Vista aérea de Puente Genil
El Ayuntamiento de Puente Genil inicia un plan para regularizar la situación de los edificios municipales
No cuentan con las certificaciones exigidas por ley en materia de seguridad y prevención de riesgos
El concejal delegado de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Puente Genil, Rafael Morales, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un plan de actuación destinado a regularizar la situación legal de los 52 edificios municipales en materia de seguridad y prevención de riesgos, tras constatarse mediante una auditoría técnica que no cuentan con las certificaciones exigidas por ley.
Durante su comparecencia ante la prensa, Morales explicó que, desde su llegada al Gobierno municipal, detectaron «indicios claros» de que los edificios no cumplían con los requisitos técnicos establecidos, pero que no existía ninguna estructura organizativa que centralizara esta tarea ni permitiera acceder a datos concluyentes. «No estaba asignada a ningún departamento y no había forma de obtener información precisa», aseguró.
Ante esta situación, y con una plantilla municipal con tan solo dos oficiales de alumbrado para una población de 30.000 habitantes, el Ayuntamiento decidió canalizar esta labor a través de la empresa pública Egemasa, «por ser la vía más rápida y eficaz» para hacer frente a una cuestión «de extraordinaria gravedad». «Estamos hablando de algo tan serio como conducir un coche sin haber pasado la ITV», señaló el edil, subrayando que, en caso de accidente o inspección, toda la responsabilidad recaería sobre el Ayuntamiento.
El concejal pontanés Rafael Morales
Morales confesó que el año 2024 fue un «auténtico calvario», marcado por la falta de medios y por la presión de tener que asumir riesgos mientras se organizaban los recursos técnicos y humanos necesarios. «Las opciones eran clausurar todos los edificios o asumir la responsabilidad y actuar. Elegimos lo segundo, porque era lo más sensato y realista», dijo.
Con la auditoría ya finalizada en 2025, el Ayuntamiento cuenta por primera vez con un diagnóstico preciso de la situación que le permitirá ejecutar un plan de acciones correctivas con el objetivo de que, en el plazo de un año, todos los inmuebles de titularidad municipal cumplan con los requisitos legales establecidos.
«Ahora sí podemos dormir más tranquilos, porque ante cualquier inspección o incidente podemos demostrar que no es fruto de una mala gestión, de incompetencia o de dejadez, como ha ocurrido durante los 12 años de gobierno anterior», concluyó el responsable municipal.
