El Gobierno pone en marcha su plan para controlar el Poder Judicial y desmantelar el Estado de Derecho

Con este Gobierno nunca nada es lo que parece. El anuncio con el que el ministro Félix Bolaños se desmarcaba en rueda de prensa, tras el Consejo del pasado martes, para aproximar la Justicia española a los estándares europeos de independencia e imparcialidad, ha resultado avanzar, exactamente, en el sentido opuesto. El Ejecutivo socialista, salpicado por una batería de causas judiciales por corrupción –que afectan, incluso, al hermano y a la mujer de Pedro Sánchez– ha decidido intervenir, definitivamente para controlar a los jueces y fiscales de nuestro país.

Decía San Ignacio de Loyola que nunca se deben «acometer mudanzas en tiempos de desolación» y esto es, precisamente, a lo que aspira el Gobierno en los próximos meses, durante el tiempo de tramitación parlamentaria de un anteproyecto de ley que llega para modificar el Poder Judicial desde el esqueleto y que, de manera colateral, afectará al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), entre otras cosas, para blindar a su actual titular, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos.

Se mire por donde se mire, la acometida presentada por el Ejecutivo pone en riesgo los cimientos del Estado de Derecho, imponiendo criterios partidistas en uno de los tres Poderes que, por definición en democracia, deberían estar separados y ser independientes; y, para ello, recurre a una fórmula tan previsible como nefasta: sustituir el mérito y la capacidad profesionales por la afinidad ideológica y la arbitrariedad.

Ni una sola de las principales asociaciones de la Magistratura y la Fiscalía –salvo las dos izquierdistas, Juezas y Jueces por la Democracia (JyJD) y la Unión Profesional del Fiscales (UPF) están de acuerdo con los planes del Ejecutivo. Un signo evidente de que las aspiraciones gubernamentales no son positivas salvo para los intereses de algunos pocos. Hasta tal punto que, tanto a través de comunicados propios como en unidad de acción, en una nota emitida de manera conjunta, han rechazado frontalmente la letra pequeña –y la grande– de este proyecto con el que, de forma evidente, se están cambiando las reglas del juego a mitad de partido, de manera unilateral y con la oposición evidente de la mayoría de la sociedad.

No en vano, uno de los principios básicos de cualquier Estado avanzado pasa por el derecho fundamental de igualdad ante la ley que, en consecuencia, debe ser defendida y representada, hasta sus últimas consecuencias por los garantes de la legalidad, los fiscales, e interpretada de manera imparcial por los jueces predeterminados por ésta.

Desnaturaliza el sistema de acceso

De ahí que una de las medidas estrella de la reforma de Sánchez, proclamada por Bolaños, se haya centrado en cambiar el acceso de jueces y fiscales a sus puestos, la elección de las Salas de Gobierno o la composición de la Comisión de Ética Judicial. Con la reforma en ciernes, los españoles se asomarán a una Justicia incierta y regada de árbitros a la medida del Gobierno que, en realidad, habrán entrado hasta el tuétano de la Justicia, como emisarios del mismo, para colonizar la cuarta parte de las plazas del sistema, sin antes superar una oposición objetiva.

«Al propiciar un acceso arbitrario a la Judicatura, restringir la participación democrática en nuestros órganos de representación y someter instancias clave a criterios partidistas, se pone en riesgo la independencia judicial», alertaban un total de cinco asociaciones profesionales nada más conocerse la hoja de ruta prevista

Pero es que, además del coladero que supondrá el nuevo método previsto para la regularización, sin más, de casi un millar de jueces y fiscales interinos, el Gobierno controlará las ayudas económicas a los opositores que decidan continuar, a través de un «centro público de formación» dependiente del Ministerio de Justicia que, para ello, «tendrá las competencias en materia de becas». Una herida de muerte al cuerpo de opositores.

Blinda al fiscal general del Estado

Aunque el ministro Bolaños aseguraba durante su intervención posterior al Consejo de Ministros que la reforma no sería de aplicación al actual fiscal general del Estado, lo cierto es que la literalidad del texto aprobado por el Gobierno abre la puerta, de par en par, para que permanezca en su cargo un año más de lo previsto e, incluso, llegado el caso, cuando se produjese un cambio del signo del Ejecutivo actual, como consecuencia de las próximas elecciones generales de 2027.

Álvaro García Ortiz continuará pese a estar imputado, dando instrucciones a la Carrera de fiscales, por lo tanto también a los subordinados que dentro de ella, por su naturaleza jerárquica, tengan que intervenir en la causa penal que se sigue contra él en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Y lo hará reforzado. No sólo por una cuestión de tiempo, sino de potestades. La modificación de la ley, lejos de prever contrapesos a sus desmanes, incrementa «el ejercicio abusivo de su poder», en detrimento de las discrepancias internas y de las funciones vigentes para el Consejo Fiscal.

Hasta tal punto que no hay ni una sola línea en el texto normativo, que se ha puesto a rodar en la pista de despegue, donde se haga referencia a la necesidad de que el titular del Ministerio Público dimita –o sea inmediata y fulminantemente cesado–, una vez la Sala Penal del Alto Tribunal determine, si lo hace, que debe ser procesado. Ni siquiera que si esta situación hoy inédita se repitiese, en el futuro, la mera imputación del máximo exponente de la Fiscalía implicase una renuncia fulminante, como llevan meses exigiendo desde la Carrera a García Ortiz.

Así las cosas, son muchos los ciudadanos y no menos los juristas que se preguntan cómo es posible que el Gobierno esté decidido a entregar la investigación penal a los fiscales, en detrimento de los jueces de instrucción a los que no controla nadie. Precisamente, por eso. En realidad todo el plan legal desplegado por el Gobierno no es otra cosa que una mano de pintura a los ojos de Europa que, bajo cuerda, pasa por liquidar la independencia del Poder Judicial, consagrada en la Constitución, que le resulta tan incómoda.