La juez de Adamuz rechaza escuchar a la experta que denunció cambios en informes técnicos por sus superiores

La jueza que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero, ha rechazado por ahora que declare como testigo Isabel López López, la investigadora adscrita a la antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que denunció hace algunas semanas que los informes técnicos sobre siniestros ferroviarios se modifican habitualmente cuando llegan a instancias superiores.

En una providencia dictada el pasado 23 de octubre, la magistrada Cristina Pastor, titular del juzgado de Montoro, desestima la petición de la acusación popular ejercida por Vox, que solicitaba la comparecencia de la investigadora para «esclarecer las incongruencias advertidas» en la documentación relativa a las soldaduras de las vías instaladas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en el tramo siniestrado.

La jueza justifica su decisión al señalar que «no ha lugar por ahora a lo solicitado, a la vista de que la documentación obra en las actuaciones». En la misma resolución, la magistrada delimita el objeto de la causa a los «presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes y daños y no un presunto delito de falsedad documental», por lo que no amplía la instrucción judicial a este último supuesto.

Pastor también distingue la investigación judicial de los análisis técnicos que realiza la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT). Según recoge la resolución, estos estudios constituyen «una investigación técnica independiente a la instrucción judicial, ello sin perjuicio de su valoración con todas las garantías una vez avance la instrucción».

La decisión llega en medio de las discrepancias entre las acusaciones populares personadas en el procedimiento. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) y la Asociación Víctimas de los Políticos se opusieron a la testifical solicitada por Vox. Ambas entidades alegaron que no habían sido consultadas ni habían dado su conformidad para que la investigadora compareciera ante la jueza.

Las declaraciones públicas de López se produjeron el pasado 8 de octubre, durante un encuentro en el Congreso de los Diputados con afectados por las catástrofes de Adamuz, Angrois, el Yak-42 y Spanair. Allí denunció la falta de transparencia en la investigación de accidentes y afirmó que los técnicos conocen las deficiencias de actuaciones anteriores. «El pasado estuvo marcado por opacidad, falta de transparencia y falta de independencia. Y nosotros también somos perjudicados por esa opacidad. En muchas ocasiones, los informes que elaboramos los técnicos llegan a instancias superiores y se modifican», afirmó.

La experta matizó que no atribuía esa práctica a un accidente concreto y reclamó garantías para la independencia profesional: «Por eso desde aquí yo quiero hacer una petición para que se respete completamente el criterio técnico de los investigadores. Es la única garantía de que nuestro trabajo no esté al servicio de nadie, al servicio de ninguna entidad».

Mientras tanto, la instrucción continúa con diligencias dirigidas a esclarecer las causas del descarrilamiento. La jueza ha ordenado recabar «en el plazo más breve posible» las grabaciones de las rodaduras de los trenes que circularon por el mismo tramo durante las horas previas al siniestro. Además, ha requerido a Adif que identifique a los peritos que aportará al proceso penal, tras detectar discrepancias sustanciales entre los listados de expertos facilitados inicialmente por la empresa pública.