PP y Vox provocan el enfado de la izquierda con la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas andaluza

El PP y Vox han registrado en el Parlamento una proposición de ley de reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía para eliminar el requisito que garantiza representación a todos los grupos parlamentarios, a excepción del grupo mixto. La iniciativa ha hecho hiperventilar a la izquierda, sobre todo a Adelante, que sería el damnificado por el cambio legislativo y ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional.

Los socios del Gobierno andaluz quieren que la elección de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas responda a criterios de proporcionalidad parlamentaria y cualificación profesional para que el organismo fiscalizador, actualmente presidido por Alejandro Cardenete, exconsejero de Educación del Gobierno de Juanma Moreno, funcione «con total independencia, objetividad y agilidad», y evitar que las reglas de representación política puedan bloquear la renovación de sus miembros.

La proposición de ley, presentada en el Registro del Parlamento el pasado viernes, 16 de octubre, plantea únicamente suprimir el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24 de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Es el párrafo que establece que «todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del grupo mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta».

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero –a propuesta de un nuevo grupo parlamentario– «no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios».

He ahí el quid de la cuestión. Con arreglo a este criterio, el PP estaría obligado a ceder uno de sus consejeros a Adelante y perdería la mayoría absoluta que suma con Vox en la Cámara de Cuentas, al contrario de lo que sucede en el Parlamento, donde los partidos del Gobierno andaluz gozan de la mayoría más amplia de su historia (68 diputados entre ambos). La representatividad en una y otra institución no sería la misma.

Al respecto, en la exposición de motivos de la proposición de ley, ambos grupos argumentan que «al anteponer el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados, a la voluntad del resto de la cámara legislativa, se está primando la opinión que puedan tener unos pocos diputados respecto de la cualificación profesional de los candidatos propuestos frente a la opinión de una mayoría muy amplia del Parlamento».

Por otro lado, el PP y Vox consideran que «la exigencia de que cada grupo parlamentario, con excepción del mixto, tenga derecho a que resulte elegido consejero al menos uno de los que haya propuesto, sitúa a la Cámara de Cuentas de Andalucía como una 'rara avis' en el panorama comparado».

Asimismo, la exigencia de que cada grupo tenga al menos un miembro «puede llegar a bloquear la necesaria renovación de los miembros del órgano, pese a la existencia incluso de un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes, impidiendo así el correcto control de los fondos públicos; por no mencionar su imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios, siendo siete el número de consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía».

La reforma mantiene la exigencia de que los siete consejeros sean designados por el Parlamento andaluz mediante votación y por una mayoría de tres quintas partes de sus miembros; los mandatos de seis años –lo que equivale a una legislatura y media– y el sistema de renovación por turnos de tres y cuatro consejeros. El cambio afecta solo a la garantía de representación de los grupos, sin eliminar el requisito de una mayoría parlamentaria cualificada.

La proposición de ley se tramita por la vía de urgencia. «Es preciso hacerlo con celeridad, dado que cuatro de sus siete consejeros finalizan su mandato de seis años a comienzos de 2027, para evitar, como ha ocurrido ya en el pasado, que pudieran permanecer en funciones indefinidamente, por no lograr las propuestas resultantes de tal exigencia el número de votos suficientes para salir adelante, restando tiempo de mandato a los llamados a relevarlos, y restando legitimidad a la actuación de quienes permanecen en el cargo tras la finalización de su mandato», según el PP y Vox.

Reacciones

La reacción más contundente ha llegado por parte de Adelante Andalucía, que podría obtener por primera vez representación en la Cámara de Cuentas tras lograr grupo parlamentario propio con ocho diputados en las elecciones autonómicas de mayo. Su portavoz, José Ignacio García, ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional si prospera la reforma. «El PP y Vox pretenden cambiar la ley de manera expresa para quitarnos el derecho de estar en la Cámara; controlarla a su antojo para que nadie pueda decir ni pío», ha denunciado.

Desde el PSOE también han anunciado su disposición a recurrir a los tribunales si la reforma sigue adelante. Además, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ha cuestionado el cese del consejero Antonio López por una «incompatibilidad sobrevenida» en relación con su labor de asesoría a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, y ha advertido de «una posible prevaricación». La intervención de López se produjo en el marco de la causa judicial en la que Gómez está imputada.

En Por Andalucía tampoco descartan emprender acciones judiciales contra la reforma. Su portavoz y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha acusado al PP y Vox de impulsar un «proceso deconstituyente del Estatuto de Autonomía de Andalucía por la vía de los hechos y del desarrollo normativo».

El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha criticado este miércoles el «oportunismo» de los partidos de la oposición y ha defendido que la composición de los órganos institucionales debe guardar relación con los resultados electorales. «A usted eso, por oportunismo, le puede venir muy bien, pero eso de democracia tiene cero, porque los ciudadanos hace cuatro meses han decidido quién gobierna Andalucía y a quién le corresponde proponer en todos los órganos la mayoría de gobierno», ha afirmado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Paula Badanelli, ha defendido que la modificación pretende agilizar la Administración y facilitar la elección de perfiles independientes. «Es muy complicado también que las cosas puedan funcionar según los resultados de las elecciones. Ahora mismo hay cinco partidos, pero el día que haya siete va a haber un consejero de cada partido. Yo creo que eso es ingobernable y desde luego va en contra de la eficiencia», ha subrayado.

La polémica está servida, más aún teniendo en cuenta que el PP y Vox, socios en el Gobierno andaluz, cuenta con mayoría de sobra para sacar adelante la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, que data de marzo 1988 y que hasta ahora no había generado mayores controversias.