La Junta cifra en más de 2.000 euros el coste de descifrar las cajas negras de los trenes de Adamuz

La Junta de Andalucía ha resuelto aprobar por un total de 1.980 euros más IVA el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza Judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, que lleva la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado mes de enero, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.

Según se recoge en la resolución de la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, se trata de un software cuya licencia de instalación y uso es propietaria de la empresa Hasler Rail, de manera que la «pericia solo puede realizarse por esta».

El escrito detalla que «el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes».

En este sentido, desde el Gobierno autonómico andaluz se ha solicitado presupuesto a la empresa Hasler Rail, que lo ha emitido de forma detallada por un importe de 1.980 euros, IVA excluido.

Por otra parte, la letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del pasado 22 de mayo, por el que se proponen medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.

Asimismo, ha acordado enviar a la pieza separada el oficio del pasado 21 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, adjuntando oficio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) informando sobre la contratación de los laboratorios para la práctica de los análisis metalúrgicos, para que la jueza acuerde lo procedente.