
El fiscal general del Estado junto al ministro Bolaños
Anteproyecto de ley
Críticas al Gobierno por la reforma de la Fiscalía: «Es contradictoria, bolivariana y diluye los contrapesos»
El ministro de justicia, Félix Bolaños, anunciaba la aprobación de un cambio en el funcionamiento del Ministerio Público con el que el Ejecutivo, de manera encubierta, blinda la continuidad de su actual titular en el cargo
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que el Gobierno ha incorporado a su anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) llega con una nueva y polémica carga de profundidad que, entre otras cuestiones, permitirá blindar al fiscal general del Estado, imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, más allá de la legislatura actual. Una maniobra «bolivariana» e «intervencionista» que no ha convencido a los fiscales de base, ya de por sí muy críticos con la tesitura en la que Álvaro García Ortiz ha situado a la Institución por culpa de su delicada situación penal.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, comparecía en rueda de prensa este mismo martes para anunciar una modificación «estructural» de la Fiscalía que, sin embargo, ha resultado ser «contradictoria» para los expertos: «Aunque en la teoría se supone que estaba pensada para mejorar la autonomía e independencia del titular del Ministerio Público frente al Gobierno de turno que lo hubiese nombrado, como exige Europa, lo cierto es que, en realidad, se buscaba asegurar la continuidad del actual para que no pueda ser cesado con el Ejecutivo que lo puso en su cargo».
Un regalo envenenado para el Partido Popular que si, por ejemplo, llegase a ganar las próximas elecciones generales no podría remover a García Ortiz durante el tiempo que le reste para agotar un total de cinco años como máximo exponente de la Fiscalía –y el próximo 2 de agosto cumplirá tres– o al sustituto de éste que dejase designado Pedro Sánchez, durante el plazo total previsto.
Además, al introducir como requisito «la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que controlan» el cual tendrá que emitir un informe en relación al fiscal general cuestionado, en su caso, «todavía dificulta más cualquier posibilidad de cese».
«El Gobierno ha perdido una oportunidad única para abordar la reforma ambiciosa e integral que, de verdad, necesita la Carrera tanto a nivel organizativo como funcional», se lamentan algunas fuentes internas consultadas por El Debate. «Ni rastro de la revisión más amplia, clara detallada y generosa que reclama el artículo 27 del Estatuto, donde se regulan las discrepancias frente a las ordenes de los superiores jerárquicos», añaden.
«No se ha pensado en la independencia real del cuerpo de fiscales en el día a día, ni tampoco en dotar al Consejo Fiscal (CF) de mayores funciones y prevalencia como máximo órgano –no sólo consultivo– de representación democrática de la Institución».
Lejos de ello, «elimina la competencia decisoria sobre incompatibilidades del CF que ya no supondrá, nunca más, un problema para el fiscal general; y, cambia el número de votos que podrá emitir cada fiscal para elegir a sus representantes en el Pleno del mismo Consejo, pasando de seis a cinco». Una medida, esta última, que no sólo está orientada a diluir los «contrapesos internos imprescindibles» sino, también, a «mermar las voces críticas y reducir la presencia de vocales no afines» que, en este momento, son mayoría entre los seis consejeros electos de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente (APIF) frente a los dos únicos miembros de la Unión Profesional (UPF) que presidió el propio García Ortiz.