El Gobierno pone parches a la recuperación de las playas de Huelva con obras parciales antes del verano

Las playas de Huelva se encuentran este año entre las más afectadas por los temporales invernales, junto con las de Cádiz, y su recuperación plantea un desafío complejo que no se resolverá antes del verano. Así lo ha reconocido el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta escrita del PP al Congreso de los Diputados sobre los planes a largo plazo para conservar el litoral onubense.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), responsable de las costas, recalca que estas playas «tienen un carácter marcadamente regresivo, atribuido a unas elevadas tasas de transporte de sedimentos que no son compensadas por las fuentes naturales de alimentación». Esto implica que cada año pierden más arena durante el invierno de la que logran recuperar en verano y otoño, consolidando un proceso de erosión que se vuelve progresivo y difícil de revertir.

En este sentido, el Ministerio advierte de que lo único posible es paliar sus efectos mediante lo que denomina «ingeniería de costas». Este concepto engloba trabajos de regeneración con aportes masivos de arena o la construcción de diques y espigones, aunque estas últimas estructuras pueden alterar la dinámica litoral, reduciendo el oleaje y afectando «a la imagen o a la percepción que los ciudadanos y veraneantes de estas zonas han tenido siempre de sus playas».

El Gobierno afirma también que «todo este escenario se ha visto agravado por el cambio climático, que reduce la disponibilidad de arena y complica progresivamente la implementación de medidas correctoras». Por ello, insiste en que se requiere un plan integral de recuperación que implique «una cooperación de todas las administraciones», involucrando tanto a los ayuntamientos como a la Junta de Andalucía, dado que todos tienen competencias e intereses en la conservación del litoral.

La hoja de ruta se basa en documentos previos como la Estrategia de Protección de la Costa de Huelva, elaborada en 2013 y que el Estado considera «un documento base que diagnosticó los problemas erosivos y planteó alternativas de corrección». Esta estrategia sigue vigente como guía, «complementada por la necesaria profundización en las problemáticas locales y enmarcada en la normativa nacional e internacional», ofreciendo un marco de actuación coordinado y técnico.

A nivel nacional, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar aprobó en 2017 la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española. Además, con financiación de la Comisión Europea, en 2023 se publicó el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa considerando los efectos del Cambio Climático para «garantizar un enfoque coherente y armonizado» en la gestión costera, bajo la supervisión del Ministerio.

De cara a este verano, la intervención se centrará en Matalascañas, donde el Gobierno reconoce un «deterioro severo» en su sector oriental y que «cuenta actualmente con una actuación en ejecución para corregir dicha situación, sin perjuicio de futuras intervenciones». Desde finales de 2025 se trabaja en una obra de seis millones de euros que aportará 700.000 metros cúbicos de arena y recrecerá nueve espigones, con finalización prevista antes del verano.

Otro foco crítico es la playa de El Portil, muy condicionada por el canal de navegación del río Piedras y la presión urbanística. Según el Ministerio, ambos factores «interfieren en el basculamiento interestacional natural de la playa», que es el ciclo de regeneración estival tras la pérdida de arena invernal. En esta zona se han realizado «múltiples aportaciones» de arena, incluyendo 35.889 metros cúbicos en 2018 y 3.645 metros cúbicos en 2020, para intentar restaurar la dinámica natural.

En otras playas, como Cartaya y Ayamonte, se han llevado a cabo actuaciones similares: 12.000 metros cúbicos de arena en 2018 y 6.000 en 2019 en Cartaya, y redistribuciones en Ayamonte en 2018 y 2020. Sin embargo, el Gobierno advierte de que «los mayores daños se han producido en el paseo de Matalascañas, colindante con el dominio público estatal, pero de titularidad municipal», por lo que «los daños provocados por las borrascas en infraestructuras públicas y privadas deberán ser atendidos por sus titulares».

En este marco, la planificación de un plan integral exige «plena cooperación multinivel» y reconoce la «compleja dinámica» del litoral onubense, con «transportes de sedimentos superiores a 300.000 metros cúbicos/año en la costa oriental y 200.000 en la occidental, carreras de marea de cuatro metros y exposición a temporales del sur y sudoeste». Además, la implementación requiere «plazos extensos, condicionados por la necesidad de estudios técnicos rigurosos, la tramitación de evaluaciones de impacto ambiental completas y los procesos de participación pública obligatorios».