El Gobierno aprueba una reforma «estructural» de la Fiscalía que blindará la continuidad de García Ortiz

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido este martes en rueda de prensa, tras el Consejo celebrado en La Moncloa, para anunciar que el Gobierno ha aprobado una modificación «estructural» de la Fiscalía. Pese a que Bolaños ha calificado la medida como «absolutamente necesaria» para «fortalecer la autonomía» e independencia de un Ministerio Público que atraviese sus horas más bajas, tras la imputación de su actual titular, Álvaro García Ortiz –por un presunto delito de revelación de secretos–, la realidad es que la medida no afectará al mismo en este sentido.

Sí, por el contrario, blindará a García Ortiz en su continuidad, de acuerdo a una interpretación literal del texto del que Bolaños ha puesto sobre la mesa del órgano colegiado en el que ocupa hasta tres carteras.

No en vano, la reforma del Estatuto Orgánico de los fiscales (EOMF) que el Ejecutivo socialista ha incorporado en una disposición adicional del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), no arrancará su tramitación parlamentaria hasta el próximo verano, ni entrará en vigor, por lo tanto, hasta el día 1 de enero de 2028.

«Creo que el modelo actual de la Fiscalía ya cuenta con suficientes resortes que regulan la autonomía en el funcionamiento del Ministerio Fiscal. Sin embargo, vamos a reforzar de manera sustancial, vamos a dar un paso decisivo en el reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal, que se encargará de la instrucción de las causas penales en nuestro país. Por tanto, creo que este paso es absolutamente imprescindible», ha defendido el ministro Bolaños ante los medios de comunicación.

En la letra pequeña de la nueva norma, por lo tanto, el plan de fondo por el que los socialistas aspiran a entregar las investigaciones judiciales a los profesionales de la Institución. Sin embargo, el Gobierno era plenamente consciente de lo imprescindible que resultaba cumplir con los estándares marcados desde Europa y las recomendaciones plasmadas en los informes presentados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las históricas reclamaciones de la asociaciones corporativas de la Carrera, para las que antes de asumir las diligencias penales había que ahondar en un cambio de modelo en la actual operativa y dependencia jerárquica de la Fiscalía frente al Ejecutivo de turno.

Así las cosas, para dotar de mayor autonomía al Ministerio Público, uno de las medidas pasará por ampliar la duración del cargo del fiscal general del Estado hasta los cinco años, en un único mandato. De este manera la designación del titular de la Fiscalía quedará separada de la vida del Gobierno que lo elija.

Además, si por cualquier motivo dimitiese o fuese cesado (para lo que en caso de incumplimiento grave de sus funciones será necesario un informe previo del CGPJ), antes de ese tiempo máximo, su sucesor cumplirá sólo el mandato restante hasta agotar el plazo de cinco años.