La calle donde residía la mujer asesinada por su expareja
Su caso fue tratado como «bajo riesgo»
La orden de protección sobre la mujer asesinada en Antequera caducó días antes del crimen
El juzgado retiró las medidas contra el presunto agresor por mutuo acuerdo, pese a que constaba en VioGén desde 2023
El asesinato de María en Antequera ha dejado una pregunta inquietante en el aire. ¿Cómo pudo ocurrir si el presunto agresor estaba en el Sistema VioGén? La respuesta es contundente: la orden de protección que pesaba sobre él caducó hace apenas unos días, según ha avanzado Diario Sur. Y lo hizo por mutuo acuerdo entre la víctima y su exmarido.
La mujer de 30 años, madre de dos hijos, había denunciado malos tratos en 2023, lo que activó el protocolo VioGén. Sin embargo, su caso fue catalogado de «riesgo bajo», el nivel menos restrictivo dentro del sistema, que contempla contactos telefónicos periódicos pero no vigilancia intensiva. Esa clasificación, unida al aparente entendimiento entre las partes, propició el levantamiento de las medidas.
El Sistema VioGén, creado en 2007, valora el riesgo mediante un algoritmo que analiza múltiples factores. Pero esta herramienta no es infalible. Varias comunidades autónomas han denunciado fallos en la comunicación de datos y en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Además, la valoración del riesgo permanece inalterada en el 95 % de los casos, según un estudio citado por Vozpópuli.
El riesgo bajo no es seguro
El caso de Antequera evidencia una de las paradojas más dolorosas del sistema. Que un agresor sea clasificado como de «riesgo bajo» no significa que no pueda llegar a matar. Lo demuestran otros crímenes recientes, como el de una mujer británica asesinada en Alhaurín el Grande en enero de 2026, cuyo agresor también constaba en VioGén con ese mismo nivel de riesgo.
Los expertos señalan que el sistema debe ir más allá del algoritmo y reforzar el apoyo psicológico y el seguimiento humano. «La valoración policial del riesgo no puede descansar únicamente en el resultado automático que proporciona el algoritmo», denuncia la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. La retirada de una orden de protección por mutuo acuerdo no debería ser, según estos análisis, un trámite administrativo sin un acompañamiento exhaustivo.
