana hasta el martes 1 de septiembre. Y que salga el sol por donde quiera.

«El tiempo juega en su contra», señalan en el PP, convencidos de que cuanto más tiempo mantenga Pedro Sánchez la legislatura en esta especie de coma inducido mayores serán los daños para el PSOE. Ni los propios socialistas creen que vayan a salir de ésta con vida, solo les falta darse el pésame unos a otros cuando se encuentran. La mejor prueba es que esta semana han recuperado el discurso del lawfare y del golpismo de la derecha política, judicial y mediática, porque no tienen otro. El plan es ése y apretar los dientes. Los cabecillas del procés sostenían que los metían en la cárcel por poner las urnas para que la gente votara; los socialistas sostienen que van a por ellos por «ganar derechos» para la ciudadanía. De tanto tratar con los independentistas, el sanchismo ha acabado mimetizándose con ellos también en eso.

El Papa trajo un pedacito de cielo durante su visita a España, pero tras su marcha el PSOE vuelve al infierno, aunque el miércoles el ministro Félix Bolaños se permitiera la licencia de espetar a los populares que acabará «ardiendo en el infierno». Esta semana lo va a ser, pero no precisamente para el PP ni para Vox. Este lunes Begoña Gómez tiene cita con el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar antes de su previsible juicio oral por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Pero ahí estaba el pasado jueves, encomendándose a León XIV y alzando la mirada hacia lo alto de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Cuando la Infanta Cristina fue imputada por dos delitos fiscales en 2014 desapareció de la escena pública. Begoña Gómez no, porque no hay nada y porque, según el presidente, «el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio». Palabra de Sánchez.

El martes, la directora general de la Guardia Civil comparecerá en el Senado tras haberse demostrado que mintió cuando negó las tres reuniones que mantuvo con Leire Díez. Mintió Mercedes González y mintió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que o no lo sabía o tapó a su subordinada (¿de haberse dado este segundo caso lo normal no habría sido que la destituyera de forma fulminante?). En la España que dejan ocho años de sanchismo, la verdad ha dejado de ser exigible en la vida política y la mentira ha dejado de ser reprobable. Ni cese, ni dimisión. El viernes comparecerá también en la Cámara Alta la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, porque la Fiscalía también ocultó encuentros con la fontanera.

La línea de puntos

El secretario de Organización del PSOE lo montó. La presidenta del PSOE estaba al corriente. La gerente del PSOE lo financió. El director adjunto del Gabinete del presidente participó en la primera reunión en Ferraz. La Fiscalía General del Estado recibió a la trama. La directora de la Guardia Civil, también. Pero el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE no sabía nada. Esta semana su entorno ha reconocido que cuando Leire Díez escribía «PS» en sus cuadernos se refería a Pedro Sánchez, pero que jamás se produjeron esas reuniones ni esos contactos. Es, dicen, una «fantasiosa». Pero por si acaso no quieren querellarse contra ella, no vaya a ser que a la «fantasiosa» le dé por hablar lo que ha venido callando.

«Todo esto es de hace un año. El PSOE tomó sus medidas, limpió», repiten en Ferraz como el Padrenuestro. El miércoles, mientras Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estén enfrentándose en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero empezará su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

La tasación de las joyas halladas en una caja fuerte en su despacho en más de 1,3 millones de euros, frente a los entre 30.000 y 50.000 euros en los que las cifró el expresidente -a través de su portavoz-, supuso el jueves un jarro de agua helada sobre quienes creían, o al menos querían creer, en su inocencia. Por lo pronto, el magistrado ha abierto una pieza separada contra Zapatero por delito fiscal y de contrabando. Y está estudiando la petición de las acusaciones populares, comandadas por el PP, para imputar a sus hijas, Laura y Alba.

Dos días ha reservado el juez para la declaración del expresidente, que deberá dar muchas explicaciones. Su intención es contestar al juez, a su abogado y al fiscal, pero no a las acusaciones populares, encabezadas por el PP. ¿Le retirará el instructor el pasaporte, o incluso podría enviarlo a prisión provisional una vez haya terminado? Lo primero es más probable que lo segundo. Para entonces, Sánchez estará en Bruselas, en la última reunión del Consejo Europeo del curso. Debatiendo con el resto de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre la competitividad europea, el marco financiero plurianual, Ucrania, Oriente Próximo y migración. Si la distancia fuese el olvido, tendríamos al presidente de gira continua por el mundo de aquí hasta el final de la legislatura. Pero no lo es; cómo va a serlo si cada día trae un nuevo escándalo.