Un okupa enfrentándose a la Policía en Barcelona

Los okupas se ven respaldados por una legislación que los protege frente a los legítimos dueños de las viviendasEFE

Málaga

Vox presentará una moción en el Ayuntamiento de Málaga para endurecer la normativa contra la okupación

El grupo municipal asegura que seguirán «defendiendo a los ciudadanos honrados y el derecho a la propiedad privada frente a los abusos de una legislación que ampara a los okupas y abandona a los propietarios»

El grave aumento de los casos de okupación en la ciudad de Málaga, cuyas cifras se han triplicado desde la aprobación de la Ley Antidesahucios del gobierno socialista, ha puesto en pie de guerra a Vox, que ha denunciado la impunidad de esta actividad delictiva y exigido medidas contundentes para proteger la propiedad privada.

El grupo municipal en la capital malagueña ha acusado al Partido Popular de «plegarse a las políticas de la izquierda» a través del ‘decreto ómnibus’, con el que han votado «a favor de la suspensión de los desahucios y promoviendo en su plan de vivienda que sean los ciudadanos, con sus impuestos, quienes financien el alquiler de los okupas».

Yolanda Gómez, portavoz adjunta de Vox Málaga, ha señalado que las cifras publicadas por el Gobierno, que apuntan a que en 2024 se registraron 16.426 okupaciones, «no reflejan la magnitud real del problema, ya que no se contabilizan las ‘inquiokupaciones’ ni los casos resueltos extrajudicialmente», puesto que se estima que «sumando ambas modalidades, la cifra podría superar ampliamente los 100.000 casos en toda España».

Al hecho de la privación de la vivienda se suma «que los okupas pueden empadronarse en la vivienda que han usurpado, accediendo así a derechos y beneficios sociales sin que los ayuntamientos establezcan mecanismos de control efectivo» de estas prácticas, provocando así que los poderes públicos las hayan «legitimado mediante normativas que amparan la okupación y dificultan la recuperación de los inmuebles por parte de sus legítimos propietarios».

El imparable incremento de los episodios de okupación en Málaga «ha incentivado la ‘inquiokupación’ y reducido la oferta de alquiler disponible en el mercado», lo que ha provocado, según Gómez, que «muchos propietarios han retirado sus viviendas del alquiler tradicional, apostando por modalidades de temporada o turísticas, agravando aún más la crisis habitacional».

Para tratar de conocer de primera mano estos casos, Vox se reunió hace unos días con la Plataforma de Afectados por la Okupación, de la que recibieron «testimonios escalofriantes: propietarios que han sido despojados de su vivienda y que, mientras los okupas disfrutan de su propiedad, se ven obligados a dormir en trasteros o alquilar otras viviendas, incluso casos de narco-okupación para cultivar marihuana. Además, muchos no pueden ni acceder a la indemnización prevista en el Real Decreto Ley antidesahucios, ya que las compensaciones llegan con años de retraso o ni siquiera se conceden», sostienen.

Por ello, desde el grupo municipal exigen «medidas firmes para garantizar el derecho a la propiedad privada y la seguridad de los ciudadanos» para evitar que la okupación siga creciendo amparada por la legislación. «Es necesario endurecer la normativa, impedir el empadronamiento de okupas, reforzar la seguridad jurídica y garantizar que los propietarios puedan recuperar sus viviendas en un plazo razonable», ha señalado la portavoz.

Será en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Málaga cuando Vox presente una moción instando al Consistorio encabezado por Francisco de la Torre a adoptar una serie de medidas urgentes contra la okupación, como «endurecer la normativa, impedir el empadronamiento de okupas, crear una unidad específica de Policía de Barrio para combatir la okupación ilegal, exigir al Gobierno de España la derogación de la Ley de Vivienda y la revocación de la prórroga del ‘decreto antidesahucios’, y a establecer mecanismos de control efectivo sobre los informes de vulnerabilidad emitidos por los Servicios Sociales municipales».

«No podemos seguir permitiendo que la incompetencia de los gobiernos convierta a los propietarios en las víctimas de unas políticas de vivienda fracasadas», ha concluido Yolanda Gómez. Desde su grupo mantienen que seguirán «defendiendo a los ciudadanos honrados y el derecho a la propiedad privada frente a los abusos de una legislación que ampara a los okupas y abandona a los propietario».

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