La jueza de Cádiz admite al PSOE andaluz como acusación popular en la causa de los contratos troceados del SAS

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, ha aceptado la personación del PSOE andaluz como acusación popular en la causa abierta tras una denuncia de Podemos por un presunto delito de malversación en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros.

La providencia, con fecha del pasado 14 de mayo, da cuenta de que «se tienen por personados» un procurador y un letrado «en nombre y representación del Partido Socialista Obrero Español en calidad de acción popular». Contra esta resolución cabe recurso de reforma que habría que presentar por escrito en dicho juzgado «en el plazo de tres días contados» desde su notificación.

La misma jueza firmó otro auto este pasado miércoles por el cual la Junta de Andalucía se mantiene como responsable civil subsidiaria en la causa, después de haber modificado su solicitud inicial de ser considerada perjudicada. Argumenta el «carácter embrionario de la investigación» para aceptar este cambio y confirma que Podemos también figura como acusación popular tras presentar la querella.

En este auto, la magistrada respondía a un escrito de reforma de Podemos Andalucía donde se aludía a la reciente comparecencia judicial del director de la Central de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González, de quien se dice que «se negó a declarar», así como que «no justificó porque se procedió a la prórroga de los contratos o a la realización de contratos menores».

Entre este caso en Cádiz y otro en Sevilla, hay cuatro altos cargos del SAS imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios entre 2021 y 2024 mediante la modalidad de emergencia, cuando la normativa que amparaba este procedimiento –que permitía realizar adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia competitiva– ya había decaído.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla mantiene abierta otra investigación a raíz de una denuncia presentada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. En esta segunda causa figuran como investigados la actual directora gerente del SAS, Valle García, y sus inmediatos antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.