140 familias de Málaga que viven en autocaravanas, obligados a desalojar un asentamiento en menos de 24 horas

En pocos lugares de la capital de la Costa del Sol se percibe con tanta crudeza la fractura social. Una calle separa el asentamiento de autocaravanas de Sacaba Beach de los áticos que se venden por encima de los dos millones de euros en la autodenominada «milla de oro» de Málaga. Desde esas terrazas con vistas al mar se divisan las caravanas de quienes no pueden permitirse un piso.

El Ayuntamiento ha dado un ultimátum: antes del martes 7 de julio, a primera hora, todos los vehículos deben abandonar la parcela. La Policía Local ya ha colocado vallas y carteles que advierten de que, si no se retiran, serán retirados por la grúa. La medida responde a problemas de salubridad, vertidos y quejas vecinales, según el Consistorio.

Pero para las cerca de 140 familias que aún permanecen en el enclave, esta orden no es un simple problema de convivencia. Es la pérdida de su única vivienda. Llegaron a ser más de 500 personas, pero muchas ya han emigrado a Guadalmar o al Peñón del Cuervo. Los que se quedan prometen resistir.

«No puedo pagar 1.200 euros»

Francisco, de 52 años, trabaja en el aeropuerto. Lleva cinco años instalado en su autocaravana. «No tengo alternativa alguna, aquí casi todos trabajamos pero no da para pagar ni siquiera una habitación. No tenemos dónde ir», asegura a El Debate. Mientras se mesa la perilla, relata que «Málaga ya no es para los malagueños» y que no les queda alternativa que «resistir hasta el final».

Juan Francisco tiene 35 años, es del barrio de Huelin. Vive con su pareja en otra autocaravana y asegura que Sacaba es para ellos «el último lugar libre que queda en Málaga». Él, aún joven, refleja el deseo y la fortaleza de permanecer en el asentamiento hasta el último segundo. «Hasta que me echen», sentencia.

El alcalde, Francisco de la Torre, asegura que el desalojo se abordará «con la máxima delicadeza». Reconoce que Málaga tiene pendiente desde hace tiempo la creación de un camping municipal para estas caravanas. Pero admite que no hay suelo público disponible para ello. «La playa es un espacio público, que debe ser libre y compartido», defiende.

Mientras, los afectados se sienten atrapados entre dos fuegos. Primero, la expulsión del mercado habitacional por los precios desorbitados. Segundo, el desalojo administrativo. «Somos personas que trabajamos, somos ciudadanos, pero no me da para vivir en una vivienda normal», lamenta Rafael Sanchís en declaraciones a Canal Sur.

«No queremos ser parte del problema, queremos ser solución», insiste. Aunque reconoce que hay residentes que no cuidan el entorno, asegura que la mayoría se preocupa por mantenerlo limpio. «Nos encantaría que el Ayuntamiento nos dé un plazo más» para encontrar un lugar donde «vivir con dignidad».

Críticas de la oposición

El PSOE se ha sumado a las críticas y considera que el desalojo debe ir acompañado de un plan de realojo. Desde Con Málaga, su viceportavoz, Toni Morillas, denuncia que «no puede ser que el Ayuntamiento se dedique a criminalizarlos y a desalojarlos cuando su situación es el resultado de una política municipal».

Una vez desalojada la parcela, el Ayuntamiento instalará elementos físicos para impedir el acceso rodado. La medida se adopta a petición de las asociaciones vecinales de Sacaba y Parque Litoral, preocupadas por el estado del enclave. Los residentes, mientras tanto, hacen cuentas y no encuentran un destino.

«El problema es a dónde vamos, dónde nos reubicamos», se pregunta Rafael. Él y el resto de familias saben que el martes amanecerá con las vallas y la grúa. Pero también saben que, detrás de cada caravana, hay una historia de esfuerzo y de resistencia en una ciudad que se ha vuelto demasiado cara para quienes la habitan.