Picardo presume de rellenos y reta a España a un arbitraje internacional sobre las aguas de Gibraltar

La denuncia de la Fiscalía del Área de Algeciras contra los rellenos vertidos en aguas españolas para levantar el proyecto Eastside, una urbanización de lujo prevista en la costa oriental de Gibraltar, podría desencadenar en un litigio sin precedentes. El Gobierno colonial no solo defiende su política expansionista, sino que redobla la tensión al plantear un posible arbitraje internacional sobre la soberanía de dichas aguas.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, no ha ocultado su entusiasmo ante una posible «disputa de jurisdicciones» con España. Durante una reciente comparecencia ante el Parlamento local utilizó la palabra relish, que en español significa 'saborear', para describir la actitud de su Gobierno frente a la denuncia de la Fiscalía de Algeciras, que abrió una investigación sobre los rellenos a instancias de la asociación Verdemar-Ecologistas en Acción.

El Gobierno colonial, según manifestó Picardo, está analizando todas las implicaciones legales de la querella no solo en el marco del Derecho español, sino también el ámbito del derecho internacional público, «que es lo que realmente importa aquí».

La denuncia, respaldada por informes del Seprona y del Ministerio para la Transición Ecológica, acusa a Gibraltar de realizar vertidos sin autorización en una franja marina incluida en la Red Natura 2000 por su alto valor ecológico. La zona afectada forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, un espacio protegido cuya alteración pone en riesgo especies vulnerables y actividades como la pesca y el turismo.

El proyecto Eastside, adjudicado al consorcio vietnamita TNG Global Foundation, incluye la construcción de 1.300 viviendas de lujo y otras 100 asequibles; 500 plazas de aparcamiento subterráneo, destinadas tanto a residentes como a visitantes; un hotel de seis plantas con 200 habitaciones; un puerto deportivo con capacidad para superyates; una zona comercial e incluso un jardín botánico.

Según el Gobierno de España, las actuaciones realizadas para levantar esta urbanización de lujo en la costa oriental del Peñón, sobre aguas españolas, no están siendo oficialmente notificadas por las autoridades llanitas ni mucho menos tienen autorización ambiental, lo que constituye una violación tanto de la legislación española como de las normas europeas e internacionales.

Sin embargo, lejos de aceptar responsabilidad alguna, Picardo ha defendido que su Gobierno está actuando dentro de la legalidad. En su comparecencia parlamentaria, además, acusó a España de haber rechazado en su día la propuesta del Reino Unido de acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. «España ha huido de una resolución independiente sobre la jurisdicción de estas aguas», afirmaba.

En palabras del propio Picardo, «si España persiste en sus actuaciones ante sus tribunales nacionales, podrían estar haciendo el caso justiciable ante foros internacionales, ya sea a través de una demanda de un particular –por ejemplo, un promotor que vea lesionados sus derechos– o de un Estado que busque una opinión consultiva sin necesidad del consentimiento de la otra parte».

La Junta de Andalucía, por su parte, ha pedido a la Unión Europea que actúe para frenar los vertidos. No obstante, el ministro principal de Gibraltar ha rechazado de plano que un «tribunal extranjero» intervenga en la cuestión. Todo esto se produce mientras la Unión Europea y el Reino Unido buscan cerrar el tratado que está llamado a sacar al Peñón del limbo jurídico en que se encuentra a causa del Brexit.