Moncloa reconoce que paga al primo de Zapatero, custodio de las joyas y asesor de la trama criminal con sede pagada por el Estado

El Debate publica hoy, con documentos oficiales, la prueba de que todos los españoles financian con sus impuestos la oficina que José Luis Rodríguez Zapatero convirtió en epicentro de la organización criminal desvelada por la UDEF, conectada además con el PSOE y La Moncloa y con una novedad irritante: entre los recursos sufragados con sus impuestos, figura un primo del propio Zapatero, que fue quien custodió en su despacho el botín de joyas cuyo origen no ha sido capaz de explicar el expresidente socialista.

Todos estos hechos han contado con la complicidad de La Moncloa, que se ha resistido hasta el último momento a confesar que esa oficina mantenida por el erario incluía mantener a familiares del imputado.

La oficina de José Luis Rodríguez Zapatero es, según la UDEF, el centro neurálgico de una trama criminal que ha llevado al expresidente a estar imputado por la posible comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y apropiación indebida, al considerarle cabecilla de una red «organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por José Luis Rodríguez Zapatero», que, a su vez sería el «beneficiario final de los fondos obtenidos», todo ello en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Durante el registro de la Oficina del Presidente Zapatero se encontraron un buen puñado de joyas valoradas por un perito judicial en 1,3 millones, de las que Zapatero aún no ha podido justificar su procedencia y por las que el juez ya ha abierto una nueva pieza para investigar la posible comisión de un delito fiscal y de contrabando. Estas alhajas se encontraron en una caja fuerte ubicada en el «despacho 2», que según los investigadores pertenece al «jefe de gabinete» de Zapatero, que tal y como ha admitido Moncloa a este periódico en un documento que obra en exclusiva en poder de El Debate y ahora confirma la UDEF, es José Miguel Vidal Zapatero, primo del expresidente.

Los agentes lo han identificado en un nuevo informe emitido en el que acreditan que el expresidente recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como «contraprestación económica» por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para «beneficiar los intereses» de la empresa peruana Grupo Gloria. Los investigadores apuntan a la existencia de una «organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, dedicada al ejercicio de influencias de carácter ilícito a favor de clientes, los cuales remunerarían dichos servicios».

La UDEF precisa que el pago se justificó con «un contrato simulado con una sociedad interpuesta», llamada Focus Social Research. Este contrato, según el informe, fue redactado por Gertrudis Alcázar y después lo revisó «el director de gabinete del presidente Zapatero, es decir, José Miguel Vidal Zapatero». Por lo que ya no cabe ninguna duda de que el despacho en el que se encontraron las joyas era el del primo del expresidente y, por tanto, a sueldo de Moncloa.

Así finalmente se ha visto obligada a admitirlo la Presidencia del Gobierno en un escrito fechado este mismo 1 de junio, donde recuerda que el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno concede a los expresidentes «dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación», que tendrán la consideración de «personal eventual de gabinete».

El puesto de trabajo nivel 30, el de los asesores de más alta confianza, está ocupado por «don José Miguel Vidal Zapatero», el mismo que fue director adjunto del Gabinete del presidente durante sus últimos años en Moncloa y que ahora aparece en los informes policiales, aunque de momento no ha sido imputado.

La Oficina del Presidente Zapatero, en esta nueva derivada del tráfico de influencias por el que ha sido imputado, según la UDEF, fue al menos utilizada en dos ocasiones por Zapatero, los días 8 de mayo de 2024 y 2 de julio de mismo, año para negociar y cerrar la firma del contrato que también investiga la UDEF, según las diligencias incoadas por el Magistrado Calama, tras intervenirse en el registro practicado en la Oficina del Presidente Zapatero, oficina en torno a la que se ha montado la organización criminal liderada por éste.

La misma está pagada por Moncloa, dada la normativa reguladora de los expresidentes. Los gastos derivados de ella se sufragan con fondos procedentes de Presidencia del Gobierno. Si bien Moncloa se niega a confirmarlo, todo apunta a que la todopoderosa secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada por su papel imprescindible en la trama, es la segunda asesora pagada por Moncloa integrada en la Oficina del Presidente Zapatero.

Así, Gertrudis Alcázar podría estar cobrando del erario, pero Moncloa lo oculta alegando que así impide el acceso a datos de carácter personal. El puesto N-18, al que todo parece apuntar que estaría asignada, lleva aparejado un complemento específico de 9.631,3 euros, por lo que el salario rondaría los 37.000 euros si se computasen solo tres trienios, más el coste de la seguridad social de 12.000 euros adicionales, ascendiendo a 49.000 euros anuales de coste total. Por su parte, el PSOE se ha negado en reiteradas ocasiones a aportar sobre este extremo información alguna.

Moncloa no lo pone fácil, ya que remite directamente a los Presupuestos Generales del Estado, donde se fijan las retribuciones públicas, aunque añade que «los complementos específicos correspondientes a los puestos de nivel 30 y nivel 18 señalados anteriormente asciende a 32.642,26 euros y 9.631,3 euros, respectivamente».

Por tanto, podríamos concluir que Vidal Zapatero estaría cobrando, alrededor de 70.000 euros si se computasen tres trienios, aunque esta cantidad podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta una mayor antigüedad como miembro de la Administración. A esto habría que añadir otros 20.000 euros anuales en concepto de Seguridad Social, por lo que anualmente supondría un coste para las arcas públicas que rondaría los 90.000 euros.

Gertrudis Alcázar, la fiel secretaria del expresidente que permanece a su lado desde hace décadas y que según la UDEF sería una «pieza operativa esencial dentro de la red organizada», pues el «principal canal de comunicación interna de la red» del Plus Ultra, pero también la principal interlocutora en las comunicaciones intervenidas con las autoridades bolivianas.

Entre otros mensajes, se ha encontrado uno intercambiado con María Nela Prada Tejada, «quien ostentaba, en la fecha de los hechos, el cargo de ministra de la Presidencia de Bolivia», con la trata de cerrar una fecha para una reunión entre Zapatero y el presidente boliviano, Luis Alberto Arce.

Gertrudis Álvarez ahora aparece como imputada en la causa, al igual que las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, administradoras solidarias de What The Fav. «La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento», según el juez, por lo que estaría «vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas».

De esta forma, los dos empleados del Gobierno que estarían al servicio de Zapatero costarían a las arcas públicas alrededor de 139.000 euros a lo que habría que añadir el montante que tiene asignado el propio expresidente, en virtud del artículo 3.2 del Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno, que establece que «los expresidentes del Gobierno podrán disponer de los medios y prerrogativas que a continuación se expresa (…) Una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado ».

Esta cantidad, según figura en las cuentas públicas de 2025 era de 73.830 euros, aunque al prorrogarse los presupuestos, en 2026 la cifra asciende a 74.580 euros. Esta cifra en la aplicación presupuestaria 1307 912M 480 se abona en concepto de «Transferencias corrientes/ A familias e instituciones sin fines de lucro» por lo que todo apunta a que Zapatero recibe esa cantidad de forma anual sin necesidad de realizar ninguna justificación.

No obstante, este periódico ha consultado a Moncloa sobre este extremo, solicitando el «importe bruto total abonado en cada ejercicio» además de solicitar la relación de «gastos de oficina, atenciones de carácter social, y, en su caso, alquileres de inmuebles abonados al expresidente» a cargo de Presidencia del Gobierno desde que Sánchez llegó al cargo, aunque a cierre de esta edición no ha recibido respuesta, ya que Moncloa ha solicitado un mes más de plazo para contestar.

Por su parte, Moncloa se ha desvinculado por completo del alquiler de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz que fue registrada por la UDEF en el marco del ‘caso Plus Ultra’. De hecho, aunque el decreto citado incluye la posibilidad de que Presidencia se haga cargo de los arrendamientos, el Gobierno ha despachado la cuestión asegurando que no posee ningún contrato, ni le consta haber pagado ningún importe por este concepto, ni tampoco ningún gasto derivado del mismo.

De esta forma, el Gobierno se desmarca de una oficina considerada como uno de los epicentros de la trama pero sin aclarar el destino y reparto del caudal público puesto a su disposición. En la caja fuerte de su oficina se encontraron joyas valoradas en 1,3 millones, ya que algunas de las más llamativas estarían compuestas de diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros auténticos.

Las joyas no aparecen en la lista oficial de regalos oficiales

Este extremo ha llevado al juez a abrir una pieza separada por la posible comisión de un delito fiscal y de contrabando ya que el expresidente no pudo acreditar que realmente provengan de una «herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes», según la declaración de Gertrudis Alcazar. De hecho, Zapatero no dio ninguna explicación ante el juez Calama, asegurando que necesitaba algo de tiempo, - «una semana o diez días»-, para recabar documentación y su procedencia.

De hecho, estas joyas no aparecen en el inventario de regalos recibidos por el expresidente durante su estancia en Moncloa, tal y como reveló en exclusiva El análisis: Diario de la Noche, el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid. Este inventario, de más de una treintena de páginas, acumula centenares de presentes que recibió Zapatero entre 2004 y 2011 pero ni rastro de collares o pendientes con piedras preciosas de alto valor.

La mayor parte de ellos son obsequios ornamentales como figuras y otros adornos, entre los que destacan cuatro procedentes de Arabia Saudí. En concreto, tres relojes y una composición formada por una palmera, una jaima y varias figuras humanas realizadas en oro y plata, colocadas sobre una base de mármol y jade.

La procedencia de estas joyas entroncaría directamente con la causa pues los agentes tendrían que dirimir si se trata de alhajas que recibió como contraprestación por su actividad como lobista o incluso por la presunta intermediación para la concesión del rescate de Plus Ultra que investiga el juez Calama.

Sánchez defiende a Zapatero y olvida que el Código Ético de 2005 obligaba a ceder los regalos valiosos a Patrimonio Nacional

Mientras tanto, Sánchez sigue defendiendo a Zapatero. Desde Bruselas y en el marco de la celebración del Consejo Europeo señaló que «todos los presidentes hemos recibido regalos, yo también, y algunos no sé si cuáles son», ha confesado. Al tiempo que ha considerado que «la España de 2007 no es la España de ahora».

Sin embargo, fue el propio Zapatero el que impulsó la aprobación de un Código de Buen Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005, en el que se regulaban los obsequios que podían recibir los altos cargos. En concreto, se establecía que «se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado».

Sin embargo, Zapatero no lo hizo y Sánchez sigue intentando defenderlo, al igual que otros exministros que formaron gobierno con el ahora imputado. De hecho, Jesús Caldera, exministro de Trabajo entre 2004 y 2008, ha asegurado que el expresidente cometió «un simple error» al «no entregar las joyas a Patrimonio Nacional», ya que considera que «no hay ninguna ilegalidad». No obstante, ha exigido que se den «todas las informaciones y explicaciones» por el «bien de todos los progresistas en España».

Del mismo modo, Miguel Sebastián, exministro de Industria, ha relatado cómo él mismo recibió joyas de las monarquías del Golfo y aunque él decidió dejarlas en el ministerio, «lo habitual era que estos regalos de cortesía en viajes internacionales se los quedaba el ministro».

Por ello, cada vez aparecen más voces que piden una mayor regulación para las actividades de los expresidentes, incluso en el seno del PSOE, ya que, tal y como ha apuntado el presidente manchego, Emiliano García Page, «nadie deja de ponerse al teléfono con un expresidente». De hecho, el propio Page ha pedido un marco normativo para regular las actividades de los exjefes del Ejecutivo.

Además, para evitar que las tramas de corrupción del PSOE sigan afectando a los socios del Gobierno, desde Sumar han pasado a la ofensiva y han presentado en el Congreso una proposición de ley para establecer un régimen estricto de incompatibilidades a los expresidentes. En concreto, piden establecer la prohibición de formar parte de consejos de administración de empresas estratégicas durante diez años tras dejar el cargo, además de la pérdida de su pensión indemnizatoria y la retirada de oficina y el personal asignados, en caso de optar por una actividad privada lucrativa no vinculada al ámbito académico y divulgativo, algo que se aplicaría con carácter retroactivo para todos los expresidentes.